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5 claves de esta semana en la Convención Constitucional

Ya hay nueva Mesa Directiva, y está conformada por dos constituyentes jóvenes, independientes y ambos egresados de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. También, se eligieron a 5 vicepresidentes adjuntos. En tanto, las comisiones temáticas ya están empezando a debatir sobre normas constitucionales en una primera etapa que contempla deliberaciones, y votaciones en general. En febrero, se revisará cada norma en particular para que estas comiencen a ser votadas en el Pleno, mientras que esta semana habrá una nueva jornada territorial.

1- Manos a la obra

María Elisa Quinteros (40) y Gaspar Domínguez (32) se convirtieron en presidenta y vicepresidente, respectivamente, de la Convención Constitucional. Ambos son egresados de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Quinteros con el grado de Magíster y Doctora en Salud Pública, mientras que Domínguez como médico cirujano. Esta joven pareja comienza a consolidar la irrupción de nuevos actores, jóvenes, profesionales e independientes en altos cargos públicos. Nuevas señales y nuevas prácticas políticas que se están dando en el desarrollo del trabajo de las y los constituyentes. Ahora, en lo práctico, no hay tiempo que perder, y tras haber asumido el miércoles, el jueves ya comenzaron de inmediato sus labores. Primero, en la elección de las vicepresidencias adjuntas. Hasta el cierre de esta nota, 5 vicepresidentes ya estaban confirmados: Tomás Laibé (Colectivo Socialista), Amaya Alves (Frente Amplio) y Barbara Sepúlveda (PC), más Natividad Llanquileo (mapuche) y Lidia González (Yagan), faltando aun los representes de los pueblos constituyentes y Chile Unido.

Tal como lo mencionó Quinteros en sus primeas declaraciones, son varios los desafíos que se vienen por delante. El más inmediato apunta a destrabar el proceso de consulta indígena, que debió comenzar el 6 de diciembre, por lo que ya tiene un mes de retraso. Segundo, la nueva Mesa se trazó la misión de comunicar más y mejor los avances del proceso, sobre todo ahora que viene el momento de las normas constitucionales. Por ahora, esas dos tareas asoman como prioritarias para el trabajo de las próximas semanas.

2- Derecho a la Alimentación

El derecho a la alimentación, bajo los conceptos de seguridad y soberanía alimentaria, es un contenido constitucional presente en el listado de catálogos de normas que ya se están abordando en las distintas comisiones, tanto en Medio Ambiente como también en Derechos Fundamentales. En ese contexto, la Universidad de Chile se ha hecho presente mediante la presentación de una iniciativa popular de norma denominada “Sin derecho a la alimentación no hay derecho a la salud ni desarrollo saludable”. La propuesta fue ingresada por el Grupo Transdisciplinario para la Obesidad de Poblaciones (GTOP), con la representación de las académicas de la Casa de Bello Cecilia Baginsky, de la Facultad de Ciencias Agronómicas, y de Lorena Rodríguez, de la Escuela de Salud Pública. La propuesta fue respaldada, además, por un grupo de convencionales liderados por Elsa Labraña.

La iniciativa apunta a generar condiciones para un Estado que avance progresivamente en garantizar el derecho a la alimentación, de todos los pueblos, estableciendo las condiciones apropiadas para la producción, aprovisionamiento, distribución y acceso a alimentos suficientes y de calidad, de manera de asegurar un alto estándar de alimentación. Esta propuesta apunta a proteger a toda la población y a los actores más vulnerables del sistema alimentario (feriantes, pescadores, recolectores, pueblos originarios y pequeños agricultores), contribuyendo con esto a hacer justicia social, a la equidad, a la erradicación de la pobreza, y a la instalación de entornos alimentarios saludables.

3- Derecho a la alfabetización digital

En la Comisión de Conocimientos se comenzó a revisar un nuevo derecho que emerge con fuerza para ser garantizado en la nueva Constitución, y que se transformaría en una norma completamente nueva y pionera: los derechos digitales. La pandemia reveló una importante brecha digital en Chile, producto de las clases online que debieron llevarse a cabo por la crisis sanitaria. Ante ello, la posibilidad de que el Estado se haga cargo del tema fue una petición recurrente, lo que ahora se podría traspasar a la Constitución. En ese sentido, el convencional Francisco Caamaño lideró una propuesta de norma al respecto: Derecho a la alfabetización digital, es el encabezado.

¿Qué se propone? Que toda persona tiene el derecho a la alfabetización digital, al desarrollo del conocimiento, pensamiento y lenguaje tecnológico computacional, así como a gozar de sus beneficios; que el Estado asegurare la alfabetización digital universal, el desarrollo del conocimiento, pensamiento y lenguaje tecnológico computacional para que todas las personas tengan la posibilidad de ejercer sus derechos en los espacios digitales. En esta línea, plantea crear políticas públicas y financiar planes y programas gratuitos con tal objeto; que toda persona, sin discriminación alguna, tiene derecho al acceso a la infraestructura de conectividad, a los dispositivos tecnológicos y a la conectividad digital; que el Estado deberá garantizar el acceso y la conectividad digital, a Internet y a las tecnologías digitales asociadas de forma equitativa, asequible, de calidad y velocidad adecuada, implementando las medidas, los servicios o las políticas públicas que fuesen necesarias para universalizar, en todo el territorio del país, el acceso a las tecnologías de la información y comunicación.

4- Principios Constitucionales

La Comisión de Principios Constitucionales es la encargada de redactar los temas que hoy están en el capítulo II, y que se refieren a las bases de la nacionalidad y la condición de ciudadanos. Además, redactará normas sobre otros principios constitucionales generales como las bases de participación ciudadana e indígena, comportamiento de los funcionaros públicos, entre otros. Dentro del temario de contenidos, ya se comenzaron a revisar algunas normas como los emblemas nacionales, la soberanía y los deberes del Estado, solo por mencionar algunos. Sobre este último punto se comenzó a revisar una norma propuesta por los convencionales Bernardo de la Maza y Agustín Squella, y que se refiere al comportamiento y transparencia en la función pública. La iniciativa busca que los funcionarios públicos deban cumplir con principios de probidad, transparencia y rendición de cuentas en todas sus actuaciones, y que es deber del Estado promover la integridad de la función pública y erradicar la corrupción, entre otros aspectos.

También se comenzó a revisar otra norma referente al rol de la familia en la nueva Constitución presentada por los convencionales Carol Bown, Raúl Celis, Ruth Hurtado, Luciano Silva, Roberto Vega, Martín Arrau, Paulina Veloso y Bernardo de la Maza. La iniciativa busca establecer que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y que los padres de un niño tienen el derecho preferente y deber de criar a sus hijos y de formarlos según sus creencias y valores.

5- Enero, mes de las deliberaciones

Según el cronograma ajustado, durante el mes de enero las y los convencionales se dedicarán, casi en exclusividad, a debatir las normas ingresadas tanto por ellos como las iniciativas populares de norma. Sobre estas últimas, ya hay 6 normas que superaron las 15 mil firmas. Estas son: Con mi plata no, sobre ahorros previsionales; Será Ley, sobre la despenalización del aborto; Confesiones religiosas, que busca consagrar la libertad de culto y conciencia; Sobre el Derecho a la vida, que pretende que exista un respeto irrestricto al derecho a la vida desde el momento de la concepción; sobre el Derecho a la educación, derecho y deber preferente de los padres, y libertad de enseñanza, que tiene como objetivo asegurar el derecho humano a la educación, la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres de elegir la educación para sus hijos; y la Iniciativa popular por una educación libre y diversa, que busca consagrar dentro de los derechos fundamentales la Libertad de Enseñanza y el Derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos. Estas normas ya pueden comenzar a ser deliberadas, pues están ingresadas formalmente a sus respectivas comisiones.

Así, durante enero se revisarán las normas que están llegando, pero solo de forma general, a la espera de que venza el plazo de presentación de normas que es el 1 de febrero. Después de eso, se abrirá la etapa de las votaciones en particular, la presentación de indicaciones y las deliberaciones en el Pleno.

Por Víctor Hugo Moreno

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