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“Este es el momento de avanzar en una institucionalidad en derechos humanos a la altura de lo que demanda el país”

Claudio Nash, coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos U. de Chile

El académico y especialista en temas de Derechos Humanos aborda cómo debiese quedar expresado el concepto de Derechos Humanos en la nueva Constitución. En esta entrevista con UChile Constituyente, afirma que es importante mirar la experiencia comparada para analizar la mejor forma de consolidar una institucionalidad en esta materia que, más allá del catálogo de derechos, ilumine todos los grandes temas que tendrá que resolver la futura Carta Magna.

Respecto a la incorporación de los derechos humanos en la nueva Constitución, Claudio Nash sostiene que “junto con un catálogo de derechos debemos pensar cómo incluir límites al poder”.

El académico afirma que el INDH ahora es insuficiente como sistema de protección de los derechos humanos e invita a tomar la referencia de defensorías del pueblo de otros países, como Perú o Colombia.

“La Constitución no tiene que regular el uso de protocolos de la fuerza, pero sí tiene que entregar mensajes de cómo debe ser esa actuación”, comenta el coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos.

Los derechos humanos pueden ser un tema transversal, que bordea una gran cantidad de derechos constitucionales: la libre expresión, la igualdad ante la ley, la protección de la vida, entre muchos otros. Sin embargo, establecer dicho concepto como algo consagrado —en específico— en la futura Constitución será el desafío que tendrán los redactores del nuevo texto. Instaurar una institucionalidad con rango constitucional, y establecer directrices más concretas y claras en torno a la defensa de los derechos humanos, serán los puntos centrales de este proceso, según plantea el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, doctor en Derecho y coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de nuestro plantel, Claudio Nash.

Es una tarea pendiente desde el retorno a la democracia, pero una gran oportunidad histórica de avanzar hacia la concreción de un marco acorde a los nuevos tiempos en materia de derechos humanos. Esta es una de las tesis centrales que comparte el académico en esta entrevista con UChile Constituyente.

– ¿Qué debiese quedar instaurado en materia de derechos humanos en la Constitución y cuáles son las deudas y las oportunidades que se abren?

La Constitución que empieza a discutirse ahora tiene un desafío y una oportunidad en materia de derechos humanos. Partamos por la oportunidad que es tener una Constitución basada, efectivamente, en derechos humanos. La experiencia de la dictadura, la experiencia de la post dictadura o transición a la democracia y —particularmente— los hechos más recientes después del 18 de octubre han tenido, dentro de la tragedia, la virtud de poner en el debate constituyente una lógica de derechos humanos. Eso es una oportunidad. Ahora el desafío: plantear el debate de derechos humanos en la Constitución, más allá del catálogo de derechos. Si nos limitamos en la discusión de derechos humanos en torno a cuáles son los derechos que van a estar consagrados en la Constitución, que es un debate muy importante, los derechos tradicionales como la libertades personales, de reunión, de expresión, la igualdad ante la Ley, la prohibición de torturas y otros deben ser parte de la discusión, junto con lo que ha estado en el debate público los últimos años, como derechos económicos, sociales, culturales o medio ambientales. Pero me parece que una Constitución basada en derechos humanos es más que ese catálogo. Ahí está el enorme desafío que tendrá la constituyente: cómo toma el tema de derechos humanos —y desde esa perspectiva—ilumina todas los grandes temas que tiene que resolver una Constitución.

– Siguiendo esa línea, ¿cómo, de manera particular, debiese aparecer el concepto de derechos humanos en la Constitución?

Creo que el debate debe guiarse en torno a cuatro ejes. Uno es el catálogo —es el obvio, es el importante—, pero no basta, porque junto con un catálogo de derechos debemos pensar cómo incluir límites al poder, aquello que las futuras autoridades no puedan hacer. Por ejemplo, privar a las personas arbitrariamente de la libertad, torturar, pero también qué queremos que hagan esas autoridades. Es decir, a las prestaciones clásicas en vivienda, salud, educación, trabajo, tienen que ir asociados mecanismos para proteger esos derechos y garantizarlos adecuadamente, y eso implica establecer acciones constitucionales, lo que hoy conocemos como acción de protección, pero que abarque todos los derechos. Tiene que haber una defensoría de los pueblos que tome la representación de las personas frente al poder cuando este no esté haciendo aquello que la Constitución le indica. Es decir, catálogos y mecanismos de protección, pero además de eso tenemos que preocuparnos en que el tema de derechos humanos esté en los principios que uniforman la Constitución, es decir, cuando uno piensa en una Constitución, piensa en quiénes somos y ahí el debate de pueblos indígenas tiene que mirarse, por ejemplo, desde una perspectiva de derechos humanos: la plurinacionalidad, los territoriales, colectivos, culturales, la forma de autonomía de los pueblos indígenas tiene que verse con una perspectiva de derechos humanos. Además de esos principios constitucionales tienen que haber mandatos muy claros a las autoridades, por ejemplo, cómo vamos a adecuarnos en el derecho internacional de derechos humanos y que sea obligatorio para las autoridades. Y, por último, agregaría un cuarto elemento, que tiene que ver en cómo vamos a relacionar todo lo anterior con las estructuras de poder. Qué estructura del poder garantiza mejor los derechos humanos, qué estructura judicial, legislativa lo hace. Debemos tener una mirada integral de derechos humanos como un eje que permita, desde ahí, construir un acuerdo político para los próximos 50, 60 años en el país. Si logramos parte de eso, vamos a tener, sin lugar a duda, un avance sustantivo respecto de lo que ha sido la historia constitucional en derechos humanos.

– ¿Cómo debiese ser esta institucionalidad para lograr que se concreten estos puntos? Hoy está el INDH, ¿debiese tener un rango constitucional o habría que generar una nueva instancia?

Después del 18 de octubre quedó muy clara la fragilidad de nuestro sistema de protección de derechos humanos. Esto se venía diciendo desde la academia desde hace mucho tiempo, cuando se crea el Instituto de Derechos Humanos hace una década, que fue ciertamente un logro. Desde los 90, se venía pensando en tener una institucionalidad de derechos humanos y solo el 2010 logramos tener algo, pero ese algo es ahora insuficiente. Es un instituto que cumplió un rol importante, a partir de sus informes anuales donde comenzó a trabajar en áreas que no se habían desarrollado con perspectiva de derechos humanos. El punto es que se ha demostrado que esta institucionalidad, en un momento de crisis, no pudo responder adecuadamente, con un diseño que permite capturas políticas, particularmente en el directorio del INDH. Las lecciones de eso es que en la Constitución tenemos que avanzar hacia la consagración de un sistema de protección, donde tiene que haber un órgano independiente y que evitemos, en lo posible, que sea capturado políticamente, que tenga poder real. En eso, la experiencia comparada hay que mirarla, lo que es la defensoría del pueblo en Perú y en Colombia, hay organizaciones interesantes de evaluar y mirar. Este es el momento de avanzar en una institucionalidad en derechos humanos a la altura de lo que demanda el país.

– ¿Debiese existir una mayor protección del ciudadano ante la acción del Estado y cómo debiese cambiar la institucionalidad de Carabineros o las Fuerzas Armadas en su actuar?

Hay dos niveles en esto. El primero dice relación con la protección de los derechos en la Constitución, pero lo que hemos visto en momentos de crisis es que cuando el poder del gobierno está en manos de Carabineros, no hemos tenido lo que uno esperaría que sea propio de un Estado de Derecho, que es la capacidad de establecer límites sobre derechos infranqueables, y que en momentos de crisis nada justifica que usted torture, mutile, ejecute extrajudicialmente. Lo que necesitamos es una institucionalidad capaz de hacer contrapeso sobre ciertas decisiones de organismos del Estado que concentran el monopolio de la fuerza, como son las Policías o las Fuerzas Armadas y el rol de la política en dirigir su actuación. En ese sentido, necesitamos mejor institucionalidad que sea capaz de proteger a las personas, de llevar adelante acciones judiciales, de darle seguimiento a esas acciones judiciales, dar recomendaciones que sean acatadas por las autoridades, es decir, fortalecer la protección de derechos humanos que se ha demostrado que la actual institucionalidad no es capaz de proteger. Pero, por otra parte, está lo segundo, que debe ser un debate constitucional muy en serio sobre los límites al poder. Vamos a tener instituciones donde se le entrega poder —la estructura del Estado implica eso—, pero lo que hay que establecer son límites adecuados a ese poder que entregamos y uno de esos poderes más intensos que se entrega es el uso legítimo de la fuerza, y eso tenemos que regularlo poniendo límites. Lógicamente, la Constitución no tiene que regular el uso de protocolos de la fuerza, pero sí tiene que entregar mensajes de cómo debe ser esa actuación, para tener una policía democrática al servicio de las personas.

– Y en ese plano, ¿qué es lo que puede quedar escrito en la redacción de la Constitución?

A veces perdemos un poco de perspectiva sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer en la Constitución. Vamos a tener un desafío que es construir una Constitución, un acuerdo político que regula el poder en momentos de enorme desconfianza con el poder y la institucionalidad, y se tiende a querer que todo quede en la Constitución, porque es el momento que tenemos. Va a haber una tensión en eso, pero debemos establecer cómo, desde la Constitución, se establecen mandatos muy claros a las futuras autoridades sobre qué puede o no hacer, pero permitiendo luego el juego de la política, que discuta de mejor manera cómo se implementarán las decisiones que se tomen en la Constitución. La Constitución del 80 amarró todo, porque se desconfiaba de la política y dejaron todo amarrado, ahora hay que fijar un marco, pero permitir luego el actuar de la política.

Victor Hugo Moreno Soza
UChile Constituyente

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