5 claves de esta semana en la Convención Constitucional

La mayoría de las comisiones está avanzando en la aprobación de normas en general. Por ejemplo, en Medio Ambiente se votaron normativas sobre modelo económico; en Sistemas Políticos se dieron pasos importantes hacia la consagración de un sistema presidencialista atenuado y unicameral; mientras que en la Comisión de Justicia se votaron normativas que se orientan a establecer una nueva institucionalidad jurídica más amplia, con instancias de participación ciudadana.

1- El Modelo Económico

La Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Comunes y Modelo Económico avanza en la aprobación de normas generales que se orientan a establecer los grandes principios constitucionales que definirán las bases para la consagración de un nuevo modelo de desarrollo. Pese a que aún falta un largo camino de indicaciones (proceso que se abre esta semana) y las votaciones en el Pleno, ya hay una tendencia clara: el modelo de desarrollo económico tendrá un componente medioambiental muy fuerte, expresado en la consagración de diferentes nuevos derechos, como los de la naturaleza. En las distintas deliberaciones que se han dado al interior de la Comisión prima la idea de terminar con el actual modelo neoliberal, representado —entre otras cosas— por el desarrollo de un modelo extractivista de recursos naturales.

Así, se aprobó una norma que busca consagrar el “Deber del Estado respecto a las actividades económicas y empresariales de los particulares”. La iniciativa apunta a terminar con las desigualdades económicas, sociales y políticas provocadas por la instauración del modelo neoliberal en Chile. En esta línea, el nuevo modelo económico buscará hacer prevalecer nuevos principios a los cuales la actividad productiva deberá adecuarse. En su primer articulado, la norma plantea que: “El Estado reconocerá, respetará, protegerá y promoverá la organización económica comunitaria que comprende los sistemas de producción fundados en los principios del buen vivir”.

En línea contraria, se rechazó una norma presentada por convencionales de derecha que buscaba “Consagrar el derecho a la libre iniciativa económica y empresarial, y promover la libre competencia”. La iniciativa proponía un articulado que consagrara, expresamente, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, teniendo como limites, la moral, el orden público, la seguridad nacional, el desarrollo sostenible; y que esta debía ser regulada por ley.

2- Presidente y una sola cámara de Parlamento

Dentro de la Comisión de Sistemas Políticos, la llamada “Sala de Máquinas” de la Convención, se deliberaron y votaron, en general, dos normas orientadas a generar un sistema presidencial atenuado y a la eliminación del Senado, reemplazándolo por una sola Cámara Plurinacional. Sobre la mesa, había distintas propuestas, muchas de ellas apuntaban a mantener un sistema presidencial atenuado, reformado o colaborativo, pero todas confluían hacia esa tendencia, descartándose de plano la posibilidad de generar un sistema parlamentario. Por ello, el acuerdo para la norma incluyó a sectores de derecha y el Partido Comunista.

¿Qué dice la norma? La propuesta de norma (aprobada por 16 votos a favor, 5 en contra 4 abstenciones) propone mantener la figura del Presidente de la República, pero acompañado de una nueva figura electa mediante sufragio universal, la del Vicepresidente: “Las candidaturas a la Presidencia y a la Vicepresidencia constarán en la misma papeleta. La presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente serán elegidos en votación directa y por mayoría absoluta de votos válidos emitidos”, dice.

Mientras que para el tema del Congreso los acuerdos fueron más complejos, pues había muchas propuestas diferentes, entre quienes desean mantener ambas cámaras (Senado, diputados) y quienes no. Finalmente, la opción de eliminar el Senado logró justo los 13 votos necesarios para ser aprobada.

¿Qué dice la norma? Propone que los integrantes del Parlamento serán electos en un sistema mixto con tres componentes: político sustantivo, territorial, y plurinacional. Propone 205 miembros para una sola cámara y una renovación cada 4 años, además de una elección especial para escaños reservados. Con ello, la figura del Senado quedaría sin espacio en la Constitución. Todas estas normas fueron votadas en general, y aún hay espacio para la presentación de indicaciones y alcanzar los acuerdos necesarios que se necesitan para los 2/3 que se requieren en el Pleno para su despacho final.

3- Estado Plurinacional

En varias de las 7 comisiones temáticas se ha cruzado un principio de forma de Estado que toma fuerza: la plurinacionalidad. En ese sentido, en la Comisión de Medio Ambiente se ha planteado como un elemento a considerar dentro del modelo económico; en la Comisión de Principios se ha establecido como un concepto constitucional central; y en la Comisión de Sistema Políticos se aprobó, por una amplia mayoría de 25 votos, la consagración de un Estado Plurinacional.

¿Qué dice la norma? La norma aprobada establece: “El ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos y naciones indígenas, como titulares de derechos colectivos diferenciados que forman parte del Estado Plurinacional, incluye el reconocimiento constitucional, ratificación e implementación de los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos, que hayan sido acordados por los pueblos indígenas con el Estado o sus antecesores jurídicos y el derecho de proponer y negociar otros nuevos”. En la misma dirección, se aprobó otra norma que busca incorporar, para ciertos casos, la consulta indígena en el proceso de formación de una Ley. Con ello, ya se va conformando un escenario de reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas en diversos capítulos de la nueva Constitución.

4- Se da el vamos a la Consulta Indígena

Ya comenzó la primera etapa del proceso de consulta indígena que quedó establecido por reglamento, sistema que recogerá las propuestas de los distintos pueblos originarios para ingresarlas al debate constitucional. La consulta contará con el trabajo de 25 constituyentes, incluidos los 17 representantes de los escaños reservados, y se realizará siguiendo los pactos y tratados internacionales vigentes. Los resultados de este proceso tendrán un carácter vinculante, en el sentido de que cada uno de los contenidos que se extraigan deben ser ingresados oficialmente al proceso para su deliberación y votación.

La primera parte de la consulta constará de una etapa de comunicación y difusión hacia las comunidades, que se llevará a cabo hasta el 14 de febrero. Luego se realizarán distintas jornadas de trabajo territorial para la deliberación y diálogo en las distintas comunidades sobre los contenidos constitucionales que deseen incorporar en el futuro texto, proceso que culminará el 4 de marzo. Tras ello, se abrirá una etapa de sistematización de los resultados, considerando que no son preguntas cerradas, y que será llevado a cabo por la Secretaría de Participación y Consulta Indígena.

5- Cambios al Poder Judicial

La Comisión de Justicia comenzó esta semana la deliberación y votación de normas en general, propuestas que apuntan hacia la concreción de un modelo de justicia basado en nuevos principios con enfoque de género; incorporación de la justicia vecinal, con la creación de juzgados comunitarios; y la generación de una institucionalidad de justicia intercultural.

Estas normas apuntan a la concreción de un sistema judicial que involucre la presencia de más actores, comunitarios, de género, de los pueblos originarios, ampliando así el abanico de lo que hoy se conoce como Poder Judicial. Por ejemplo, la consagración de una Justicia Intercultural busca, según la norma aprobada, “establecer la igual jerarquía entre jurisdicción indígena y la común, para ejercer funciones jurisdiccionales dentro de sus territorios de conformidad al derecho internacional de los derechos humanos».

Otra norma aprobada dice relación con la composición de los máximos tribunales de justicia. En ese sentido, se aprobó por 17 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención la propuesta normativa que busca limitar la duración en el cargo de los ministros de la Corte Suprema a un máximo entre 10 a 15 años, como también la de los jueces de cortes de apelaciones y de primera instancia a ocho años. En la actualidad, el límite de la carrera judicial es el de la jubilación a los 75 años. Dicha norma provocó reparos en el máximo tribunal de justicia, quienes por medio de un comunicado manifestaron su preocupación por cambiar la actual forma de nombramiento de los jueces de la Corte.