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5 claves de la semana constitucional

Esta semana la nueva Constitución podría ver concretada sus primeros artículos aprobados por el Pleno, ello si es que alguna de las 52 normas que se deliberarán y votarán alcanzan el quórum de 2/3, es decir de 103 convencionales a favor. Los temas que se abordarán se refieren al tipo de Estado que se consagrará y hacia el nuevo modelo de sistema de justicia que se pretende instaurar.

  1. La Hora del Pleno

Esta semana se vivirá otro hito dentro del proceso constitucional: el Pleno comenzará a deliberar y votar normas en general y en particular, lo que se traducirá en que para el día viernes es probable que la nueva Constitución cuente con sus primeras normas y artículos redactados. Serán dos las temáticas que se abordarán y que corresponden a 16 artículos relacionados al sistema de justicia y 36 a la forma de Estado.

¿Cómo se desarrollará este proceso? Las normas serán ingresadas al Pleno por dos comisiones (Forma de Estado y Sistema de Justicia) mediante un informe que se votará, primero en general y luego en particular. Cada informe será presentado por un representante de la comisión, para luego dar la palabra a los 154 convencionales que lo deseen, quienes deberán expresar sus argumentos por tres minutos. Cada Pleno debiese durar un máximo de 8 horas.

Este martes será el turno para el informe de la Comisión de Justicia a las 15 horas, y el miércoles para la de Forma de Estado votándose ambos en general; mientras que jueves y viernes se votarán en particular aquellas normas que hayan sido aprobadas en esta primera etapa. Ambas votaciones requieren de un quórum de aprobación de 2/3 según estipula el artículo 94 del reglamento de la Convención, pese al reclamo que existió de un grupo de convencionales (movimientos sociales y pueblo constituyente) que pedían votar por mayoría absoluta las normas en general, y solo dejar los 2/3 para la última etapa en particular. Finalmente, para ambos procesos se necesitará el voto a favor de 103 convencionales.

Esta etapa que se abre esta semana es clave, pues marcará la capacidad de dialogo y acuerdo que se necesita para alcanzar el umbral de 103 convencionales como mínimo para que una norma se convierta, en efecto, en parte de la nueva Constitución. Será el momento para despejar dudas, y ver cuánto pesa cada sector, pero, por, sobre todo, la capacidad para llegar a los grandes acuerdos necesarios para la construcción de un nuevo texto constitucional para Chile

2- Estado Regional

¿Cómo generar un modelo de Estado que permita que las regiones tengan más poder de decisión, para que no todo pase por el poder central? es una de las preguntas centrales que se buscan contestar y resolver a lo largo de este primer paquete de 36 normas aprobadas en la Comisión de Forma de Estado y que esta semana revisará el Pleno. Lo que buscan, la mayoría de los artículos que se presentarán es consagrar una nueva institucionalidad para otorgar de mayor poder y autonomía a las regiones. ¿Cómo?, mediante la instauración de tres instituciones: gobernación regional. Asamblea Legislativa Regional y Consejo de la Sociedad Civil.

En la práctica cada una plantea lo siguiente:

El Gobierno Regional se define como “el órgano en que reside el gobierno y la administración de la región autónoma, y está constituido por la o el gobernador regional y un consejo técnico administrativo, siendo —el Gobierno Regional— el órgano ejecutivo de la Región Autónoma, liderado por un Gobernadora o Gobernador Regional electo por sufragio universal”. Esta figura es, en la práctica, el símil a lo que hoy se conoce como Gobierno Regional, que tuvo su primera elección directa de autoridad el año pasado.

La Asamblea Legislativa Regional se define como “el órgano de representación popular, colegiado, autónomo y paritario, dotado de potestades legislativas, deliberativas y fiscalizadoras en el ámbito de sus competencias, en conformidad a la Constitución y las leyes”. Esta Asamblea vendría a ser lo que algunos convencionales calificaron como los CORES 2.0. Sería un organismo mucho más robusto, con más atribuciones no solo fiscalizadoras, sino también con la misión de generar normativas para cada territorio o región.

Mientras que el Consejo Regional de la Sociedad Civil se define como una instancia de participación que estará integrada por representantes de la sociedad civil y que será coordinada por quien determinen sus miembros por mayoría absoluta. Este Consejo de la Sociedad Civil deberá sesionar, a lo menos, una vez cada dos meses, para asesorar al Gobierno Regional en todas aquellas materias de interés público que permitan promover la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones y fomentar la transparencia en la gestión pública regional.

Así, el tema de la descentralización y cómo se llevará a cabo mediante la creación de una nueva institucionalidad será el debate central de estas normas. Para algunos sectores estas propuestas hablan de la creación de un sistema federal, mientras que los propulsores de estas iniciativas enfatizan que no se pretende instaurar el federalismo, sino la concreción de un sistema mixto que mantenga las bases de un Estado Unitario, como se conoce actualmente, pero con más brazos para las regiones.

3- Nuevo Modelo de Justicia

La Comisión de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos y Reforma Constitucional será la otra instancia que esta semana podría definir algunas de sus normas dentro del texto de la nueva Constitución. En su informe darán cuenta de 16 propuestas normativas que fueron fruto de un amplio proceso de participación ciudadana que contó, entre otras cosas con 127 audiencias públicas, en donde asistieron representantes de órganos e instituciones del Estado, así como representantes de la academia y centros de estudio, de la sociedad civil, ONGs, gremios y la ciudadanía; además de tres visitas y actividades en terreno, para recopilar mayor información y antecedentes sobre las diversas materias.

En este primer bloque temático se presentan artículos relacionados al capítulo Sistemas de Justicia. Dentro de sus líneas generales —en sus 16 artículos— se propone crear un sistema judicial pluralista, con la concreción de dos sistemas: uno nacional y otro indígena, que deben coexistir entre sí. Otro de los artículos se refiere a la inamovilidad del cargo de los jueces y juezas, manteniéndolos inamovibles, hasta alcanzar la duración prevista para el cargo, al alcanzar los 70 años de edad. Se amplia, también, el derecho al acceso a la justicia, estableciendo que la Constitución debe garantizar el pleno acceso a la justicia a todas las personas y colectivos, siendo deber del Estado remover los obstáculos normativos, sociales, culturales y económicos que impidan o limiten la posibilidad de acudir a los órganos jurisdiccionales para la tutela y el ejercicio de sus derechos.

Así también, se considera una función jurisdiccional con paridad y perspectiva de género, y bajo principios de plurinacionalidad e interculturalidad, que deben considerar elementos de integración y procedimientos conforme a los principios de plurinacionalidad, pluralismo jurídico e interculturalidad. Que en lo práctico se refiere a que “los órganos y personas que intervienen en el desarrollo de la jurisdicción deben adoptar una perspectiva intercultural en el tratamiento y resolución de las materias de su competencia, respetando las costumbres, tradiciones, protocolos y el derecho propio de los pueblos indígenas, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos”.

Los nudos que se aprecian dentro del debate corresponden a la idea de generar dos tipos de sistemas de justicia, lo que se define, hasta ahora, de forma muy general. Todo ello, en vías de concretar un modelo que consagre el pluralismo jurídico.

4- La nueva Constitución ambiental  

Luego de extensas jornadas de deliberación y votación, que incluyó un maratónica sesión el sábado 12 de febrero, la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Comunes y Modelo Económico, logró aprobar, en general, una serie de 73 normas, que contemplan 104 artículos relacionados el primer bloque temática correspondiente a los siguientes tema:

  • Crisis Climática
  • Medioambiente, biodiversidad, principios de la bioética y bienes naturales comunes
  • Derechos de la Naturaleza
  • Derechos de la Vida No Humana
  • Deber de Protección, Justicia Intergeneracional, Delitos Ambientales, y Principios de No Regresión Ambiental, Preventivo, Precautorio y otros
  • Democracia Ambiental, Derechos de Acceso a la Participación, Información y Justicia Ambiental.

Las normas aprobadas, a las que ahora se les abrió un plazo para presentación de indicaciones hasta este miércoles 16 de febrero, apuntan hacia la concreción de nuevos derechos medioambientales, como un elemento central dentro de la nueva Constitución. Entre ellos, emergen derechos de la naturaleza, de los animales, de los ecosistemas en general. Los principios que se han establecido se orientan hacia cambios profundos en la relación entre el hombre y el medio ambiente, en un contexto de crisis climática global.

Entre las normas aprobadas, por ejemplo, se aprobó la iniciativa popular de norma que “reconoce la protección y bienestar de los animales”, que consiguió más de 25 mil firmas bajo el nombre “No son muebles”. A las que también sumaron “15.000 corazones por la tierra”, “Sujetos no objetos” y “Transformación de zonas de sacrificio a zonas de restauración ambiental”. También, aparecen normas como la creación del “Servicio nacional para la crisis climática y ecológica”; otra que se refiere a las “Acciones estatales en relación con la crisis climática y sus efectos”; una norma que busca “Avanzar en derecho de uso y acceso de playas, riberas, rutas ancestrales costeras y recurso de acceso”; y la que habla sobre “Bienes comunes naturales”. Junto a ellas también se aprobaron, entre otras iniciativas, las que buscan la “Gestión de residuos; el “Manejo de residuos y reutilización de productos y materiales”; la “Gestión sustentable de bienes naturales, residuos y basura”; sobre el “Derecho de los pueblos indígenas a vivir en un ambiente sano”; y la que establece que los Pueblos Originarios son los Defensores Socioambientales ancestrales y actuales por excelencia, de los territorios del país y de la Madre Tierra”.

Una serie de normas que, sin duda, marcan un nuevo foco en lo que se refiere a la protección del medio ambiente, lo que incluye, también, el reconocimiento del derecho de los pueblos originarios.

5- Participación Ciudadana: Cabildos y relatorías

La Iniciativa Popular de Norma no era la única alternativa para que la ciudadanía expresara sus ideas y propuestas para la conformación de la nueva Constitución. Los espacios, establecidos por reglamento eran mucho más amplios: los cabildos eran uno de ellos. Y en ese marco, la semana pasada la Secretaria de Participación Popular de la Convención dio cuenta de las conclusiones emanadas de los 16.424 encuentros que se llevaron a cabo entre el 19 de octubre de 2019 y el 23 de enero de 2022, y en los que participación 154.541 personas, a lo largo de todo el país.

¿Cuáles fueron los temas de mayor interés? Salud y educación fueron las demandas más escuchadas durante este proceso participativo. En ambos, su conceptualización implica un derecho fundamental o una preocupación prioritaria de las y los participantes, según se arroja del estudio que estuvo a cargo de un equipo de profesionales liderados por Claudio Fuentes. En un segundo nivel de preocupaciones, las pensiones y el trabajo, aparecen como elementos prioritarios. En el caso de las pensiones se aborda como la necesidad de contar con un sistema de bienestar social, a partir de principios como justicia, dignidad y equidad. Y en cuanto al trabajo, se centra en tener condiciones laborales dignas, teniendo como subtemas el sueldo mínimo y otros derechos laborales. Mientras que, en un tercer ámbito de inquietudes e intereses, se presenta el diseño o estructura del Estado y del régimen político.

Los resultados están orientados a informar a la Convención Constitucional sobre los contenidos emanados de estos encuentros. El informe, de 149 páginas, será una de las fuentes de información que ahora estará a cargo de la Relatoría de Participación Popular, conformado por un grupo de profesionales y académicos, que dará cuenta a las comisiones y al Pleno de las conclusiones del proceso, instancia que también ya comenzó a sesionar la semana pasada.

Por Víctor Hugo Moreno

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