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5 claves de la semana en la Convención Constitucional

La semana pasada ingresaron al borrador de la nueva Constitución 51 normas en temas como derechos sociales, bienes naturales comunes, régimen de probidad y transparencia en el servicio público, además de nuevos derechos como el de las personas mayores y los niñas, niñas y adolescentes. De esta manera, el texto constituyente ya cuenta con 301 artículos oficialmente integrados. Esta semana, en tanto, se votará, entre otras materias, el primer informe emanado de la Comisión de Pueblos Originarios con diferentes contenidos relacionados al principio de plurinacionalidad.

1- Los primeros derechos sociales

La semana pasada, el Pleno de la Convención Constitucional dio luz verde a la incorporación de los derechos sociales en la propuesta de texto constituyente, uno de los contenidos más esperados por la ciudadanía y que —en gran medida— marcaron el origen social del actual proceso. Vivienda, seguridad social, libertad sindical, salud y educación ya forman parta de la nueva Carta Fundamental. La aprobación consideró trazos generales sobre estos derechos, quedando algunos detalles —sobre todo en educación— para que sean revisados nuevamente por la Comisión de Derechos Fundamentales.  

¿Qué se aprobó? En vivienda, pasó el umbral del Pleno, y por una amplia mayoría (133 votos a favor), la norma que indica que “toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada, que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria”. Junto con ello, se consagró el derecho a la ciudad y al territorio. En salud, gran parte de los articulados fueron aprobados, consagrando constitucionalmente un Sistema Nacional de Salud con carácter universal, público e integrado, con un preponderante y activo rol del Estado en la regulación, supervisión y fiscalización de las instituciones prestadoras de servicios, tanto públicas como privadas. Quedaron pendientes algunos puntos como, por ejemplo, el funcionamiento de la salud privada y la definición de lucro que podrían o no tener tanto las clínicas como las Isapres.  

En materia de trabajo, en tanto, se aprobó el derecho a la libertad sindical y el derecho a huelga tanto para privados como para el sector público. También se estableció que los trabajadores y trabajadoras, a través de sus organizaciones sindicales, tengan el derecho a participar en las decisiones de la empresa. Quedó pendiente una norma que buscaba regular la subcontratación. En materia de seguridad social, ya forma parte del nuevo texto constitucional la norma que establece un Sistema de Seguridad Social Público, que otorgue protección a la ciudadanía, sin que se estipulara en algún articulado —como diferentes sectores lo demandaban— la definición o aclaración de que la propiedad de los fondos de pensiones les pertenece a las personas, temática que seguirá en discusión. En educación, por otra parte, solo se aprobó un principio general que establece que “el Estado asegura a todas las personas el derecho a la educación”, mientras que el detalle deberá ser revisado por la Comisión. Con ello, el catálogo de nuevos derechos fundamentales (escritos hoy en el artículo 19°) se amplía considerablemente: más de 1/3 de estas garantías no han estado presentes en ningún otro texto constitucional en la historia.

2- Normas sobre probidad y Fuerzas Armadas

La Comisión de Sistemas Políticos logró aprobar en el Pleno 18 nuevas normas relacionadas a temas de probidad, corrupción, transparencia, como también al funcionamiento de las Fuerzas Armadas. Sobre las primeras materias, figuran normas que definen el principio de probidad en el rol público como “una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular”. Otra establece que el principio de transparencia exige a “los órganos del Estado que la información pública sea puesta a disposición de toda persona que la requiera, independiente del uso que se le dé, facilitando su acceso y procurando su oportuna entrega y accesibilidad”. También se planteó que la corrupción es “contraria al bien común y atenta contra el sistema democrático. El Estado tomará las medidas necesarias para su estudio, prevención, investigación, persecución y sanción”. En esa línea, se definieron las funciones que tendrá el Consejo para la Transparencia en la tarea de velar por el cumplimiento de los principios consagrados, entendiéndolo como un “órgano autónomo, especializado e imparcial con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por función promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la información de los órganos del Estado y garantizar el derecho de acceso a la información pública”.

En cuanto al funcionamiento de las Fuerzas Armadas, se mantuvo que la jefatura suprema de esta radica en la figura del Presidente de la República y del Ministerio de Defensa. Se definió, además, que las Fuerzas Armadas están integradas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, agregando que su rol principal es el “resguardo de la soberanía, independencia e integridad territorial de la República, ante agresiones de carácter externo, según lo establecido en la Carta de Naciones Unidas”. Junto con ello, se establece —manteniendo la tónica observada en diferentes temáticas— una perspectiva de género en el desempeño de las funciones y en la toma de decisiones. También se mantiene la esencia de la formación militar, cuyas instituciones son definidas como “profesionales, jerarquizadas, disciplinadas y por esencia obedientes y no deliberantes”. En otro punto, se definieron el Estado de Catástrofe y de Excepción, los que ahora estarán bajo las órdenes de una autoridad civil, que se designará según amerite, y tanto las Fuerzas Armadas como las Policías cumplirán sus funciones para dichos estados, de acuerdo con la ley y bajo las órdenes de dicha autoridad civil. Si bien acá hay un cambio sobre el mando en el que recae este tipo de estado; ello no significa que las fuerzas armadas o las policías no participen en su actuar. Respecto al funcionamiento de las policías, específicamente sobre Carabineros, ninguna norma pasó la barrera del Pleno, y serán nuevamente revisadas. El tema en discusión, en este punto, es el paso de una policía militarizada hacia una civil, contenido en el que aún no hubo acuerdo.

Esta semana, la Comisión de Sistemas Políticos trabajará arduamente para sacar adelanto un segundo informe sobre régimen político, en donde el principal desafío, y el gran nudo que aún persiste, es clarificar las atribuciones que tendrá la nueva Cámara de las Regiones que reemplazará al Senado, un tema de gran relevancia en el que aún no existe consenso. En caso de que no se alcance un acuerdo en esta materia, se aprobaría esta nueva institución (que ya está ingresada al texto constitucional), pero sin una definición clara sobre sus funciones.

3- Medio Ambiente: Dulce y agraz

Revuelto estuvo el trabajo de la Comisión de Medio Ambiente, Bienes Naturales Comunes, Derechos de la Naturaleza y Modelo Económico durante la semana pasada. En una primera parte, se aprobaron en el Pleno cinco nuevas normas referidas a los bienes comunes que se presentaron por segunda vez; mientras que el segundo y último informe de normas relacionadas principalmente al modelo económico y de desarrollo fue rechazado por completo en el Pleno, con acusaciones cruzadas entre distintos colectivos.

En lo aprobado, en primer lugar, se volvió a consagrar —tal como ha ocurrido con otras normas emanadas desde otras comisiones— el derecho al agua, pero esta vez agregando un nuevo concepto: el de inapropiable. “Son bienes comunes naturales el mar territorial y su fondo marino; las playas; las aguas, glaciares y humedales; los campos geotérmicos; el aire y la atmósfera; la alta montaña, las áreas protegidas y los bosques nativos; el subsuelo, y los demás que declaren la Constitución y la ley. Entre estos bienes son inapropiables el agua en todos sus estados y el aire, los reconocidos por el derecho internacional y los que la Constitución o las leyes declaren como tales”, afirma la norma. Ahora bien, en torno al uso privado de estos bienes, se establece que el Estado deberá regular su uso en virtud del artículo antes mencionado: “Respecto de aquellos bienes comunes naturales que se encuentren en el dominio privado, el deber de custodia del Estado implica la facultad de regular su uso y goce, con las finalidades establecidas en el artículo primero”, indica la norma. Junto con ello, también se aprobó un artículo que determina que el Estado puede otorgar “autorizaciones administrativas para el uso de los bienes comunes naturales inapropiables, conforme a la ley, de manera temporal”, pero sin que estas generen un derecho de propiedad sobre el bien natural común. Finalmente, se aprobó una norma que establece un novedoso concepto: el de responsabilidad para el acceso a la naturaleza.

Distinta suerte corrió el segundo informe presentado al Pleno, que se refería a materias importantes, como los estatutos mineros y el modelo económico. Dicho informe, que contenía una propuesta de 53 normas, solo alcanzó 93 votos a favor. Al no llegar al quorum requerido de 103 votos y ser rechazado en general, el informe volverá por completo a la Comisión. El hecho provocó la molestia de algunos convencionales, sobre todo de la llamada bancada “eco constituyente”, quienes increparon a sus colegas del Colectivo Socialista que lo votaron en contra. Las razones esgrimidas para el rechazo fueron variadas, predominando argumentos de que había normas que excedían materias constitucionales, mientras que a otras se les cuestionaba, derechamente, su mala redacción. Con todo, los ánimos dentro de los colectivos de izquierda, ambientalistas y centro izquierda quedaron trizados debido al rechazo del informe. Ahora, la Comisión deberá retomar los diálogos para elaborar, dentro de los próximos días, una nueva propuesta.

4- Nuevos sujetos de derecho

Dentro de una larga lista de derechos que la nueva Constitución busca garantizar, emergen temas novedosos: niños, niñas, personas mayores, personas con discapacidad, cultura e información. Desde la Comisión de Principios, por ejemplo, se aprobó una norma que reconoce a las personas mayores, estableciendo que estas “son titulares y plenos sujetos de derecho. Tienen derecho a envejecer con dignidad y a ejercer todos los derechos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en igualdad de condiciones que el resto de la población”. A este nuevo derecho, se agrega otro grupo no reconocido anteriormente: las personas con discapacidad, definiendo que estas “tienen derecho a la accesibilidad universal, así como también la inclusión social, inserción laboral, su participación política, económica, social y cultural”. Otro grupo de personas que tendrá su propio marco constitucional son los niños, niñas y adolescentes, a quienes se les reconoce como personas “titulares de todos los derechos y garantías establecidas en esta Constitución, en las leyes y tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile”.

Desde Conocimientos y Cultura, también surgen nuevos derechos, como el de la lectura. “El Estado fomenta el acceso y goce de la lectura a través de planes, políticas públicas y programas. Asimismo, incentivará la creación y fortalecimiento de bibliotecas públicas y comunitarias”. Además, se aprobó otra norma que plantea la obligación constitucional de que existan medios de comunicación públicos en distintos soportes tecnológicos. En esta Comisión también se aprobó el derecho a una muerte digna, sin mencionar explícitamente, eso sí, el concepto de eutanasia, la que consagra que “todas las personas tienen derecho a una muerte digna. El Estado garantiza el acceso a los cuidados paliativos a todas las personas portadoras de enfermedades crónicas avanzadas, progresivas y limitantes de la vida, en especial a grupos vulnerables y en riesgo social”.

5- La importancia de las normas transitorias

Una de las constantes interrogantes en torno al proceso es ¿Cuándo entrará en vigencia la nueva Constitución en caso de aprobarse? La respuesta es: depende, pues para ello cada norma, que lo amerite, debe contener un llamado artículo transitorio que establezca su entrada en ejecución. Por ejemplo, con la eliminación del Senado, una norma transitoria deberá establecer los plazos para que ocurra este cambio. Respecto a la creación de un Sistema Nacional Único de Salud, una norma transitoria específica tendrá que definir un plazo para su puesta en marcha, y para ello pueden pasar años. De hecho, la Constitución de 1980 (aprobada el 11 de septiembre de ese año) recién entró en plena vigencia el año 1989 con las reformas que se llevaron a cabo ese año. Lo mismo pasó con las reformas constitucionales de 2005, muchas de ellas comenzaron a ejecutarse varios años más tarde. Por ello, la Convención estableció la creación de una comisión específica que verá dichas normas, instancia que estará conformada por 32 convencionales y que funcionará en paralelo a la Comisión de Armonización. Su tarea será revisar con cada comisión las normas que ameriten un artículo transitorio, para luego emitir un informe que será votado en el Pleno.

Junto con ello, también se decidió agregar otra comisión específica, encargada de redactar un Preámbulo para la nueva Constitución, que se entiende como un texto breve a modo de introducción sobre los grandes contenidos que establece la Carta Fundamental. Países como Estados Unidos, Argentina, Colombia o España consideran dicho capítulo en sus textos constitucionales, cuestión con la que nuestra actual Constitución no cuenta. Serán 16 convencionales encargados de redactar esta introducción.

Este viernes, además, se cerraba el proceso de envío de informes desde las comisiones al Pleno, sin embargo, el plazo será extendido hasta la otra semana, pues hay comisiones que aún deben redactar nuevos informes que han sido devueltos por el Pleno. Todo este trabajo se dará a máxima intensidad, pues el 16 de mayo debe ser entregado el borrador de texto final a la Comisión de Armonización. Finalmente, este viernes concluirá con la fase de deliberación y votación del primer informe emanado de la Comisión de Pueblo Originarios.

Por Víctor Hugo Moreno Soza

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