Discusión de derechos sociales adquiere nuevo impulso en la Convención Constitucional tras la elección presidencial

En su discurso del domingo, el Presidente electo Gabriel Boric enfatizó la importancia de consagrar los derechos sociales. ¿Cómo converge lo expresado por Boric con el desarrollo del debate constitucional en este tema? Los profesores de la Universidad de Chile Ernesto Águila, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y Claudia Heiss, jefa de la carrera de Ciencias Políticas del Instituto de Asuntos Públicos, analizan este nuevo escenario político que se abre para la Convención.

Las primeras impresiones solo tienen una oportunidad. La señal política de la visita del Presidente electo Gabriel Boric a la Convención Constitucional este martes 21 de diciembre es una de ellas: mostrar que el nuevo gobierno respalda el proceso constituyente en ejercicio, respetando su autonomía como poder. Y en lo que se refiere a la consagración de nuevos derechos sociales, el domingo -en su primer discurso como Presidente electo- también hubo señales, al expresar la necesidad de convertir lo que “algunos entienden como bienes de consumo en derechos sociales”. Una declaración de principios que estaba en su programa y que intenta recoger, en parte, las grandes demandas sociales establecidas por la ciudadanía desde 2011.

Ante este escenario, especialistas afirman que la Convención Constitucional debiese seguir desarrollando su exclusiva tarea con un mayor margen de tranquilidad. Esto es, presentar al país un nuevo texto constitucional para ser votado en un plebiscito de carácter obligatorio y que –si los plazos se cumplen- se realizaría en abril de 2022.

El académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Ernesto Águila, cree que la elección de Boric tiene un impacto positivo en el actual proceso constituyente. “Refuerza o fortalece el trabajo de la Convención Constitucional, porque desde un primer momento Gabriel Boric señaló su apoyo al proceso constituyente, desde el 15 de noviembre que dio origen al acuerdo para formar la Convención; mientras que el otro candidato, no concurrió al acuerdo y -en general- los constituyentes más cercanos a él han sido muy beligerantes con la Convención, Por lo tanto, el resultado del domingo impacta positivamente en una legitimación del trabajo de la Convención, aun cuando su desarrollo debe marcar una autonomía como otro poder, uno transitorio. Esa autonomía tiene que respetarse”, comenta.

Sobre el mismo punto, la jefa de la carrera de Ciencias Políticas del Instituto de Asuntos Públicos (INAP), Claudia Heiss, piensa que el Presidente electo tiene consciencia de que su legado puede ser, justamente, los derechos sociales, y que acompañará el proceso constituyente, pero respetando su autonomía. “Hay una vinculación muy profunda originaria entre el movimiento social y la Convención, y Gabriel Boric, desde la Presidencia, lo que intentará hacer es apoyar el éxito del proceso, que es la manera de canalizar las demandas sociales desde la política institucional. El Presidente electo tiene consciencia que su legado puede ser este cambio de rumbo, desde la Presidencia y acompañado de un proceso constituyente que va más allá de las autoridades políticas de un gobierno. Él (Boric) está bien consciente de eso, ha dado señales a la Convención, ha dado señales políticas en su rol como acompañante, pero no como conductor del proceso constituyente, que tiene plena autonomía”, explica.

Los derechos fundamentales en juego

La Comisión de Derechos Fundamentales es la que más integrantes tiene dentro de la Convención: 33 convencionales. Y son cerca de 43 los temas que, según reglamento, son las que se deberían abordar. Para muchos, esta es una de las comisiones “madre”. En la instancia, se revisarán los derechos fundamentales que asegurará la nueva Constitución y que hoy están presentes, dentro de la Carta Fundamental, en el capítulo III con 23 artículos presentes.

Pero, en el actual debate, una serie de nuevos derechos pueden emerger: vivienda, personas mayores, mujeres, personas con discapacidad, remuneraciones justas, deporte, niños y niñas, entre otros. Mientras que otros que sí están en la actualidad consagrados seguramente se abordarán desde una nueva mirada: educación, salud, pensiones, propiedad. Una nueva mirada que, según las tendencias que ha marcado el debate, apuntarán a la concreción de un estado social de derechos, dejando atrás tanto su rol subsidiario, como muchos de los principios neoliberales presentes en la Constitución promulgada en la dictadura en 1980.

Águila cree que existe una convergencia entre lo planteado por el Presidente electo y lo que se está discutiendo al interior de la Convención, en orden a establecer nuevos principios rectores para estos derechos basados, ahora, en el concepto de universalidad y garantías sociales. “La forma de redacción de los derechos sociales en la actual Constitución está como más libertad, y el derecho social -bajo estos principios subsidiarios y neoliberales- se concibe como algo que debe ser satisfecho de manera mínima por parte del Estado, pero luego de esa noción mínima lo que existe son posibilidades de optar ante distintos oferentes de los derechos, y eso distorsiona la idea de un derecho social que debería darse a plenitud y de manera universal para cada persona. Cuando establecer, por ejemplo, que vas a tener una mejor salud, educación o pensión mientras tengas más ingresos, lo que estás estableciendo no son derechos sociales, sino que estás consolidando privilegios. El derecho a la salud debe desarrollarse en tiempo, forma y calidad de igual manera para todas las personas para que sea considerado derecho social, y ese tratamiento no está en la actual Constitución”, explica.

El primer paso para la consagración de estos derechos sociales será, sin duda, la aprobación de la nueva Constitución que los consagre. Desde ahí, el nuevo gobierno tendrá la tarea de comenzar a implementar, a través del trabajo legislativo y la elaboración de políticas públicas, los nuevos derechos adquiridos. Será una tarea en dos tiempos, como explica el académico. “El próximo gobierno será de dos tiempos: el primero llega hasta que el plebiscito ratifique la nueva Constitución, y en ese momento la Constitución se transformará en un instrumento que permite ir transformando la noción de derecho social y su realización. Y eso, consagrado en la nueva Constitución, facilitaría bastante más su implementación en términos legislativos y de políticas públicas. Este escenario puede potenciar, efectivamente, más derechos sociales durante el próximo gobierno», sostiene.

Por otra parte, agrega que en este primer tiempo la Constitución “debe ser redactada con plena autonomía del gobierno, aunque es evidente que en la Convención Constitucional hay una mayoría favorable a concebir los derechos sociales como derechos universales garantizados por el Estado, y que también está en la definición programática del nuevo gobierno, por lo que se generará un despliegue distinto por parte del nuevo gobierno, que tiene una concepción similar a lo que puede salir de la Convención. Puede ocurrir una convergencia virtuosa, pero no eso no ocurrirá antes de un año, hasta que sea ratificada la nueva carta en el plebiscito”, concluye.

Heiss complementa que es importante tomar en cuenta que la Constitución puede establecer los grandes principios, pero que estos deberán, después, traducirse en leyes y políticas públicas y que para ello es necesario entender lo fundamental del voto para el Parlamento. “El debate de la Convención se ha enfocado bastante en derechos sociales y apunta a que se aprobará una Constitución con un Estado Social de Derechos que supere el Estado subsidiario, de eso no hay ninguna duda. Ahora, es importante que la convención entienda las limitaciones que tiene el establecimiento de derechos, como mecanismos para hacer efectivos esos derechos. Las constituciones no manejan presupuestos, no hacen programas sociales. No se pueden resolver los problemas de los derechos sociales solamente a través de enunciar derechos, hay que generar los mecanismos políticos para que estos derechos se hagan efectivos a través del proceso político, a través de elecciones, de programas que conviertan los resultados de esas elecciones en leyes, políticas públicas (…) Un Congreso solo, sin un Presidente que los acompañe, no puede llevar a cabo los programas sociales. No solo deben estar en la Constitución los principios, se deben transformar en leyes. Por eso, el voto puede hacer la diferencia”, afirma.

Con todo, el trabajo de la Comisión de Derechos Fundamentales tuvo que literalmente desdoblarse, al dividir las tareas en dos subcomisiones, con el fin de recibir la mayor cantidad de audiencias públicas posibles de las casi mil solicitudes que llegaron. Por ahora, están en una etapa de escuchar y tomar nota, para ya en febrero comenzar de lleno al debate de las normas constitucionales que, por lo que se aprecia, serán una gran cantidad y con temas muy diversos.

Por Víctor Hugo Moreno