Profesor Claudio Troncoso analiza la experiencia y desafíos de la Secretaría de Participación Ciudadana

El académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile se desempeñó como secretario ejecutivo de una de las instancias clave del proceso constitucional. Tras el término del Mes de la Participación y ad portas de la entrega del informe final que sintetiza la voz expresada por la ciudadanía en esta etapa, el profesor Claudio Troncoso hace un balance sobre este trabajo que involucró a la Universidad de Chile de manera formal -por primera vez- en la redacción de una Constitución.

El 7 de julio finalizó la etapa de participación ciudadana del proceso constitucional, instancia que duró un mes e involucró a cerca 280 mil personas, incluyendo a chilenas, chilenos y extranjeros residentes en el país. En el marco de este despliegue, la Universidad de Chile tuvo la tarea de desarrollar dos mecanismos de participación: las Iniciativas Populares de Norma (IPN) y las Audiencias Públicas, en las que participaron 236 mil y 1.800 personas, respectivamente. Esta labor fue parte de las tareas de la Secretaría de Participación Ciudadana, que fue liderada desde la Universidad de Chile por el profesor de la Facultad de Derecho, Claudio Troncoso.

Es bajo esta responsabilidad que el académico de la Casa de Bello, en su calidad de secretario ejecutivo de la Secretaría de Participación Ciudadana, hace un balance de lo que fueron estos meses de trabajo previo a esta etapa y lo que fueron los resultados de la misma una vez concluida la etapa de participación ciudadana. Una evaluación que, en la opinión del profesor Troncoso, no solo involucra el proceso actual, sino que también las propias bases democráticas que definen al país y su historia.

– ¿Cómo fue recibir esta misión de conformar la Secretaría de Participación Ciudadana?

Fue una enorme responsabilidad que nos enteramos como Universidad de Chile el mes de diciembre, cuando se llegó al Acuerdo por Chile y que posibilitó este proceso de elaboración de un nuevo texto de Constitución. Ahí se le encargó a la Universidad de Chile y a la Pontificia Universidad Católica de Chile, que coordinaran junto con el resto de las universidades del país el proceso de participación ciudadana.

Fue a partir de ese momento que la Rectora Rosa Devés configuró un equipo de trabajo para asumir esta tremenda responsabilidad que se nos estaba asignando. En el fondo, es primera vez que en los 200 y tantos años de vida independiente aparece mencionada en un texto constitucional la palabra Universidad de Chile. Eso, evidentemente, en la misión que se nos entregó de conducir la participación ciudadana, implicaba una tremenda responsabilidad que quisimos enfrentar con la mayor seriedad.

– Un desafío dado que los plazos establecidos para este proceso fueron acotados

Sí. Sabíamos que, en conformidad al acuerdo político, todo el proceso constitucional -incluido el plebiscito de salida- tenía que darse en el año 2023. De manera que el proceso de participación ciudadana estaba muy comprimido y tenía que desarrollarse en los primeros meses del año 2023. Ahora, esto tenía un sentido, porque la idea era que nosotros llegáramos con este proceso de participación a tiempo, de manera tal de que pudiera ser incidente en los debates que se iban a generar en el Consejo Constitucional.

Pero también fue un desafío porque previamente ya hubo un gran proceso que se había alargado por mucho tiempo, en el cual la ciudadanía había participado desde el apruebo a la nueva Constitución y que obtuvo casi un 80% de aprobación en la voluntad de los chilenos de redactar una nueva Constitución. Luego viene el proceso anterior, que terminó con un masivo rechazo al texto. Entonces, esa situación del rechazo del texto elaborado por la Convención Constitucional, y la seguidilla de elecciones que hubo, generó un estado de fatiga y desinterés en la gente. Fue realmente un escenario adverso que tuvimos que enfrentar y que tratábamos de poder lograr motivar la participación de la gente de la mejor manera posible. En eso estuvimos concentrado todos estos meses.

– Aquí también entra lo que fue el rol de la tecnología, ya que fue posible participar usando tan solo un celular…

Sí. Tratamos de acercar el proceso a la gente lo máximo posible y, en ese sentido, la Secretaría se pudo valer de la tecnología más avanzada en este sentido. En Chile, celulares hay por millones, prácticamente superan la cantidad de habitantes, de manera que solo con un celular la gente podía acceder a los distintos mecanismos de forma muy fácil, y eso también fue un desafío tecnológico muy importante. Permitir que la gente se pudiera expresar, ya sea inscribiéndose en audiencia, formulando y apoyando iniciativas populares de norma, participando en diálogos convocados y auto convocados o finalmente respondiendo la consulta ciudadana.

Nosotros tratamos de ampliar lo máximo posible las instancias de participación. Desde ese punto de vista, creo que cumplimos nuestro objetivo, porque creo y creemos que no hay nadie que haya querido participar que no haya podido hacerlo. Tal vez no tuvo la masividad de los procesos anteriores, debido al escenario adverso que señalábamos antes. Teníamos que motivar a la gente a interesarse en el proceso, entonces eso también genera dificultades, pero al menos nos quedamos con la tranquilidad de abrir los canales de participación para que todos quienes quisieran participar pudieran hacerlo.

– Uno de esos mecanismos con mayor participación fueron las Iniciativas Populares de Norma, con más de 600.000 apoyos ¿Cómo evaluaron este mecanismo?

Esto es un elemento que es bien importante tener presente, porque también este proceso era un poco más difícil de participar que el anterior, pero que podía ser más incidente. Las Iniciativa Populares de Norma tenían que reaccionar sobre un texto que ya estaba redactado, que era el de la Comisión Experta, y -en general- todos los mecanismos de participación estaban fundados en eso. Quién iba a exponer, por ejemplo, en una audiencia pública, tenía que referirse a los temas que quería poner de relieve, pero en relación a la propuesta formulada por la Comisión Experta. En la IPN tenían que ser propuestas de enmienda al texto de la Comisión Experta. Lo mismo en los diálogos y en las consultas, se hacían teniendo de telón de fondo la propuesta de la Comisión Experta.

Entonces, eso podía generar una dificultad en el sentido de tener la capacidad de formular la Iniciativa Popular de Norma. En ese sentido, creo que nosotros fuimos pioneros en la Secretaría, en la necesidad de hacer un proceso de formación ciudadana que se hizo sobre la marcha. Paralelamente al proceso de puesta en marcha de la participación, se hacía todo el proceso de formación ciudadana para enseñarle a las personas también a utilizar estos mecanismos.

– De igual forma, usted está familiarizado con estos procesos, dado que también trabajó en el restablecimiento de la democracia en Chile post dictadura…

Sí. Vivimos una dictadura caracterizada por la agresión masiva y sistemática de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Distintos sectores del país, dentro de ello el movimiento estudiantil -en el que yo participaba en esa época- nos movilizamos por la democracia y por los derechos humanos. Enfrentado a un momento histórico, que fue ya para el fin de los años 1980, donde se creó una iniciativa muy importante que fue la Cruzada por la Participación Ciudadana dirigida por Mónica Jiménez y varios de nosotros, que nos incorporamos a este proceso de formación ciudadana para enseñarle a la gente incluso a votar.

Nosotros en los últimos tres años hemos votado como ocho veces, y en esa época durante 17 años no se había votado nunca, y las dos únicas elecciones habían sido un fraude. Entonces, el primer ejercicio electoral que íbamos a tener era el plebiscito de 1988, que era el del Sí y el No. Nosotros tomamos esa iniciativa de apoyar este proceso de participación y formación ciudadana y creo que los que nos puede dejar de lección es que no hay que olvidarse que la formación ciudadana tiene que ser algo permanente en la sociedad.

Ahora lo enfatizamos para el proceso de participación en la nueva Constitución, pero independientemente de esto, hacia el futuro tenemos que poner énfasis en ese proceso de manera permanente. Ojalá en nuestro sistema educacional y en todas las instancias de participación de las organizaciones sociales, en fin, en que participemos como comunidad.

– ¿Y qué viene a continuación para este proceso?

Lo que se viene hacia adelante en lo inmediato es que se va a hacer el viernes 21 de julio una sesión en el Pleno del Consejo Constitucional, en donde se va a entregar este Primer informe de sistematización, y luego iremos a cada una de las comisiones del Consejo Constitucional a darles un informe más detallado respecto de cada uno de los temas que ellos están abordando.

Al mismo tiempo, cada comisión del Consejo Constitucional está recibiendo a los autores de cada una de las IPN que lograron las 10.000 firmas, de manera tal que nuestra tarea hoy día es lograr que ese proceso que hemos estimulado y que hemos logrado que la gente participe en los números que hemos señalado pueda ser incidente. En el sentido que sea tomado en consideración en el proceso de elaboración de la nueva Constitución.

Esto no significa que tenga que ser obligatoriamente contenido o deba estar contenido en la nueva Constitución, pero sí que deba ser escuchado. Ya si se resuelve algo distinto, que sea objeto de una deliberación con las razones y los fundamentos respectivos, pero que las expresiones de la ciudadanía -que son muy variadas por lo demás- puedan estar sobre la mesa para que la ciudadanía que ha participado en este proceso puedan ser consideradas en el debate.

Si deseas escuchar la entrevista completa, te invitamos a escuchar el capítulo 103 de Universidad de Chile Podcast. Disponible en Spotify, Youtube, Apple y Google Podcast, además de Tantaku.