Profesor Ernesto Águila sobre instalación de la Convención Constitucional: «Lo que va a ocurrir el domingo 4 de julio es una ruptura histórica con nuestra historia constitucional»

El académico del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Facultad de Humanidades y Filosofía de la Universidad de Chile, Ernesto Águila, analiza la trascendencia política y simbólica que tendrá la instalación formal de la Convención Constitucional. En UChile Constituyente, el analista político cree que existe una gran oportunidad para generar no solo cambios normativos, sino que también un nuevo tipo de comunidad política.

En UChile Constituyente, Ernesto Águila aborda el hito que representará la instalación de la Convención Constitucional el próximo 4 de julio.

La historia constitucional chilena «siempre tuvo como denominador común que las constituciones las escribieran los vencedores de algún momento de enfrentamiento de los chilenos», destaca el académico.

«El proceso legislativo que se viene el 2023 es fundamental, porque irá generando un sistema jurídico, a niveles de leyes y decretos que traduzcan el nuevo marco», agrega.

El 18 de octubre de 2019 quedará plasmado en los libros de historia como el día de la revuelta social más grande y significativa, hasta ahora, del siglo XXI en Chile. Una serie de demandas sociales, económicas y políticas confluyeron en un punto en común: La Constitución. Esto motivó que las principales fuerzas políticas del país decidieran comenzar un proceso constituyente que culminara con la redacción de una nueva Carta Magna. Los plazos se fueron alargando producto de la pandemia, pero el proceso no se detuvo. Así, tras el plebiscito de entrada y las elecciones de los y las convencionales, este 4 de julio se dará inicio formal a la Convención Constitucional. Aquel será un día cargado de simbolismo como momento clave en la discusión del país que queremos para las próximas décadas.

El analista político y director de Extensión y Comunicaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, Ernesto Águila, analiza este momento que considera un hito inédito en nuestra historia constitucional, por la forma en que —hasta ahora— se ha llevado el proceso; pero también como una oportunidad para refundar una comunidad política que ha profundizado, en los últimos años, una desafección profunda entre las instituciones y la sociedad.

– ¿Cuál es la relevancia y la trascendencia política que tendrá el día en que la Convención se instale?

El 4 de julio es una fecha que merece ser denominada como histórica, porque la inauguración, la instalación e inicio de las deliberaciones de la Convención Constitucional es realmente un hecho completamente inédito en nuestra historia republicana. Nunca en nuestro país se ha escrito una Constitución que emane de un órgano íntegramente elegido de manera democrática, con paridad, escaños reservados y la posibilidad de una participación amplia de independientes. Por lo tanto, ese solo hecho rompe con una historia constitucional chilena que siempre tuvo como denominador común que las constituciones las escribieran los vencedores de algún momento de enfrentamiento de los chilenos. Eso fue particularmente claro en la Constitución de 1833 y en la de 1980: los vencedores de Lircay y los vencedores del 73 escribieron esas constituciones. La de 1925 tuvo unas características un poco diferentes, pues más bien fue una señal de la caída de la República oligárquica con una salida constitucional a esa crisis, pero la participación, tanto de la comisión que la escribió como del plebiscito fue muy baja. Con toda nuestra historia constitucional lo que va a ocurrir el domingo 4 de julio en la mañana es una ruptura histórica con nuestra historia constitucional. Este proceso constituyente ha sido bastante ejemplar y si todo sale bien será un salto democrático fundamental para el país.

– ¿Cuál es la nueva lógica política con la que se instala esta Convención?

La elección de los constituyentes del 15 y 16 de mayo fue importante porque un sector de la derecha había anunciado obtener un tercio, para generar capacidad de veto y poder negociar todo, y eso no ocurrió. Esa votación genera un fortalecimiento del proceso constituyente en dos sentidos. Uno que le da mayor legitimidad, incluso del que se había pensado, porque no hay un sector que tenga este poder de veto; por otro lado, otra duda que existía es si la convención podía dar o no cuenta de los distintos sectores que habían irrumpido 19 de octubre y ese fenómeno —con la presencia, por ejemplo, de la Lista del Pueblo— hizo que efectivamente la representación de ese mundo movilizado esté también en la Convención. La manera como se gestó su conformación, pero también sus resultados, dotan a la Convención de una legitimidad y le dan una posibilidad a la institucionalidad para resolver la conflictividad social que se venía expresando y que no era tan obvia que podía tener su cauce en el proceso. Esto genera más posibilidades a que la Constitución pueda representar un momento de reconstrucción de una comunidad política. Lo que expresó el 18 de octubre, desde esta perspectiva, es una crisis social, económica, de la representación política; pero en el fondo más profundo es la expresión de un proceso de disolución de una comunidad política. Lo que empezó a ocurrir es que las personas no sentían que estaban formando parte de una comunidad, y esa ruptura en su capa más profunda es el problema de la pertenencia a la comunidad política. Este proceso no es solamente escribir una buena Constitución, sino que es un proceso que para ser exitoso tiene que ser —también— capaz de regenerar una nueva comunidad política.

– ¿Existe una sinergia entre el 18 de octubre, el 15 de noviembre y la instalación de la Convención?, ¿se podría afirmar que el 4 de julio será una especie de hito cúlmine del proceso?

El 18 de octubre emerge bajo un momento destituyente que cuestiona las elites, las formas en que se resolvían los problemas, y empieza a encontrar un momento constituyente a través del proceso de elección de la Convención. Con los resultados del 15 y 16 de mayo, se dan las condiciones para darle un cauce constitucional a un proceso que partió muy fuera de lo institucional. Ahora, el 18 de octubre —y con un escenario agudizado con la pandemia— demuestra que existen urgencias sociales que requieren otros tiempos políticos que no son solo del proceso constituyente. Una Constitución fija un conjunto de principios, normas, derechos, define señales claras y una nueva organización del poder que puedan permitir muchas transformaciones sociales, pero no es algo que suceda de forma automática.

– ¿Cómo pueden dialogar los contenidos constitucionales en medio de una campaña presidencial y parlamentaria, y que cada instancia mantenga su autonomía en los temas?

Hay que separar los roles. Lo que debe hacer el Gobierno y el Parlamento es facilitar en términos logísticos el buen funcionamiento de la Convención. Y la Convención tampoco le corresponde entrar a gobernar o legislar. Ahora bien, yo le asigno gran relevancia a la elección parlamentaria, porque si uno hace cálculos, y a finales del 2022 tenemos una nueva Constitución Política, esa Constitución va a redefinir una serie de leyes que permitan que estas se alineen con el nuevo texto. El proceso legislativo que se viene el 2023 es fundamental, porque irá generando un sistema jurídico, a niveles de leyes y decretos que traduzcan el nuevo marco. El Parlamento tendrá una alta significación para ese proceso.

– Volviendo al 4 de julio, ¿qué perfil cree debiese tener el presidente o presidenta de la Convención?

En la presidencia y vicepresidencia lo que debería suceder es dar una señal de cierto simbolismo, que debiera mezclarse con una eficacia ejecutiva del cargo. Probablemente, habrá una tendencia a definir quizás una mujer, independiente y de regiones. Pero más que decir nombres, hay ciertos proceso que se expresaron en las elecciones, y lo que ha venido ocurriendo en Chile, en temas de descentralizar el poder, es de hacer entrar movimientos periféricos como el medio ambiente los pueblos indígenas, el feminismo, regiones. En la Mesa se debería buscar un cierto equilibrio en esa representación.

– Y sobre el modo de funcionar, ¿cómo deberían organizarse en sus prácticas internas, cada uno de forma individual, con bancadas como ocurre en el Congreso?

Hay una cierta tendencia a constituirse en función de las listas que se presentaron y, probablemente, se constituyan en bancadas. Eso tiene una cierta lógica y le da una cierta racionalidad, pero —además— se pueden constituir algunas bancadas transversales: ecologistas, indígenas, feministas. Según los temas puede haber alineamientos distintos y que los constituyentes irán descubriendo en torno a cuáles son sus afinidades.

– ¿Cuál es la exceptiva que tiene en torno al diálogo, al nivel del debate y a la posibilidad de llegar a acuerdos para escribir esta nueva Constitución?

La imposibilidad de generar vetos al desarrollo de los contenidos genera una posibilidad muy importante para que la nueva Constitución Política refleje un Chile que profundiza su concepción democrática; se actualice en términos de temas contemporáneos; desarrolle una noción de Estado Social que resguarda mucho mejor los derechos; genere una redefinición del poder entre el centro y las regiones; y que reconozca el carácter plurinacional del país para dar una solución histórica —quizás— a uno de los problemas más graves que ha tenido Chile. Hay una posibilidad inédita de resolver ese tipo de cosas. Pero lo más importante —creo— es que la Constitución no sea un obstáculo, como ocurre hoy día, para que la voluntad popular o soberanía democrática señale la dirección del país. La Constitución del 80 constitucionalizó un modelo político y social neoliberal. Es una Constitución ideológica, que para proteger ese modelo —a través de diversos mecanismos— neutralizó la soberanía democrática: los senadores designados, sistema binominal, los altos quorum, son algunos ejemplos. Me parece que un gran logro es que la Constitución vuelva a habilitar a la política democrática para definir los destinos del país. La emancipación de la soberanía popular que debiese ocurrir es un aspecto clave que abre una nueva etapa histórica. No puede haber una ideología que sea protegida por la Constitución. Lo que sí, es que debe ser una Constitución con valores y principios que se consideran avances civilizatorios a nivel internacional, y en ese plano no debe ser neutra, debe tener una opción.

Victor Hugo Moreno Soza
UChile Constituyente