Cecilia Domínguez, responsable de Formación en la Secretaría de Participación Ciudadana: «La única forma de revertir la desmotivación es a través de una difusión y formación ciudadana intensa»

El proceso constitucional 2023 está en pleno desarrollo y la Secretaría de Participación Ciudadana (SPC), encabezada por la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica, está trabajando en la próxima implementación de los cuatro mecanismos participativos. En esta entrevista, la abogada, investigadora, directora de Extensión de la Facultad de Derecho de la U. de Chile y responsable de Formación de la Secretaría, sostiene que esta área puede movilizar a la ciudadanía, ya que se relaciona directamente con la incidencia que esta puede tener en la propuesta de Constitución.

“La ciudadanía se encuentra completamente desconectada del proceso. Las últimas encuestas sobre el tema dan cuenta de ello, lo que se confirma en cualquier conversación informal que se sostenga en círculos sociales, laborales, e incluso en el ámbito académico”. Así comienza su análisis sobre la participación ciudadana en el proceso constitucional 2023 Cecilia Domínguez, abogada y responsable de Formación en la Secretaría de Participación Ciudadana, entidad mandatada por la Constitución para canalizar la voz de ciudadanos y ciudadanas en este nuevo proceso.

En esta entrevista, la académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile sostiene que “la única forma de revertir la desmotivación es a través de una difusión y formación ciudadana intensa, no solo por medios digitales, sino también a través de actividades presenciales territorialmente dispersas. Por eso es tan importante contar con el trabajo de las universidades y de las organizaciones de la sociedad civil, pues estas se encuentran conectadas con la ciudadanía y sus preocupaciones”.

– ¿Por qué la formación ciudadana puede ayudar a movilizar a las personas hacia los mecanismos de participación?

Difundir el proceso en términos teóricos no compromete ni interpela a participar. La formación ciudadana motiva la participación relacionándola con un mecanismo concreto y con la incidencia que este puede tener en el proceso y, más importante, en el texto de propuesta de Constitución. Su enfoque práctico y contextualizado moviliza los recursos que ya existen en la ciudadanía y es por eso que puede facilitar la participación de quienes están comprometidos con esta transformación.

– ¿En qué etapa se encuentra el cronograma de la Secretaría de Participación?

La Secretaria se encuentra afinando el funcionamiento de cada uno de los mecanismos de participación, de forma tal que las plataformas necesarias estén listas cuando comience el proceso de participación: el 7 de junio. Además, se está trabajando intensamente en generar alianzas con las universidades y organizaciones de la sociedad civil para alcanzar la presencia territorial requerida para que toda persona que quiera participar pueda hacerlo. Por último, también se están planificando diferentes actividades y acciones comunicacionales para informar sobre el proceso y facilitar la formación de la ciudadanía.

– ¿Existe algún mecanismo vinculante?

No existen mecanismos vinculantes, lo que se explica por su diversidad y la diversidad de resultados que podrían generar. Por ejemplo, podríamos tener dos iniciativas populares de norma contradictorias, una que promueve únicamente la salud pública y otra que establece un sistema únicamente privado ¿cómo conciliaríamos dos iniciativas si ambas fueran vinculantes? Sería imposible. No obstante, informadas las iniciativas oportunamente en el debate y redactadas ambas como indicaciones prolijamente construidas, ambas deberán ser consideradas por el Consejo Constitucional, que deberá hacerse cargo del sentir de la ciudadanía, ya sea conciliando ambas o justificando lo que los y las representantes decidan no incluir en el texto. Lo mismo ocurre respecto de los resultados que arrojen los otros mecanismos de participación.

– A muchas personas les parece poco el tiempo para participar, ya que ocurrirá entre el 7 de junio, cuando se tenga el anteproyecto, y se cerrará el 7 de julio ¿Por qué está estimado así?

No podría contestar porque quienes llegaron al acuerdo de diciembre estimaron que esa era la fórmula más adecuada. Sin embargo, la Secretaría está funcionando antes de esos plazos por lo que desde mayo informará del anteproyecto en el momento que el debate se enfríe, lo que ocurrirá varias semanas antes del 6 de junio. De esta forma, la ciudadanía podrá conocer lo que se ha regulado respecto de temas de su interés y el 6 de junio solo verá una actualización de esa información. De esa manera, la Secretaría intentará contrarrestar lo apretado de los plazos establecidos en el cronograma.

– ¿Cuál es el paradigma de la formación ciudadana con el que trabaja la SEPC?

A diferencia de la educación cívica, el paradigma de la formación ciudadana persigue la participación incidente, no solo informando sobre el proceso, sino que educando en las competencias y habilidades necesarias para participar de forma incidente y oportuna.

– ¿Cuáles son esas competencias y habilidades a trabajar en el proceso constitucional que estamos viviendo?

Dependen de cada mecanismo, pues en su diversidad tienen diferentes aproximaciones al texto del anteproyecto. Si bien todos requieren competencias de análisis crítico, hay diferencias concretas de un mecanismo a otro. Por ejemplo, las audiencias públicas requieren competencias de síntesis y expresión oral y corporal, considerando que son orales y se realizan en cortos períodos de tiempo. La iniciativa popular de norma requiere cierto conocimiento de técnica legislativa, sistematización de un texto complejo como el anteproyecto y de manejo comunicacional para conseguir la cantidad de firmas que requiere su consideración. Los diálogos representativos o autoconvocados requieren de competencias dialógicas necesarias para conversar con personas que tienen posiciones divergentes sobre el texto y, por supuesto, de expresión oral. Por último, la consulta requiere de competencias de comprensión lectora y expresión escrita que permitan comprender las preguntas y escribir opiniones. Estas y otras competencias y habilidades se promoverán en el período previo al que los mecanismos entren en funcionamiento.

– ¿Qué temas son los que la formación ciudadana instalará en este tiempo?

Formación ciudadana se enfocará en formar sobre el proceso constitucional y el estado del debate; el itinerario de los mecanismos de participación y su funcionamiento; así como los elementos que favorezcan que la participación a través de los mecanismos sean escuchados e incidan en el debate constitucional.

– ¿Cómo se podrá incidir en este proceso?

Incidir dependerá de dos factores: el nivel de concreción de la propuesta que se hace al texto. Por ejemplo, que la audiencia pública no trate de un tema en términos teóricos, sino que se vincule directamente con una parte del articulado promoviendo un cambio en particular. Y la oportunidad en que los resultados del proceso se entreguen a los consejeros y consejeras constitucionales. El primer factor depende de la ciudadanía y su realización será promovida por la Secretaría y el segundo depende únicamente de la Secretaría que se propone entregar los resultados lo más oportunamente posible. Cumplidos estos dos elementos, la incidencia se traduce en la consideración seria y comprometida de estos resultados por los consejeros y consejeras en el debate constitucional. Eso no significa que deben hacer lo que las propuestas ciudadanas indiquen, pero sí los obliga a considerarlas y justificar las decisiones que sean tomadas.

– ¿Cuáles son las oportunidades que ofrece el actual proceso constitucional?

El proceso considera cuatro mecanismos de participación, todos los cuales tendrán lugar entre el 7 de junio y el 7 de julio. Las audiencias públicas, que se realizarán frente al Consejo o en las Universidades acreditadas. En ellas, cualquier persona puede hablar respecto de temas relacionados con el anteproyecto durante 10 minutos y los resultados serán sistematizados y entregados al Consejo. Las iniciativas populares de enmienda, que se presentan respecto de los artículos del anteproyecto, proponiendo una modificar, suprimir o agregar contenido a una norma. Cualquier persona puede presentar una iniciativa popular de enmienda, pero requiere 10.000 firmas, de cuatro regiones distintas, para que sea tratada en el Consejo Constitucional. La Consulta, que es un tipo de encuesta, pregunta a la ciudadanía respecto del grado de apoyo o rechazo al texto del anteproyecto. Y, por último, están los diálogos representativos y autoconvocados. Los primeros se organizarán por la Secretaría invitando a la ciudadanía a participar, mientras que los segundos pueden ser convocados por cualquier persona, colectivo u organización y sus resultados deben ser enviados a la Secretaría para ser enviados al Consejo Constitucional.

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