El martes 17 de octubre, los miembros de la Universidad que integraron la Secretaría de Participación Ciudadana dieron a conocer al Consejo Universitario los principales hallazgos y aprendizajes de este proceso.
269.864 participantes únicos de las 346 comunas del país, la participación de 1.640 chilenos residentes en el exterior, más de 100 organizaciones en alianzas, 47 universidades trabajando en red y 74 sedes de audiencias públicas fueron algunas de las cifras que dejó la participación ciudadana en el proceso constitucional 2023 y que fueron expuestas ante el Consejo Universitario en octubre.
Los resultados más relevantes, organizados en comisiones de trabajo de las comisiones fueron los siguientes:
En sistema político, el fortalecimiento de la democracia participativa y representativa. La ciudadanía demanda una mejora de la gestión pública y probidad pública haciendo alusión a recursos, eficiencia, administración, funcionarios, carrera funcionaria y evaluación de desempeño. Respecto de la participación indígena se destaca el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Junto con la mayor descentralización, el reconocimiento a Bomberos de Chile fue mayoritario.
En función jurisdiccional, los participantes solicitaron mejorar el acceso a la justicia, modernización del Poder Judicial.
En la comisión de Principios, se valoró la definición de Chile como unitario y descentralizado. También a la familia como núcleo de la sociedad, aunque en algunas ocasiones aparece un debate en torno a sus múltiples formas. Se hizo frecuente referencia a la defensa de los DDHH con referencias a las garantías de no repetición, la suscripción de tratados internacionales y el rol del Estado en su promoción y protección.
En lo que concierne a derechos económicos y sociales, resaltan los derechos a la seguridad social, a la educación, a la salud, la vivienda, a derechos laborales y a un medio ambiente resguardado. Hay discrepancias sobre la provisión de los derechos, pero consenso sobre la necesidad de ellos.
Tras la exposición de estos resultados, a cargo de Claudio Troncoso, como secretario ejecutivo inicial, y de Carlos Rilling, secretario ejecutivo actual, la rectora Rosa Devés agradeció la colaboración de toda la universidad, especialmente a las facultades de Derecho y de Gobierno, quienes participaron más estrechamente con académicos a cargo de las Iniciativas Populares de Norma y de Audiencias Públicas, respectivamente. Destacó también el espíritu colaborativo que se logró con todo el sistema universitario chileno, cada una con su propio rol e historia.
Material de investigación
Desde el Consejo, el primero en opinar fue el Decano de la Facultad de Derecho, profesor Pablo Ruiz Tagle, quien felicitó el trabajo por su originalidad. Mencionó lo realizado en Irlanda y Brasil, “pero un proceso de esta magnitud es inédito y está siendo observado por todo el mundo”. Añadió que se encuentra trabajando con un grupo de ayudantes para analizar el contenido del informe, ya que en él ha visto “una visión de la política, del derecho constitucional, de nuestro país, que no era conocida y que es muy diversa”.
Los decanos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Manuel Amaya; de la Facultad de Ciencias Sociales, Teresa Matus, y de la Facultad de Medicina, Miguel O’Ryan, también felicitaron la profundidad del trabajo que propició una deliberación seria sobre el anteproyecto. El decano de Medicina reveló estar impresionado por el peso del informe y su importancia más allá de nuestro país, por lo que impulsó a investigar el tema y publicarlo en revistas académicas internacionales.
Finalmente, la rectora Rosa Devés resaltó el logro de la neutralidad en el trabajo de la SPC, “algo que era muy importante en este trabajo, y difícil también, era entender que éramos el conducto de una voz de la ciudadanía que tenía que hacerse con total neutralidad de manera de llegar al consejo constitucional principalmente, pero tambiṕen al país”; esto versus la opinión académica y política de la Universidad o de sus integrantes cada integrante. “Lo que viene ahora es la academia y la política con distintas lecturas de estos resultados”, concluyó.
Tiempos de “devolución”
Dado el valor del informe y el mandato constitucional, la Secretaría de Participación Ciudadana (SPC) tuvo una estrategia de devolución de este contenido a los participantes que comenzó el 21 de julio, jornada en que se expusieron los resultados preliminares ante el pleno del Consejo Constitucional. La semana del 24 de julio, las y los encargados de mecanismos se reunieron en sendas reuniones de trabajo con las cuatro comisiones. Durante las semanas siguientes, también los centros de pensamiento fueron invitados a deliberar sobre la voz de la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil tomaron la posta para potenciar la incidencia de sus respectivas causas.
La última semana de septiembre fue el periodo en que la SPC visitó distintas universidades regionales para dar cuenta sobre los puntos salientes, intercambiar opiniones sobre la contingencia local con académicos como también con expositores de audiencias y participantes de otros mecanismos. Los comunidades visitadas fueron: Universidad de Antofagasta, Universidad de Valparaíso, Universidad de Concepción y Universidad Católica de Temuco. El jueves 28 fue el momento de exponer ante el Consejo de Rectores reunidos en la Universidad de La Frontera y al día siguiente se culminó con un seminario académico, donde participaron la decana de la universidad Adolfo Ibáñez, Isabel Aninat, y el investigador de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes, en la Biblioteca del Congreso Nacional.
