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Archivo FECH presenta propuesta para garantizar constitucionalmente el derecho a la información en materia de derechos humanos

Documento del Archivo de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (AFECH) y del Seminario Interdisciplinario Sobre Archivos en Chile (SIAC) es parte del repositorio de UChile Constituyente y fue presentado ante la Convención Constitucional

¿Cuántas causas podrían haber sido abiertas y cuántas otras podrían haber sido resueltas si el Estado hubiese permitido el acceso a los archivos que entregaban información crucial acerca de las violaciones a los Derechos Humanos sufridas por sus propios ciudadanos? Es una de las preguntas centrales del documento del Archivo de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (AFECH) y del Seminario Interdisciplinario Sobre Archivos en Chile (SIAC), que establece principios centrales en torno a la relevancia que tiene el archivo histórico y de memoria en materia de derechos humanos. El texto fue presentado en agosto pasado ante la Comisión de Derechos Humanos, Verdad histórica y Bases para la Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición de la Convención Constitucional, instancia que será una de las encargadas de revisar cómo se consagrarán los derechos humanos en el nuevo texto constitucional.

Ante dicha comisión expuso Claudio Ogass en representación del Archivo de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y del Seminario Interdisciplinario sobre Archivos en Chile (SIAC), y tuvo como fin exponer la relevancia de esta temática con el objetivo de que se garantice el derecho de acceso a la información, el derecho a la verdad y el derecho a la memoria para crear una verdadera cultura de respeto a los Derechos Humanos en la nueva Carta Magna.

En esa línea, la AFECH plantea que la necesidad de consagrar el derecho a la verdad, a la memoria y a la justicia pasa por garantizar que toda la información sobre la represión y violaciones a los Derechos Humanos sea, por rango constitucional, de acceso público, para que sea recuperada y esté disponible para las víctimas y la ciudadanía en general. De este modo, leyes vigentes tales como la 18.771 y la 19.992 pasarían a ser incompatibles con una nueva Constitución fundada en estos principios. Además, sentaría un precedente relevante para garantizar que estos hechos no se repitan en el futuro.

En su exposición se agrega que “el ocultamiento y eliminación de los archivos ha bloqueado el conocimiento del pasado, vulnerando el derecho a la verdad en su dimensión colectiva e individual, para combatir el olvido, y ha favorecido la impunidad jurídica al impedir la generación de una lista de personas e instituciones oficiales responsables de los crímenes en dictadura. Desde nuestra perspectiva, además, los sucesivos gobiernos del periodo postdictatorial se dedicaron a administrar la herencia y el legado de Augusto Pinochet, sin promover un momento refundacional del país que estableciera principios éticos y políticos para establecer la completa verdad sobre los crímenes y avanzar en justicia penal y no meramente simbólica o reparatoria”.

Cabe destacar que la Comisión de Derechos Humanos, que se instaló en medio de la discusión del reglamento de la Convención, continuará funcionando con el objetivo de entrar al fondo del contenido constitucional en materia de derechos humanos y cómo quedará consagrado en la nueva Carta Fundamental.

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