En las próximas semanas: Convención Constitucional alista fórmula para su instalación formal

Académicas de la Universidad de Chile explican cómo debería ser el inicio de los trabajos de los y las 155 constituyentes que está pronto a partir. En #ClavesConstituyetes, los especialistas señalan que si bien el Gobierno es el encargado de prestar apoyo técnico, serán los constituyentes quiénes finalmente decidan su propia forma de instalación y funcionamiento.

Llegó el día. Ya queda cada vez menos para hacer realidad un hito que por décadas estaba en el imaginario colectivo y que —tras el estallido social del 18 de octubre de 2019— comenzó a transformarse en algo concreto y real: el cambio de la nueva Constitución mediante una Convención elegida democráticamente. La pandemia afectó los plazos originales, pero hoy el país ya está ad-portas de vivir el histórico momento cuando las y los 155 constituyentes tomen sus puestos y den inicio a este esperado proceso constituyente. Serán 9 a 12 meses de diálogo y debate para dar vida a un nuevo texto constitucional.

¿Cómo será este proceso de instalación? Esa es la pregunta que ronda por estos días. Siguiendo los plazos establecidos, esta semana el Tribunal Calificador de Elecciones ratificó el proceso eleccionario del pasado 15 y 16 de mayo. Ahora, el presidente de la República, Sebastián Piñera, debe ser notificado, y una vez que ello ocurra —en un plazo de 3 días— debe hacer la convocatoria oficial para la instalación de los y las constituyentes. Luego de que dicha convocatoria aparezca en el Diario Oficial, en un plazo máximo de 15 días, la primera sesión oficial de la Convención sería una realidad. Todo indica que ello debiese ocurrir en las primeras semanas de julio.

¿Cuáles serán las primeras decisiones de la Convención?

En este proceso inicial, el actual Gobierno -según la norma vigente- está participando mediante una Secretaría Técnica creada por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, cuyo objetivo es brindar apoyo técnico y administrativo a esta primera etapa de instalación de la Convención, que físicamente llevará a cabo sus labores en el Palacio Pereira y en las dependencias del ex Congreso. Pero, tal como aclara la jefa de la carrera de Ciencias Políticas del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile, Claudia Heiss, la toma de las principales decisiones está en manos de los y las constituyentes:

“Lo que dice la Ley 21.200, textualmente, es que la Convención debiera constituir una Secretaría Técnica, la que será conformada por personas de comprobada idoneidad académica y profesional y después —agrega— corresponderá al Presidente de la República o a los órganos que este determine prestar el apoyo técnico administrativo y financiero que sea necesario para su instalación y funcionamiento. Lo que entiendo de ese párrafo es que el Presidente de la República tiene que prestar ese apoyo para darle, de alguna forma, el puntapié inicial a la instalación y puede generar algún apoyo, siempre que la Convención quiera. Me parece que esta cláusula no se puede leer como una manera de intervenir del Presidente en el trabajo de la Convención y, en ese sentido, creo que lo más importante es que quede claro que este apoyo técnico y administrativo no significa intervención, ni designar a las personas”, afirma.

Por su parte, María Cristina Escudero, también académica del INAP, complementa cuáles serán los primeros puntos que los y las Constituyentes deberán definir. “La primera etapa de la Convención, como en todo órgano colegiado, tendrá un período de ajuste, en los cuales se van a conocer, se van a instalar, van a decidir qué tipo de trabajos van a hacer, si lo harán en comisiones, plenarias, los temas, y de qué forma se asignarán los grupos de trabajo, la forma en que se tomarán las actas, varias cosas que son de organización, pero que se irán ajustando. ¿Qué dice la Constitución?, que el Ejecutivo va a colaborar con las instalación de la Convención, pero no determinará nada de su funcionamiento, nada de contenidos sustantivos. Lo que puede hacer el gobierno es proveer de recursos para que la convención pueda funcionar e instalarse. Ese es su rol”, dice.

¿Debe haber ceremonia?

Otro tema que ha estado en la agenda, y que si bien puede ser visto como algo formal, no deja de tener relevancia, es la ceremonia de instalación, un hito que pasará a la historia y ya se está pensando en cómo debiese ser.

Al respecto, Heiss afirma que “el gobierno debe entregar las facilidades, pero considerar lo que la Convención misma quiera hacer para ello. Sería bueno que haya un acto simbólico de inicio de los trabajos. Sobre la pregunta de quién debiese encabezarlo, ha habido una discusión en la prensa, se ha hablado de cómo se instauró el Congreso el año 90, donde se eligió a la persona de mayor de edad. La norma dice que la Presidencia la elige la propia Convención, y ella misma debiese decidir que este acto sea encabezado por la persona que ellos elijan”.

¿Será suficiente el presupuesto?

Los recursos son otro tema que ha generado debate en torno a si serán o no suficientes. El presupuesto para la Convención Constitucional en el 2021, aprobado en la tramitación de la Ley de Presupuestos de este año, asciende a $6.708,25 millones de pesos. Montos que serán distribuidos de la siguiente forma:

• Retribución constituyentes, sueldos integrantes de secretarías técnica y de apoyo, y remuneración de expertos por un monto de $3.753,33 millones de pesos de 2021
• Asignaciones para los constituyentes electos por un monto de $1.407,46 millones de pesos de 2021
• Habilitación de Salón de Honor del Ex congreso Nacional por un monto de $854,66 millones de pesos de 2021.
• Participación ciudadana y difusión por 500 millones de pesos de 2021.
• Inicio de actividades y funcionamiento de la convención por un monto de $192,8 millones de pesos de 2021,

Para la académica Claudia Heiss el foco del presupuesto debiese estar puesto en el ítem participación ciudadana. “No sé si la manera de entregar mayores montos a asesores, abogados, periodistas, sea la manera de abordar la necesidad ineludible de recursos que se necesitarán. Creo que si queremos que este sea un proceso participativo e inclusivo hay que pensar en mayor gasto para participación. Eso podría ser un ítem que viniera con ese nombre, no a discrecionalidad de los y las convencionales, sino que, a permitir mecanismos de participación ciudadana, plataformas para recoger propuestas, visitas a terreno, reuniones con organizaciones civiles. Los montos que se han considerado inicialmente no contemplan el gasto necesario para esta participación realmente masiva”, comenta.

María Cristina Escudero agrega que es probable que los recursos sean insuficientes: “El Ejecutivo estableció un presupuesto en la Ley para su funcionamiento en asesorías que no es muy elevado. Probablemente, cuando se organicen, será una solicitud al Ejecutivo o al Congreso, pero de todas maneras, toda Ley que arroga gastos es de iniciativa del Ejecutivo”, explica.

¿Cuánto tiempo debiese durar la discusión del Reglamento?

9 a 12 meses debiese durar el período completo de la discusión constitucional, lo que incluye el debate por su reglamento. Es decir, las reglas y normas con las cuales funcionará la Convención. En países como Bolivia este proceso tardó 7 meses. En Chile, existe un alto grado de consenso que, si bien la Convención debe definir sus tiempos, estos no pueden ser muy largos. Al respecto, Heiss explica:
“Es bien difícil establecer plazos en el papel; uno puede decir que sea 1 mes como máximo, pero es complejo limitarlo de manera formal. Si creo que es importante que las y los convencionales conozcan experiencias donde efectivamente la discusión del reglamento ha entrampado mucho el proceso. Con la intención de que en 1 año esté lista la nueva Constitución, si se demoran más de 1 mes en el reglamento es difícil que en un año puedan hacer todo el trabajo. Pensar en 1 mes que se impongan a sí mismo sería una buena idea, pero es resorte propio de su toma de decisiones”, recalca.

María Cristina Escudero, en tanto, concuerda en que esta discusión debe tomar poco tiempo. “Ojalá la discusión del reglamento sea breve, no tome mucho tiempo. Para eso debiesen abocarse a las cosas rápidas: reglamento de debate, el tipo de comisiones, los mecanismos de participación ciudadana, mecanismos de resolución de conflictos, si las discusiones serán públicas o privadas. Podría producirse un estancamiento en algunos temas y prolongarse esta discusión, pero nada impide que se tomen algunos acuerdos básicos, para comenzar y después se puedan complementar con otras cosas. Ahora no hay un tope de tiempo, eso lo establecerá la propia Convención, pero ojalá sea breve”, finaliza.

Victor Hugo Moreno Soza
UChile Constituyente