Equilibrio entre poder legislativo y ejecutivo y rol de los partidos marcan debate sobre sistema político

Este miércoles, vía streaming, se desarrolló el segundo encuentro de Sala Constituyente, serie de nueve seminarios organizados por UChile Constituyente, junto a la Fundación Max Planck y el Instituto Desafíos de la Democracia, para informar, explicar y debatir sobre los principales contenidos de la propuesta de nueva Carta Fundamental. En esta oportunidad, el espacio abordó los alcances de las normas referidas a régimen político y participación ciudadana.

Las normas contenidas en los capítulos IV, VII Y VII referidas a participación democrática, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo fueron el foco del segundo encuentro de la serie de seminarios “Sala Constituyente, diálogos al alero de la Chile”, una iniciativa organizada por UChile Constituyente, junto a la Fundación Max Planck y el Instituto Desafíos de La Democracia. Estos contenidos fueron bautizados como la “sala de máquinas” dentro de la Convención Constitucional, pues a partir de ellos se dibujaría la forma que tendría la institucionalidad política para Chile, expresada en la propuesta de Constitución. El tema, que generó un amplio debate durante este año, fue abordado en el encuentro desarrollado este miércoles. 

En la instancia participaron con sus análisis y reflexiones el académico de la Facultad de Derecho y ex ministro del Interior, Mario Fernández; junto al profesor de la misma unidad académica, Enrique Navarro; la académica de la Facultad de Gobierno, María Cristina Escudero; la historiadora e integrante de la Red de Politólogas, Camila Vergara; y el investigador de la Fundación Max Planck, Francesco Biagi.

El sistema político expresado en la propuesta de texto ofrece grandes cambios y novedades. Entre ellos, el más significativo es la eliminación del Senado, que sería reemplazado por la Cámara de las Regiones. Pero también está presente un nuevo capítulo única y exclusivamente dedicado a las formas de participación democrática de las y los ciudadanos dentro del aparato político, entre ellas, la norma que establece la iniciativa popular de ley. 

La mayor parte del debate estuvo centrado en cómo había quedado definida esta forma de bicameralismo asimétrico. El texto instituye una Cámara de Diputados y Diputadas y una Cámara de las Regiones, en un modelo de presidencialismo atenuado, que se vería reflejado en un Poder Ejecutivo que perdería algunas atribuciones, como la iniciativa exclusiva sobre temas presupuestarios, compartiendo ahora ese rol con la renovada Cámara de Diputados. 

¿Un Presidente menos fuerte?

Al inicio, el profesor de Derecho Constitucional Comparado del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Bolonia e investigador asociado de la Fundación Max Planck, Francesco Biagi, expuso un marco general sobre el sistema político que se propone en el texto desde un punto de vista comparado. A partir de este, describió a la propuesta de nueva Constitución chilena como similar a la Constitución de 1980 en temas de régimen político, al establecer ambas un marcado carácter presidencialista. “La nueva Constitución introduce solo marginalmente elementos de atenuación. El régimen político sigue siendo bastante centralizado, sin ninguna evidente discontinuidad al sistema actual”, afirmó.

“El Presidente, según lo que establece la propuesta de Constitución, sigue siendo jefe de Estado y jefe de Gobierno. De hecho, los ministros que integran el Gobierno son simplemente ejecutores de las políticas definidas por el Presidente. Por ello, son calificados como colaboradores directos e inmediatos del Presidente”, agregó. Tras su presentación, se dio paso a un panel de debate en donde se abordó la conformación del sistema político, cómo dialogarán las diferentes instituciones del Estado y las formas de participación ciudadana. 

Al respecto, María Cristina Escudero, académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, explicó que la propuesta de Constitución mantiene la idea de un presidencialismo que se podría llamar  atenuado. “Creo que sí hay ciertos avances en que lo atenúan un poco, especialmente en las facultades colegisladoras, porque el Congreso tiene mayores facultades co-legisladoras ahora que en la Constitución del 80, y esto -desde el punto de vista de la ciencia política- podría forjar incentivos para un fortalecimiento de la Cámara de Diputados y Diputadas y también de la Asamblea Regional, porque obliga a tener una mayor capacidad para generar leyes y liderarlas. De hecho, el texto se preocupa de establecer una Secretaría Técnica, una Unidad Técnica, una Secretaría Ejecutiva y una Secretaría de Presupuestos, dando la idea que en realidad quiere que este Congreso tenga una mayor incidencia”, afirmó.

Por su parte, Camila Vergara, periodista e historiadora e investigadora de la Universidad de Cambridge., destacó que si bien hay normas que contemplan la participación ciudadana, esta al no ser vinculante dificulta el reparto del poder. “La participación popular no pudo compartir el poder legal, ya que la iniciativa que se aprobó es no vinculante, o sea, una sugerencia, poner en la agenda legislativa que puede ser revisada o modificada. No podemos hablar de que la ciudadanía va a compartir este poder legislativo con la Cámara, ya que como hemos visto en casos como la Constitución de Ecuador, ha habido tantas iniciativas populares de ley y ninguna ha prosperado en el Congreso, por lo que es casi un saludo a la bandera”, comentó. 

Enrique Navarro, académico del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Chile, señaló que las atribuciones atenuadas del Presidente, sobre todo en materia económica, requerirá de una gran dosis de acuerdos, lo que es un desafío. “El rol del Ejecutivo se va a atenuar y creo yo que va a requerir una situación de bastante negociación y acuerdos, porque evidentemente esta materia no va a ser fácil si yo no tengo una mayoría en el congreso de diputadas y diputados. El proyecto por primera vez modifica una tendencia de casi un siglo de aumentar la iniciativa exclusiva en materia económica y obligar a que estas materias sean consensuadas”, sostuvo. 

En tanto, el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y ex ministro del Interior, Mario Fernández, destacó a lo largo de sus intervenciones que el problema que observa en el sistema propuesto es que tanto el Poder Ejecutivo como Legislativo se trató de forma separada al Estado Regional, lo que dificultará su coexistencia, junto a la poca relevancia que se le dio a los partidos políticos. En ese sentido, dijo que “la Convención no abordó como un todo el sistema político y forma de Estado (…). La cooperación entre los poderes habrá que irla observando en la práctica, pero hay incentivos para que sí lo hagan: el primer incentivo es que sean equilibrados, si uno se impone sobre el otro, no se podrá llevar a cabo la colaboración, pero ese equilibrio está confuso. Hay dos cámaras que son muy distintas entre sí, como se ve en el texto. ¿Con quién deberá colaborar el Ejecutivo, con el Congreso de Diputados y Diputadas o la Cámara Regional?, pero también están los gobiernos regionales y locales. Cuánto queda ahí de gobierno central, creo que no tanto, y no lo veo como algo negativo, es una descripción”, indicó. 

El exministro agregó que la falta de los partidos políticos en la propuesta es un problema. “No hay mayorías ni minorías claras en el Congreso de Chile, y ese es un problema, porque no se integró a los partidos políticos ni al sistema electoral en la propuesta de Constitución La participación ciudadana es uno de los logros de esta convención, tiene un capítulo completo que le da un estatus que lo honra, pero habría que haberles dedicado un espacio a los partidos políticos”, puntualizó. 

El próximo miércoles a las 12:00 horas se vivirá un tercer encuentro, esta vez para explicar y debatir en torno a las normas referidas a medio ambiente.