Organizaciones de la sociedad civil entregan 11 propuestas educativas a la Convención Constitucional

Las propuestas, emanadas del proceso de diálogo impulsado por la Universidad de Chile y la Universidad Católica «Tenemos Que Hablar de Chile», fueron entregadas a la presidenta del órgano constituyente, Elisa Loncon, en un acto realizado en el Instituto Nacional General José Miguel Carrera. El documento plantea, entre otros aspectos, la necesidad de reconocer a la educación como un derecho social y un bien público.

Más de 7.800 estudiantes (desde niños y niñas de jardines infantiles hasta alumnos de enseñanza media), profesores, educadores de párvulos, apoderados y asistentes de la educación participaron en la elaboración de una propuesta educativa para la Convención Constitucional. El trabajo fue elaborado a partir de una serie de encuentros desarrollados en el marco de la iniciativa “Tenemos que Hablar de Educación”, proyecto impulsado durante 2020 por Acción Colectiva por la Educación, conglomerado que reúne a 25 organizaciones de la sociedad civil comprometidas con una educación de calidad, equitativa e inclusiva.

El documento de análisis y reflexión sobre los desafíos del sistema educativo chileno fue entregado a la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, y a la vicepresidenta adjunta del órgano, Lorena Céspedes, durante una ceremonia realizada en el Instituto Nacional General José Miguel Carrera. La actividad, además, contó con la presencia del Rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ignacio Sánchez; del prorrector de la Universidad de Chile, Alejandro Jofré; y de líderes de Acción Colectiva por la Educación. 

“Para la Convención Constitucional, esto es lo que esperamos de la ciudadanía: propuestas y discusiones realizadas por distintos sectores. El mandato para nosotros es tener que hablar de educación transversalmente entre todos los pueblos, todas las naciones, incorporando conceptos que ya se están instalando en la Convención Constitucional, como la paridad, plurinacionalidad, descentralización o derechos de la madre tierra. Todo se articula con esta educación que buscamos, una revolución pedagógica para levantar nuestra condición de personas”, afirmó la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon.

Entre las 11 propuestas presentadas, destaca la de consagrar a la educación como un proceso de aprendizaje permanente que tiene como finalidad el desarrollo integral de las personas. En materia de cobertura, en tanto, se plantea la necesidad de reconocer a la educación como un derecho social y un bien público. En la misma línea, se propone que el Estado debe ser garante del derecho a la educación, financiando desde la sala cuna hasta la educación superior. Asimismo, es responsable de manera preferente de la oferta pública, ampliando su alcance, convirtiéndose en un referente de una educación integral e impulsando una oferta descentralizada y adecuada a los diferentes contextos territoriales.

Por otro lado, en relación a la libertad de enseñanza, se sugiere que el Estado garantice el derecho a la educación independiente a través de proyectos educativos interculturales y plurilingües, velando por que cada establecimiento cumpla con los estándares de calidad exigidos por la ley. Por último, se sostiene que la Constitución debe reconocer el rol central de los docentes para asegurar la calidad de enseñanza y garantizar condiciones laborales justas y formación continua.

“Desde Acción Colectiva, esperamos que la redacción de la nueva Constitución dé al derecho a la educación la relevancia que merece, pues es fundamental para el desarrollo individual de la ciudadanía y la construcción social del país. Además, buscamos que se recoja el principal trasfondo de las propuestas: avanzar a una revolución pedagógica, que ponga a los estudiantes en el centro del proceso educativo, y aseguremos a una educación de calidad, integral, inclusiva, gratuita y equitativa”, destacó el director ejecutivo de Elige Educar y representante de Acción Colectiva por la Educación, Joaquín Walker.

Este proyecto se enmarca en el proceso de diálogo “Tenemos que Hablar de Chile”, una plataforma de encuentro colaborativo de incidencia ciudadana impulsado por la Universidad Católica y la Universidad de Chile. “Quiero destacar la participación de los actores de las comunidades educativas. Las propuestas que se entregan son concretas en términos de una educación pública, propuestas que buscan una educación integral, una educación que considera la inclusión de todas las personas. La entrega de estas propuestas marca un hito muy importante de participación y de aporte a la Convención Constituyente”, destacó el rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez.