Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Propuesta de Acuerdo Social (PAS) apuesta por rol activo del Estado para garantizar el derecho a la vivienda y la ciudad

Espacio público, movilidad, vivienda social y descentralización son los principales temas que abordó la Mesa Territorio de la Propuesta de Acuerdo Social (PAS) liderada por la Universidad de Chile. El coordinador de la instancia y académico de la Facultad de Arquitectura de nuestro plantel, Alberto Texido, explica el enfoque que debiese tener la nueva Constitución para las materias que tengan que ver con la ciudad y con una visión que acabe con la segregación urbana.

Una revalorización activa de lo común, que garantice niveles de bienestar y calidad de vida a toda la población, es la principal conclusión a la que llegó la Mesa de Territorio conformada en el marco del trabajo desarrollado por la Universidad de Chile en la Propuesta de Acuerdo Social (PAS). En esa línea, el texto expresa la necesidad de contar con una mayor y más eficiente rol del Estado en la planificación de las ciudades y los territorios en materias como el acceso a viviendas sociales, sistemas de transporte y uso del espacio público, con el objetivo central de terminar con la fuerte segregación existente en muchos lugares y generar las condiciones para la concreción de una verdadera y real integración social.

El documento establece algunos ejes y principios en vías de alcanzar un desarrollo de las ciudades y territorios equitativo, justo y sin los altos niveles de segregación existentes. Ante ello, plantea implementar distintos instrumentos de planificación y regulación no solo en el diagnóstico, sino también en la detección de necesidades y en la forma de solución, estableciendo procedimientos multidisciplinarios y participativos en la implementación de distintos proyectos urbanos y de infraestructura, que reconozcan debidamente sus contextos y que beneficien a sus entornos más allá de solo su función inicial, como una forma de que la ciudadanía sea un actor principal en construcción de sus espacios.

Además, el documento establece que la importancia de incorporar el enfoque de género en las políticas públicas en el ámbito de movilidad y una perspectiva de urbanismo situado, acorde a la realidad latinoamericana y local de las ciudades. Específicamente en vivienda, propone también generar políticas de vivienda social que contrarresten las lógicas de mercado, y que consideren a sus habitantes como actores fundamentales de su formulación e implementación. Junto a esto, plantea un giro al actual rol subsidiario que brinda el Estado para la implementación de este tipo de proyectos. Por otra parte, para reforzar la construcción de nuevos espacios públicos, la Mesa propone aumentar la inversión aprovechando la ley de aportes u otros instrumentos, incluyendo los parques urbanos de dependencia ministerial.

El académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la Universidad de Chile y coordinador de la Mesa, Alberto Texido, explica que en este trabajo se logró generar un consenso en torno a lo común en el territorio y cómo poder generar ciudades que dialoguen con una visión de sustentabilidad medio ambiental, económica y social. “La lógica de lo común implica la necesidad de resolver gran parte de nuestras brechas, respecto a la segregación y, por tanto, de integrar en la ciudad las oportunidades, la calidad de los espacios, el acceso al trabajo y al estudio que una ciudad equitativa logra, haciendo accesibles sus beneficios y oportunidades para muchos más. Y, en esa lógica, es fundamental entender que, por ejemplo, en el caso de la vivienda —que es como el objeto final de este estudio— hay un desafío en su correcto diseño como vivienda, como entorno, mientras que en el emplazamiento aparecen otros desafíos que parecen pertinentes en torno a la vivienda social bien diseñada, bien emplazada”, detalla.

Texido enfatiza la relevancia de avanzar en el combate a las desigualdades que se generan en los territorios y propiciar una mayor integración social. “Si entendemos que la ciudad es la materialización de la sociedad que la construye, veremos en ella, también, sus oportunidades, pero además sus desigualdades y desequilibrios. Por tanto, en la lógica de la planificación, el diseño, la intervención de la ciudad y el territorio hay una oportunidad permanente de ir corrigiendo esos desequilibrios. En ese sentido, el espacio público, la movilidad y la integración social son parte de esas acciones que hoy debemos seguir empujando. En el espacio público, la aparición de mejores espacios en las ciudades, financiados desde el Estado central, ya va mostrando cómo riberas de ríos, grandes parques urbanos, bordes costeros, permiten hoy distribuir la equidad del espacio público como un espacio en que todos somos iguales, como un motor de encuentro, una posibilidad de que estos espacios bien diseñados, bien equipados lleguen a la mayor parte de la población”, comenta.

Agrega, además, que una mayor integración social permitirá terminar con los bolsones de pobreza y riqueza de una ciudad segregada. “En cuanto a la integración social o la participación ciudadana en la toma de decisiones, incluyendo con ello a los gobiernos locales, hay avances importantes, donde aparecen políticas públicas que -a través de uso de suelo público- pueden ir resolviendo correctos emplazamientos de viviendas de interés social, que conviven con diversidad social y no generando ni bolsones de pobreza o riqueza y, por tanto, con ello se logra que la ciudad se complejice”,

Ejes constitucionales

En la Convención Constitucional, que ya está comenzando a entrar en la discusión de los contenidos constitucionales, el territorio -especialmente la vivienda- aparece como una nueva categoría de derechos sociales fundamentales y no solo bajo el concepto del derecho a la vivienda, sino también como el derecho a la ciudad. En ese sentido, el documento establece la necesidad de “incluir el derecho a la vivienda adecuada, el derecho a la ciudad y otros derechos vinculados al territorio, haciendo un especial énfasis en establecer formas en que esos derechos se ejercen, estableciendo puntos de llegada y de partida”, en el debate de la nueva Constitución.

El académico de la FAU explica que, en esta nueva perspectiva de derechos fundamentales, orientados hacia la ciudad, el Estado debe jugar un rol preponderante. “Respecto a la Constitución, aparecen muchos derechos y deberes y, en ese sentido, hay tres puntos interesantes: la descentralización, el suelo público y reemplazar el rol subsidiario del Estado por uno más activo, con la capacidad de planificar, intervenir y generar criterios de transporte sustentable, espacios públicos adecuados e integración social en las viviendas. El Estado tiene un rol clave que jugar respecto a su correcto fomento”.

Respecto a la descentralización, agrega, “la distribución de equipamiento o acceso al transporte público debe avanzar junto al nuevo liderazgo de los gobernadores locales para que progresivamente se vaya descentralizando la toma de decisiones y sus presupuestos respectivos, ya que muchas de las actividades económicas que benefician al centro se producen en territorios que no reciben esos beneficios. En cuanto al suelo público, entender que muchas de las acciones del Estado son intervenciones de tipo estructural: Metro, carreteras, pero implica entender que el suelo púbico tiene un valor que debe ser aprovechado —también por esa condición pública— y hay muchas ciudades donde se pone en valor el suelo fiscal a la vista, y que con ello se puede dar solución al gran déficit habitacional que hoy día tenemos. Por último, el rol activo de Estado, y no subsidiario, aparece la lógica de un Estado que sea capaz de promover la vivienda, no solo en subsidios o construcción por privados, y más allá de la vivienda, también de ciertas infraestructuras y equipamientos que le den soporte”, finaliza.

Por Víctor Hugo Moreno

Ir al contenido