U. de Chile entrega apoyo técnico a convencionales de pueblos originarios y resguardará memoria de este histórico proceso

La Plataforma Constitucional Indígena fue creada para prestar apoyo a los 17 representantes de los pueblos originarios que están presentes en la Convención Constitucional. Salvado Millaleo, profesor de la Facultad de Derecho y coordinador de la instancia, explica el despliegue de esta iniciativa y entrega luces sobre algunos de los conceptos clave que debiesen emerger como principios constitucionales en la nueva Carta Fundamental en materia indígena.

Un desafío histórico y único en la historia republicana de Chile. Así se puede definir la amplia e incidente participación que están desarrollando los pueblos indígenas en el actual proceso constituyente. Primero fue la instauración de los 17 escaños reservados, y luego la creación de un reglamento propio para ejecutar una consulta indígena que entregue los insumos de contenidos y demandas de los diferentes pueblos de cara a la redacción de las normas constitucionales. Una tarea nada fácil que cuenta con plazos muy acotados y que, además, presenta un grave problema: la falta de recursos.

La Universidad de Chile, por medio de la Facultad de Derecho, no quiso quedar ajena a tan relevante debate. Por ello, durante el mes de abril formó la Plataforma Indígena Constitucional, una iniciativa orientada a coordinar el trabajo voluntario de profesoras, profesores y estudiantes de la Universidad para apoyar técnicamente las propuestas de las y los constituyentes indígenas, difundir públicamente sus ideas, articular apoyo, y sistematizar la memoria de la intervención de las y los constituyentes indígenas en la Convención Constitucional, una tarea que busca generar un amplio registro de este proceso histórico.

El profesor de la facultad de Derecho y doctor en sociología, Salvador Millaleo, es experto en temas de pueblos indígenas y derechos humanos, y es uno de los impulsores de este proyecto. Los salones del edificio del Ex Congreso (lugar donde sesiona la Convención) ya se están acostumbrado a su presencia: en 5 ocasiones ha asistido para exponer ante las diferentes comisiones temáticas, instancias que ha compartido, también, con la docente del Instituto de Asuntos Públicos, Verónica Figueroa Huencho.

El profesor Millaleo explica el origen de esta iniciativa, destacando la relevancia que tiene para apoyar la participación de los pueblos originarios en el desarrollo de este momento consituyente.

“La plataforma nace de un acuerdo de la Facultad de Derecho y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), preocupada por apoyar a los escaños indígenas en una tarea muy relevante. Es la primera vez que un proceso constituyente se discute, se delibera y en el que estarán presentes los pueblos originarios, en la institucionalidad del Estado. La tarea es fomentar un pacto entre los pueblos originarios y el Estado para resolver y contribuir a los problemas de relación que existen entre estas partes. La idea es tratar de movilizar los recursos de conocimiento, de apoyo, con el objetivo de hacer lo posible para que esta tarea resulte bien; por eso hay un compromiso de tratar de dar apoyo técnico, en difusión de la propuestas de los constituyentes indígenas, en lo que ellos comuniquen, articular seminarios académicos nacionales e internaciones y generar una memoria sobre la participación de los pueblos indígenas en el proceso. Con esa tarea, lanzamos la plataforma en abril, y fuimos construyendo una iniciativa en donde hemos estado contribuyendo en temas técnicos y -también- como un gran canal de difusión de lo que los constituyentes están trabajando”, explica.

Los nudos de la Consulta Indígena

Uno de los elementos centrales de este proceso constituyente y los pueblos indígenas es la elaboración de una consulta que recoja el pensamiento de los pueblos para que sus ideas y demandas puedan convertirse en normas constitucionales. Sin embargo, este proceso cuenta con plazos acotados (debe realizarse entre diciembre y febrero) y no existen los recursos necesarios para hacerla. De hecho, la presidenta de la Convención, Elisa Loncon, reconoció la semana pasada que la consulta corría serio “riesgo” de no llevarse a cabo.

Millaleo ve complejo el escenario, sobre todo por la falta de voluntad del Gobierno y del Congreso por sacar adelante este proceso, y cree que ha habido un intento por sabotearlo:

“Acá hay un dato fundamental: este proceso de consulta indígena nace de un acuerdo de la Convención, está en el reglamento. Sin embargo, ni el Gobierno, ni el Congreso destinaron recursos para que pudiese hacerse efectiva. Es una consulta que se tiene que hacer, pero está sumamente estrangulada en la medida que no existen esos recursos. Por ejemplo, el constituyente y ex ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, expuso los costos que tuvo el proceso constituyente de Bachelet, y hoy no existen esos recursos. Ese problema será difícilmente resuelto a través de pura cooperación voluntaria, ese es un gran problema. Incluso con un cambio de gobierno tampoco se resolvería, porque entraría en marzo. Esto se enmarca en el sabotaje que le ha hecho el Gobierno actual al proceso constituyente. La verdad no se ve bien el tema. Ahora, hay un documento base que se aprobó y -a partir de ahí- tiene que generarse todo un proceso de creación de materiales pedagógicos y de difusión. Pero la pregunta es cómo se hace si no hay un proceso de información a las comunidades. De todos modos, se tiene que hacer la consulta, pero en condiciones muy reducidas”, sostiene.

La consulta dispone de un documento base que servirá de insumo para plantear los temas a los pueblos indígenas. No se les consultará por normas para que aprueben o rechacen. “Las consultas no son plebiscitos, ni son encuestas, no es que se pregunte si o no, tiene que haber una apertura para la reflexión y al final se acordó un documento base con esas características”, explica Millaleo.

Algunos conceptos Clave

Sobre Plurinacionalidad

“Más allá de la definición, la idea es igualar las condiciones de un grupo o varios grupos que han sido oprimidos por otros, producto -en este caso- por la colonización. Como las naciones indígenas han sido olvidadas, la idea es garantizar nuevos derechos hacia las comunidades, hacer posible o vigilar que eso se cumpla, y eso se produce repartiendo el poder hacia estos grupos a través de diferentes métodos, como escaños en el Congreso o garantías de autonomías indígenas. Esas son las implicancias fundamentales sobre la plurinacionalidad: establecer un sistemas de derechos para pueblos indígenas e instituciones que debiesen compartir el poder”.

Sobre autonomía de gobierno

“La idea es que en territorios ancestrales donde existe presencia de pueblos indígenas, estos puedan -a través de sus autoridades- tomar decisiones propias que sean reconocibles como ejercicio del poder público. Esto no tiene que ver con una división del Estado, sino que es un poder público que se pueda reconocer como delegados del Estado en algunos aspectos. La autonomía se refiere a construir espacios donde las formas indígenas puedan ser conservadas, donde los pueblos tengan capacidad de decisión en temas que los afecten, y donde pueda haber acciones de convivencia en que los pueblos indígenas también pueden incidir aportando regulación. La idea es que los pueblos indígenas se transformen en reguladores de lo que pasa en sus territorios. Esto es algo que existe en muchos países: Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Ecuador, Panamá. Hay una experiencia acumulada. Hay que ver cómo se organiza este poder, porque hay pueblos que están concentrados, mientras que otros están más repartidos en el territorio, como el pueblo mapuche. La idea es generar espacios amplios, para establecer el desarrollo en los pueblos, el debate es cómo generar esa autonomía que vaya en beneficio de los pueblos».

Sobre devolución de territorios

«Es un derecho humano que los pueblos indígenas tengan derecho sobre sus tierras ancestrales y, si las han perdido, tienen derecho a recuperarla. Es un deber del Estado hacer posible esa recuperación. Eso, probablemente, quede consagrado en la Constitución. Ahora, el mecanismo específico por el cual esto se produce no es materia constitucional, sino de ley. Hoy existe un sistema de compra de tierras que está en la ley indígena, pero que no ha funcionado. Pero con la nueva Constitución deberían quedar nuevos mecanismos para concretar ese derecho a las tierras ancestrales. Hay países, por ejemplo, que tienen instancias judiciales especiales para ello, como en Nueva Zelanda».

Por Víctor Hugo Moreno