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U. de Chile presenta documento constituyente sobre derechos de las personas mayores

En el marco del “Día Internacional de las Personas Mayores” y del próximo inicio del debate sobre contenidos en la Convención Constitucional, la Casa de Bello presentó recomendaciones sobre lo principales temas que deben ser considerados para mejorar las condiciones de este segmento de la población.

La Asamblea General de las Naciones Unidas designó en 1990 el 1 de octubre como el “Día Internacional de las Personas Mayores”, fecha establecida con el objetivo de generar conciencia y sensibilizar sobre la realidad de este grupo de la población. En este escenario, y con la intención de aportar al debate constituyente, la Red Transdisciplinaria sobre Envejecimiento (Reden) presentó el documento “Derechos de las personas mayores en la nueva constitución: aportes desde la Universidad de Chile”, trabajo que se enmarca en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la cual fue ratificada el 1 de septiembre del 2017 por el Congreso Nacional de nuestro país.

La iniciativa busca incorporar las voces de la institucionalidad, la academia y la ciudadanía en torno a los derechos de las personas mayores. El trabajo apunta a la posibilidad de repensar los marcos normativos del conjunto de la sociedad, desde la participación ciudadana, a partir del proceso constituyente. Junto a esto, un grupo de estudiantes de la Universidad de Chile realizó el documento “Voces de las personas mayores sobre envejecimiento y nueva Constitución”, que comprende una serie de entrevistas a personas mayores para conocer distintas realidades y perspectivas de otros actores de la sociedad civil.

“Queremos entregar una mirada desde la universidad pública al sistema de envejecimiento, construir una voz ciudadana basada en el respeto y posicionar una nueva perspectiva del ciclo de vida, donde el proceso de envejecer sea parte de un elemento transversal al interior de la nueva Constitución”, explicó Pablo Riveros, jefe de la Unidad de Redes Transdiciplinarias de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile.

Riveros agregó que “uno de los elementos que aparece más invisibilizados son las condiciones en las que se envejece en Chile. Necesitamos que la sociedad sea capaz de asumir y procurar los mejores ambientes de vida, con la mayor dignidad posible, a todas las personas, y eso no excluye a ningún grupo etario. Implica tener salud, educación, cultura, áreas verdes, lugares de esparcimiento. Esto está relacionado con las condicionantes económicas, pero también tiene derivados en la educación, en la imagen social, en la salud y son todos elementos que determinan el bienestar de los ciudadanos y las personas en nuestro país”.

Por su parte, Daniela Thumala Dockendorff, académica del Departamento de Psicología de la U. de Chile e investigadora asociada del Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo (GERO), recalcó que “el envejecimiento de la población en Chile es muy significativo. No somos un país que está envejeciendo, somos un país que ya envejeció. Tenemos tasas muy altas de personas mayores. Esto va a ir en aumento e implica una serie de desafíos para nuestra sociedad”.

De objeto de protección a sujeto de derecho

Siguiendo la huella de tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, resulta fundamental construir normas para grupos de la población específicos. Para ubicar la situación constitucional de las personas mayores en Chile, es necesario profundizar en cómo son entendidos y percibidos estos individuos en el texto constitucional, como objetos de protección o sujetos de derecho.

“En la mayoría de las constituciones existentes, las personas mayores son consideradas como objeto de protección. Esto significa que son individuos que deben ser amparados por el Estado, la sociedad y sus familias. Mientras sigamos, mirando a este grupo como un objeto de cuidado, al que hay que darle y asegurarle servicios y prestaciones, y no como un sujeto de derecho, vamos a caer en lo asistencial. Sin duda, un escenario dañino para su salud mental porque atenta contra un buen envejecer”, explicó Felipe Abbott, subdirector del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile.

El documento constituyente elaborado por los académicos de la Casa de Bello analiza la distinción entre estos dos conceptos. Estas perspectivas contrastan en la medida que el objeto no tiene consciencia de sus derechos y solo experimenta pasivamente las garantías que se proveen, mientras que el sujeto es parte activa de la construcción y el ejercicio de sus derechos.

En este sentido, para Jenan Mohammad, académica del departamento de Fonoaudiología de la Universidad de Chile, la nueva carta fundamental debe transformar el actual contrato social a uno que garantice derechos. “La Constitución actual permite más que nada el crecimiento como modelo político y económico, algo que justamente niega derechos. Entonces, el primer hito es que se pueda avanzar a un Estado y sociedad que garantice los derechos de todos los ciudadanos, incluyendo las personas mayores”. Agregó, además, que “existen muchas deudas relacionadas con la protección y la seguridad social, además, el tema del sistema de pensiones es un eje fundamental a tratar en la nueva Carta Magna, tanto a las personas mayores como a quienes vamos a pertenecer a ese segmento etario en un futuro”.

El edadismo

El edadismo es la discriminación asociada al efectivo ejercicio del derecho de las personas. Esto se manifiesta en dos momentos: al inicio y al final de nuestra vida. En Chile, la vejez está marcada por un fuerte edadismo, que mantiene estereotipos sistemáticos, discriminaciones y actitudes prejuiciosas a las personas solo por su edad.

“En vez de asociar a la vejez como una etapa de la vida, la sociedad castiga y discrimina a las personas mayores en diferentes instancias y esto queda de manifiesto en el cese de sus derechos por parte de la sociedad. La imagen social de las personas mayores se basa principalmente en la compasión. Esto queda de manifiesto en la manera en que nos referimos a ellos. Términos como ‘abuelito’ o frases como ‘hay que ayudarlo porque no entiende’, ratifican la discriminación a la que deben enfrentarse”, enfatizó Daniela Thumala Dockendorff.

Envejecimiento en cifras

La vejez ha sido motivo de amplio debate en la esfera académica y para las políticas públicas. Hace algunos meses se produjo una gran polémica por la intención de la Organización Mundial de la Salud de declarar la vejez como una enfermedad, dentro de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Este hecho fue fuertemente refutado por las comunidades académicas, ya que corresponde a un acto discriminatorio hacia todas las personas mayores, y totalmente contradictorio con la línea de acciones que se ha tratado de impulsar desde los organismos internacionales.

“El hecho que existan más personas envejecidas puede implicar para la sociedad abordar una serie de problemáticas, pero también aportes que podemos recibir de la población mayor. Por eso, preferimos hablar del desafío del envejecimiento”, subrayó Thumala Dockenndorff.

En nuestro país, según las proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas, el número de personas de 65 años y más hacia el 2035 debiera alcanzar el 18,9 por ciento de la población (3.993.821), mientras que para el 2050 se proyecta que haya 177 personas mayores por cada 100 menores de 15 años (INE, 2018). Durante las próximas tres décadas, se prevé que el número de personas mayores en todo el mundo se duplique, llegando a más de 1.500 millones en 2050. El 80 por ciento de ellas, además, vivirá en países de ingresos bajos y medianos.

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