5 claves de la semana constitucional

Ya está listo: son 499 las normas que terminaron de completar el primer borrador de texto constitucional que se presentó esta semana al Pleno de la Convención, en la ciudad de Antofagasta, para que ahora sea revisado por la Comisión de Armonización, en su última etapa de afinamiento de su redacción. Dentro de las últimas normas aprobadas la semana pasada, destacan el derecho a la educación, la creación de una Corte Constitucional y nuevas normas relacionadas a la protección del medio ambiente.

1- 499 normas

El borrador de texto de la nueva Constitución ya cuenta con un cuerpo de 499 artículos repartidos en 49.697 palabras. Con ello, se cerraron 10 meses de debate de normas constitucionales, el que se dividió en 7 grandes temáticas: sistema político, principios, medio ambiente, forma de Estado, justicia, derechos fundamentales y conocimientos y cultura. Cada una de las normas aprobadas, en las más de 50 sesiones plenarias dedicadas a la deliberación y votación de normas, deberá ahora pasar a la comisión de armonización, instancia encargada de revisar y ordenar —en un único texto uniformado— todas las normas ingresadas; muchas de ellas que abordan contenidos similares, pero que fueron aprobadas en informes de diferentes comisiones. Por ello, una de las principales tareas que tendrá esta comisión será la de detectar estas posibles colisiones de conceptos y principios que se puedan dar, para brindarle un sentido común al texto constitucional.  Es por esto que aún estás 499 normas —que ya están disponibles para leer— podrían reducirse o bien sufrir algunas modificaciones en las semanas que vienen, por lo que aún no es el texto definitivo que se entregará al país el próximo 4 de julio con el cierre final del proceso.  

De este modo, esta semana desde la ciudad de Antofagasta -en donde sesionará toda la convención-, se empezará a desarrollar la labor, tanto de armonización como de normas transitorias (encargada de establecer la entrada en vigencia de la nueva Constitución) y preámbulo (encargada de redactar una introducción). Así, desde este 17 de mayo y hasta el 20 de junio las tres comisiones desarrollarán sus labores de deliberación y votación, con el objetivo de enviar sus respectivos informes al Pleno a partir del 9 de junio, fecha en donde esta instancia plenaria volverá a tener el protagonismo, pues cada propuesta emanada de las comisiones tendrá que ser aprobada por los 2/3. La metodología será similar a lo ocurrido con las normas permanentes, es decir, se presenta un informe y lo rechazado puede tener una segunda oportunidad mediante un informe de reemplazo.

2- Últimos derechos sociales al borrador

En esta última semana de plenos, se terminó de completar el capítulo referido a los derechos sociales con normas que aún quedaban pendientes en torno contenidos como la educación, la salud, la vivienda, las pensiones, y los derechos de los trabajadores. A los 16 artículos aprobados en una primera instancia en materia de derechos sociales, se sumaron más de 20 nuevos articulados.

Con respecto a educación, se aprobaron una serie de 4 artículos acompañados de 23 incisos, los que establecen el derecho a la educación, a la libertad de enseñanza y al funcionamiento del sistema de educación. En lo sustantivo, se consagra el derecho a la educación en todos sus niveles, como también se establece la consagración de un sistema de educación pública centrado en las instituciones estatales con la norma que establece que “el Estado deberá articular, gestionar y financiar un Sistema de Educación Pública, de carácter laico y gratuito, compuesto por establecimientos e instituciones estatales de todos los niveles y modalidades educativas. La educación pública constituye el eje estratégico del Sistema Nacional de Educación; su ampliación y fortalecimiento es un deber primordial del Estado”. También, dentro de uno de los temas que causaba cierta incertidumbre, se consagró el derecho a la libertad de enseñanza y de los padres y madres a “elegir el tipo de educación de las personas a su cargo, respetando el interés superior y la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes”, según detalla la norma.

Otro de los derechos estaba en el ojo del debate público era la salud. En ese sentido, a lo ya aprobado en relación con que toda “persona tiene derecho a la salud y bienestar integral, incluyendo su dimensión física y mental”, se agregaron normas constitucionales en torno al funcionamiento del sistema, en base a la instauración de un sistema único nacional de salud, el que también contará con la opción de la atención de clínicas privadas, sin agregarse una norma que buscaba la prohibición del lucro la que fue rechazada. De este modo, el artículo sobre la prestación privada quedó así: “El Sistema Nacional de Salud podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. La ley determinará los requisitos y procedimientos para que prestadores privados puedan integrarse al Sistema Nacional de Salud”. Con respecto a las Isapre, estás deberán, según las normas aprobadas, convertirse en seguros complementarios.

3- Constitución medio ambiental

El último tema revisado por el Pleno, el sábado pasado, se refirió a los temas relacionados a medio ambiente y modelo económico. 43 normas provenientes de la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Comunes Naturales y Modelo Económico fueron ingresadas al texto borrador de la nueva Constitución. Artículos que en su mayoría buscan fortalecer la protección de la naturaleza en sus más diversos ámbitos ante la acción humana. En esa dirección, por ejemplo, en temáticas como el agua se consagró este bien como un derecho humano, restringiendo su uso para otro tipo de actividades, salvo cuando ello sea autorizado por un nuevo órgano público creado que es la Agencia Nacional de las Aguas; mientras que para los recursos mineros, también, se establecieron algunas restricciones para su explotación, dejando fuera de esta línea productiva “a los glaciares, las áreas protegidas, las que por razones de protección hidrográfica establezca la ley, y las demás que ella declare”. Sin embargo, finalmente no se aprobaron las normas que buscaban nacionalizar los recursos mineros, poniendo fin a la actividad privada, norma que ni siquiera alcanzó a llegar al Pleno.

En minería, además, se aprobó un mayor control estatal respecto a la producción y su posible daño al medio ambiente con la norma que dice que el “Estado deberá regular los impactos y efectos sinérgicos generados en las distintas etapas de la actividad minera, incluyendo su encadenamiento productivo, cierre o paralización, en la forma que establezca la ley”.

Mientras que, en materia de modelo económico a lo ya consagrado en torno al principio de modelo solidario, ecológico y pluralista, se agregó una norma sobre el uso portuario que dice que establece que “El Estado tendrá el deber de fijar una Política Nacional Portuaria, la cual se organizará en torno a los principios de eficiencia en el uso del borde costero; responsabilidad ambiental, poniendo especial énfasis en el cuidado de la naturaleza y bienes comunes naturales (…).

Con ello, se dio por cerrado el desarrollo de una de las comisiones en las que más debate hubo, y en la cual finalmente se aprobaron una serie de normas que regularán con mayor detalle cualquier tipo de actividad en orden a la protección de la naturaleza, concepto que quedó establecido, además, como un sujeto de derecho en la nueva Constitución.

4- Los órganos autónomos en Justicia 

El capítulo de los sistemas de justicia también terminó de afinar los últimos articulados que darán vida a un nuevo modelo judicial basado en el pluralismo jurídico y en la consagración de nuevos órganos autónomos como, por ejemplo, el Consejo de Justicia o la Corte Constitucional.

En esa línea, se terminó de configurar el órgano que reemplazará al actual Tribunal Constitucional: la Corte Constitucional, el que se definió como “un órgano autónomo, técnico y profesional, encargado de ejercer la justicia constitucional con la finalidad de garantizar la supremacía de la Constitución, de acuerdo con los principios de deferencia al órgano legislativo, presunción de constitucionalidad de la ley y búsqueda de una interpretación conforme con la Constitución. Sus resoluciones se fundarán únicamente en razones de derecho”. Y que estará integrado por once personas designadas bajo criterios técnicos y profesionales.

También, se estableció que el único procedimiento para el reemplazo de la Constitución será a través de una Asamblea Constituyente, convocada mediante un referéndum. Junto con ello, se ratificó la existencia del Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública, estableciendo que ambos órganos seguirán al mando del fiscal nacional y del defensor público, respectivamente, desechándose la idea de crear un órgano colegiado. También, se mantuvo la norma sobre la autonomía del Banco Central, estableciendo algunas nuevas funciones como la de considerar “la estabilidad financiera, la volatilidad cambiaria, la protección del empleo, el cuidado del medioambiente y patrimonio natural y los principios que señale la Constitución y la ley”. Por último, se consagró un nuevo órgano exclusivo para asuntos ambientales: los Tribunales Ambientales, quienes “conocerán y resolverán sobre los derechos ambientales y de la naturaleza, la reparación por daño ambiental señalado por la Constitución y la ley. Será esta última la que regulará la integración, competencia y demás aspectos para el funcionamiento de estos Tribunales”.

5- Seguridad y Estados de excepción

Luego de haber clarificado el sistema político y de gobierno consagrado para la nueva Constitución, el Pleno aún debía resolver importantes materias pendientes de la comisión de sistemas políticos referidos a temas de orden y seguridad. En ese sentido, se consagró que el monopolio estatal de la fuerza es exclusivo del Estado siendo la única entidad que puede hacer uso de la fuerza, a través de las instituciones correspondientes (Policías y Fuerzas Armadas), siempre respetando la Constitución, las leyes y los derechos humanos. A lo que se agregó que las policías dependerán del ministerio a cargo de la seguridad pública, definiendo que las instituciones policiales serán “no militares, de carácter centralizado, con competencia en todo el territorio nacional, y están destinadas a garantizar la seguridad pública y resguardar los derechos fundamentales, en el marco de sus competencias”.

Respecto a los estados de excepción, se mantendrá el Estado de Excepción Constitucional, en donde “sólo se podrá suspender o limitar el ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución asegura a todas las personas bajo los estados de excepción constitucional: de asamblea, de sitio y de catástrofe. No podrán limitarse ni suspenderse otros derechos que no sean los que se especifican en esta Constitución”. Junto con ello, también se consagró el Estado de Sitio y de Catástrofe, pero se agregó una nueva institucionalidad del Estado orientado a fiscalizar la ejecución de estos estados: la Comisión de Fiscalización, organismo que será dependiente del Congreso de Diputadas y Diputados, de composición paritaria y plurinacional, órgano que «deberá fiscalizar las medidas adoptadas bajo el estado de excepción y estará integrada por diputadas y diputados, por representantes regionales y por representantes de la Defensoría de los Pueblos, en la forma que establezca la ley”.

Por Víctor Hugo Moreno Soza/ FOTO: Comunicaciones Convención Constitucional