Los próximos desafíos tras la aprobación de la reforma que habilita el inicio de la nueva etapa constituyente

Por 112 votos a favor, 33 en contra y 2 abstenciones fue aprobado el proyecto de reforma constitucional que mandata la realización de un proceso constituyente durante 2023. La ley fue aprobada sin modificar, prácticamente, ni una coma del acuerdo político alcanzado a inicios de diciembre. Ahora, se abren importantes desafíos, sobre todo en lo que concierne a la configuración del reglamento y a los mecanismos de participación ciudadana, en donde la Universidad de Chile junto a la Universidad Católica jugarán un rol fundamental.

El acuerdo político alcanzado el pasado 12 de diciembre y que buscaba iniciar un nuevo proceso constituyente necesitaba 4/7 de los votos del Congreso para ser aprobado. Y el acuerdo se respetó, sin mayores sobresaltos. Solo las fuerzas políticas que no suscribieron dicho acuerdo presentaron una batería de indicaciones (350) que buscaban introducir modificaciones de fondo. En la comisión de Constitución Legislación y Justicia de la Cámara se presentaron una por una. Se rechazaron todas. Sin embargo, el camino por el que transitó la ley en el Hemiciclo fue expedito. Luego de 4 horas de deliberación, el texto se aprobó en general y en particular, sin ingreso de nuevas indicaciones. Y ocurrió lo previsto, 112 votos a favor, 33 en contra y 2 abstenciones aseguraron el quórum más que necesario para aprobar la reforma. Y con ello, el inicio oficial de un nuevo proceso constituyente para 2023. Un proceso, desde sus inicios, diametralmente diferente al anterior y que culminó el pasado 4 de septiembre de 2022 con el rechazo a la propuesta efectuada por la Convención Constitucional.

El proyecto de ley, que durante estos días deberá ser promulgado por el Presidente de la República Gabriel Boric, mantiene la esencia del acuerdo. Es decir, la creación de tres órganos constituyentes para la elaboración del texto:

• Comité de Expertos
• Consejo Constitucional
• Comité de Admisibilidad

El primero de ellos estará conformado por 24 expertos (as) provenientes del mundo académico, los que deberán ser elegidos durante las próximas semanas por el Congreso Nacional, 12 por el Senado y 12 por la Cámara. Este comité deberá iniciar sus funciones el próximo 6 de marzo y su tarea será la de redactar un ante proyecto de texto constitucional el que será entregado el 6 de junio al Consejo Constitucional. Luego de la entrega de la propuesta, este comité continuará sus funciones, acompañando las labores del órgano electo, y sólo tendrán derecho a voto en la instancia de comisión mixta que se abrirá en caso de normas que no alcancen los quórums de aprobación (4/7) y rechazo (2/3). Esta comisión mixta estará conformada por 6 miembros del consejo y 6 del comité, votará las normas en discusión, las que de todos modos deberán ser votadas nuevamente por el Plenario del Consejo en una última instancia.

En tanto, el Consejo Constitucional estará compuesto por 50 integrantes elegidos bajo el mismo formato electoral con el cual actualmente se elige el Senado, en elecciones con voto obligatorio que se llevarán a cabo el 7 de mayo. Será un órgano paritario y contará con cupos para pueblos originarios que dependerán de la votación que alcance la lista destinada a candidatos de pueblos indígenas. El Consejo comenzará a sesionar el 7 de junio, debiendo entregar una propuesta de texto al país el 7 de octubre.

Por su parte el Comité de Admisibilidad será un órgano compuesto por 12 juristas los que deberán ser designados durante los próximos días por el Congreso. Entrará en funcionamiento junto al Consejo el próximo 7 de junio y sesionará cuando sea requerido por el órgano electo, con la misión de revisar que las normas aprobadas no vulneren los 12 principios constitucionales establecidos en la reforma.

Finalmente, el 17 de diciembre se llevará a cabo el plebiscito de salida, también con voto obligatorio, en donde la ciudadanía deberá pronunciarse a favor o en contra del texto propuesto por el Consejo.

La relevancia del proyecto

El proyecto de ley aprobado contiene una relevancia política que permite garantizar una salida institucional a la cuestión constitucional que se arrastra en el país ya por años. Es la idea en la que concuerdan los académicos de la Universidad de Chile consultados sobre cuál es la importancia de iniciar un nuevo proceso constituyente para 2023.

El académico del departamento de Sociología de la Universidad de Chile, Octavio Avendaño, cree que el nuevo proceso es fruto de un acuerdo más robusto que el anterior:  

“En forma rápida el Congreso Nacional logró aprobar la reforma que da inicio al nuevo proceso de cambio constitucional. La iniciativa recibió un amplio respaldo, al ser aprobada por 109 votos a favor, 37 en contra y 2 abstenciones, en la Cámara de Diputados, 44 a favor, 7 en contra y 1 abstención en el Senado. Cabe recordar, además, que esta iniciativa fue el resultado de un proceso de negociaciones, en el que participaron fuerzas políticas desde la izquierda a la UDI. En otras palabras, el inicio del nuevo proceso se sustenta en un acuerdo mucho más amplio que aquel suscrito el 15 de noviembre de 2019”, afirma.

 «El inicio del nuevo proceso se sustenta en un acuerdo mucho más amplio que aquel suscrito el 15 de noviembre de 2019″ , afirma Octavio Avendaño.

Por su parte, la académica de la Facultad de Gobierno Claudia Heiss apunta a la democratización de nuestro sistema político:

“Es muy relevante que se haya llegado a un acuerdo por un nuevo proceso constituyente, porque es claro que la Constitución actual es un problema, un problema de legitimidad que se expresó claramente en el plebiscito de octubre de 2020 con una gran mayoría que pidió una nueva Constitución. En ese sentido, es un logro positivo y un paso importante hacia la democratización del sistema político chileno que, todavía, conserva herencias de la dictadura”, afirma.

En tanto, el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y Director Académico de UChile Constituyente, Claudio Troncoso, destaca destaca que con este proceso se continúa cumpliendo con la voluntad ciudadana expresada en octubre de 2020: 

“El proyecto de reforma constitucional aprobado en su último trámite por el Congreso Nacional este miércoles tiene una gran y significativa relevancia política. Ello, porque da cuenta, de forma íntegra, del acuerdo alcanzado por las fuerzas políticas el pasado 12 de diciembre que permitió avanzar en la concreción de un nuevo proceso constituyente, haciendo respetar la voluntad ciudadana reflejada en las urnas en octubre de 2020 favorable para tener nueva Constitución. Independiente de las voces minoritarias que se restaron del acuerdo inicial, la gran mayoría de los partidos políticos oficialistas y de oposición mostraron su capacidad (tan imperiosa hoy en día) de llegar a acuerdos en común y eso releva aún más la trascendencia de lo ocurrido. Sin duda que en el camino hubo quienes tuvieron que ceder en más de alguna idea -de lado y lado-, pero lo fundamental fue avanzar hacia una meta a la que la mayoría de los chilenos y chilenas pretenden arribar y que es la redacción de una nueva Constitución nacida en democracia y que goce de plena legitimidad, comentó.

Por su parte, la académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Ana María García Barzelatto analiza este acuerdo desde las 12 bases constitucionales que se aprobaron, en tanto ayudarán a mantener una tradición constitucionalista en Chile.

«El rotundo triunfo de la opción Rechazo en el pasado mes de septiembre fue una voz de alerta recogida por el Congreso Nacional, que quedó plasmada en el Acuerdo por Chile el 12 de diciembre de 2022, suscrito por diversos partidos y movimientos políticos. El Acuerdo constituye un hito importante y señala un camino muy diferente al proceso anterior, especialmente porque las doce bases constitucionales que contiene recogen las principales críticas formuladas por la ciudadanía. En su gran mayoría las bases fundamentales siguen la tradición chilena en cuánto a ser una República democrática, con soberanía radicada en el pueblo, una nación indivisible y una forma de Estado unitario y descentralizado. También enfatiza lo que en el anterior proceso se descuidó, como es la necesidad de tener poderes separados e independientes entre sí, destacando la independencia del Poder Judicial, un jefe de Gobierno con iniciativa exclusiva en materia de gasto público y la existencia de un Poder legislativo bicameral», explica.

Junto con ello, agrega las novedades que también se observan y que , a su juicio, van acorde a los tiempos:

«Son novedad y acorde con los nuevos tiempos el reconocimiento de los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, el reconocimiento de Chile como un Estado social y democrático de derecho, la promoción de los derechos sociales con sujeción al principio de responsabilidad fiscal, y el compromiso al cuidado y la conservación de la naturaleza», puntualiza.

Los desafíos

En el corto y mediano plazo el principal desafío que se avecina para este nuevo proceso es dotar de un reglamento que de forma a cada órgano constituyente para el inicio de sus funciones. A diferencia del proceso anterior, ahora cada instancia contará con un reglamento previo, el que será aprobado en el Congreso Nacional.

Y en ese sentido, el rol que tendrá la Universidad de Chile, junto a la Universidad Católica estará centrada, según quedó estipulado en el artículo 153° de la reforma en la coordinación de las diferentes herramientas de participación ciudadana que se abrirán, entre ellas la iniciativa popular de norma.

“El Reglamento contemplará mecanismos de participación ciudadana, la que tendrá lugar una vez instalado el Consejo Constitucional y será coordinada por la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile a través de fórmulas que permitan la participación de todas las universidades acreditadas. Dichos mecanismos contemplarán la iniciativa popular de norma”, afirma la norma  constitucional aprobada.

Sobre esta relevante tarea que tendrá la Casa de Bello, el académico Claudio Troncoso destaca: 

“En cuanto a los desafíos, a nosotros como Universidad de Chile -y junto a la Universidad Católica- nos atañe una muy importante: ejecutar y coordinar los mecanismos de participación ciudadana que acompañarán el trabajo del Consejo Constitucional. En un hecho histórico, por primera vez la Casa de Bello está presente de forma directa en la Constitución, mediante el artículo 153° que nos mandata a tan relevante tarea. Y para ello, ya se existe un trabajo de reglamento que está llevando a cabo la secretaría de la Cámara de Diputados, para definir los detalles y alcances de la misión. En el proceso anterior, la Universidad de Chile ya puso a disposición sus herramientas tecnológicas para llevar adelante la iniciativa popular de norma, por lo que contamos con una importante experiencia previa para este nuevo desafío que esta vez será mucho mayor”, apunta.

«A nosotros como Universidad de Chile -y junto a la Universidad Católica- nos atañe un desafío muy importante: ejecutar y coordinar los mecanismos de participación ciudadana que acompañarán el trabajo del Consejo Constitucional«, explica Claudio Troncoso

La académica Ana María García, también, destaca el rol que tendrá la Universidad de Chile en la coordinación de los mecanismos de participación ciudadana que se establecerán para el nuevo proceso:

«Es desafío para el futuro Consejo Constitucional es respetar seriamente estas bases, pero evitando la sobrerregulación y el desarrollo excesivo de las mismas, para no caer en las exageraciones normativas que llevaron al fracaso el proceso anterior. El desafío es procurar la brevedad, sobriedad y prudencia normativa, que corresponde a lo que debe ser una verdadera Constitución. Asimismo, el desafío apunta a establecer mecanismos efectivos de participación ciudadana la que, como ha señalado recientemente la Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, puede ser canalizada por las universidades y asegurar la indispensable legitimidad que debe tener el proceso constitucional», acota.

«El desafío es procurar la brevedad, sobriedad y prudencia normativa, que corresponde a lo que debe ser una verdadera Constitución», afirma Ana María García

En esa línea, Heiss releva la necesidad de implementar estas herramientas de participación de la ciudadanía y que estas incidan de forma directa en el proceso:

“Un desafío importante que no queda resuelto con esta propuesta tiene que ver con la participación ciudadana, porque hay que hacerse cargo de que el proceso constituyente surgió de una movilización social que tenía un componente importante anti-partido, con una crítica fuerte hacia los partidos, el Congreso y eso significó que en el plebiscito de octubre de 2020 un 79% de la ciudadanía no quería que el proceso constituyente fuera controlado por el Congreso. Sin embargo, producto del rechazo de la propuesta de la Convención Constitucional del proceso anterior terminó justamente el Congreso, siendo los partidos quienes han llevado adelante todo este proceso, entonces el riesgo que existe hoy es que este proceso no logre concitar suficiente legitimidad en la ciudadanía por esa crítica importante que existe hacia la política y los partidos. Por eso es fundamental que el nuevo proceso tenga mecanismos de participación , muestre una apertura hacia la sociedad civil y hacia la ciudadanía, más allá del Congreso, más allá de las personas electas democráticamente para llevar adelante este proceso en el Consejo Constitucional y eso significa contar con instancias amplias de incidencia ciudadana en las decisiones que el Consejo lleve a cabo y también niveles importantes de transparencia y deliberación ciudadana amplia, pública, de información de las discusiones constitucionales que permitan fortalecer un vínculo entre la ciudadanía y el órgano constituyente”, afirma.

 «Es fundamental que el nuevo proceso tenga mecanismos de participación , muestre una apertura hacia la sociedad civil y hacia la ciudadanía, más allá del Congreso, más allá de las personas electas democráticamente», afirma Claudia Heiss.

Por su parte, Avendaño apunta a la importancia que tendrán los partidos políticos:

“Desde luego, el inicio de este proceso abre varias interrogantes y al mismo tiempo desafíos. En primer lugar, el rol de los expertos nominados por los partidos. Que los partidos nominen gente especializada que los represente en la discusión no es un problema, tomando en cuenta que existe una dimensión técnica en el debate constitucional que es ineludible. Mucho menos debiese ser inconveniente que ahora los partidos asuman mayor protagonismo, tomando en cuenta todo el espectro que está representado. En segundo término, también surgen interrogantes sobre la representación del nuevo órgano representativo, en el que se estima una mayor presencia partidaria, y al mismo tiempo un realineamiento que lo más probable es que tienda afianzar algunos partidos. Sin duda, el gran desafío serán las posibilidades y grado de involucramiento de la ciudadanía en la discusión. La participación e incidencia, en ámbitos de discusión, así como en el plebiscito de salida, serán gravitantes para el éxito y la legitimidad del proceso y propuesta de cambio constitucional”, puntualiza.

El itinerario

Con la reforma ya aprobada, las fechas claves del proceso quedaron absolutamente zanjadas, estableciéndose las siguientes fechas clave para 2023. 

• Lunes 16 : Posible publicación de la reforma constitucional habilitante en el Diario Oficial.
• Domingo 29 : Vence el plazo para llevar a cabo la sesión especial en que serán elegidos los integrantes de la Comisión Experta y del Comité Técnico de Admisibilidad, por parte del Congreso Nacional.
• Lunes 6 de febrero: Vence el plazo para presentar, ante el SERVEL, las candidaturas al Consejo Constitucional
• Lunes 6 de marzo: Instalación de la Comisión Experta.
• Viernes 7 de abril. Se inicia período oficial de campaña electoral y franja en televisión para candidatos a consejeros.
• Domingo 7 de mayo: Elecciones de integrantes del Consejo Constitucional con voto obligatorio
• Martes 6 de junio : Entrega del Informe de la Comisión Experta que contiene el texto del Ante Proyecto de Nueva Constitución.
• Miércoles 7 de junio : Instalación del Consejo Constitucional
• Lunes 7 de octubre: Despacho por parte del Consejo Constitucional de la Propuesta de Nueva Constitución (primer texto).
• 7 de octubre: La Comisión Experta hará entrega de un informe en el que podrá formular observaciones al texto. Estas observaciones podrán ser aprobadas o rechazadas por los quórums indicados en la reforma constitucional. Si no se aprueban o rechazan se formará una Comisión Mixta. Una vez terminada la votación de cada norma que formará parte de la propuesta de nueva Constitución en dicha comisión, se deberá aprobar la totalidad del texto por los tres quintos de los miembros en ejercicio del Consejo Constitucional, en una última instancia de votación.
• Martes 7: Entrega de la propuesta de nueva Constitución por parte del Consejo Constitucional. Comunicación al Presidente de la República del texto aprobado. Disolución del Consejo Constitucional de la Comisión Experta y del Comité Técnico de Admisibilidad.
• Domingo 17 de diciembre: Plebiscito de salida, con voto obligatorio, en donde se preguntará a la ciudadanía si está a favor o en contra de la propuesta de texto constitucional presentada por el Consejo.

Por Víctor Hugo Moreno