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Cinco documentos con propuestas sobre ciencias, tecnología, innovación, cambio climático, energía, ciudad e inteligencia artificial fueron entregados por especialistas de esta unidad académica de la Universidad de Chile a representantes del órgano constituyente. «Creemos que la propuesta que debe funcionar para un país como el nuestro es el trabajo conjunto entre el Estado y sus universidades, a través de sus capacidades científicas», comentó sobre este trabajo el decano de la FCFM, Francisco Martíne

La Cuestión Ambiental en la Nueva Constitución: Elementos para la reflexión». Este es el título del trabajo desarrollado por UChile Constituyente junto al Programa Transdisciplinario en Medio Ambiente de la Universidad de Chile (PROMA) y la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VID). El documento fue entregado a las y los constituyentes como insumo para la discusión de normas constitucionales en torno al medioambiente. El texto considera la necesidad de consagrar un nuevo modelo de desarrollo sustentable que considere los factores medioambientales como un eje central.

Consagrar el derecho a la educación pública, gratuita, laica y de calidad; y establecer el rol esencial que las universidades estatales deben cumplir dentro del funcionamiento del Estado. Estos son los ejes de las dos iniciativas populares de norma presentadas a la Convención Constitucional por el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH), organismo integrado por los 18 planteles públicos del país. Hasta el 1 de febrero hay plazo para reunir las 15 mil firmas necesarias para que estas propuestas formen parte del debate oficial del proceso constituyente.

¿Cómo aprovechamos estas oportunidades? El rol del Estado en ciencia y tecnología debe cambiar sustancialmente en la Constitución. La agotada visión subsidiaria, meramente administrativa y de corto plazo, debe dar paso a una acción comprometida y permanente en la obtención de los objetivos de largo plazo, con acciones estratégicas y operativas.

Texto elaborado por una de las mesas de trabajo de la plataforma UChile Constituyente junto a la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VID) expone una serie de principios constitucionales para la nueva educación del siglo XXI. Víctor Orellana, director académico del Proyecto de Experimentación Educacional Parque Carén y miembro del comité redactor de la mesa, afirma que uno de los puntos centrales de la discusión que se dará sobre esta materia en la Convención Constitucional es la necesidad de salir del Estado Subsidiario para consagrar un real y efectivo derecho a la educación.

Tras el histórico plebiscito de 2020, la Ley 21.200 dio paso a la conformación del primer órgano constituyente y democrático, encargado de la redacción de una nueva Constitución Política para Chile. Con 155 miembros, el espacio cuenta con paridad de género, escaños reservados para los pueblos originarios y participación ciudadana en el proceso.

Ya hay nueva Mesa Directiva, y está conformada por dos constituyentes jóvenes, independientes y ambos egresados de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. También, se eligieron a 5 vicepresidentes adjuntos. En tanto, las comisiones temáticas ya están empezando a debatir sobre normas constitucionales en una primera etapa que contempla deliberaciones, y votaciones en general. En febrero, se revisará cada norma en particular para que estas comiencen a ser votadas en el Pleno, mientras que esta semana habrá una nueva jornada territorial.

La elección de María Elisa Quinteros (MSC) y de Gaspar Domínguez (INN) como nueva presidenta y vicepresidente de órgano constituyente muestra la consolidación de una nueva generación de jóvenes, fuera de los partidos políticos tradicionales, que ha llegado irrumpir en los espacios de poder. Los académicos de la Universidad de Chile Ernesto Águila, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y María Cristina Escudero, del Instituto de Asuntos Públicos, analizan los significados de la elección de esta nueva Mesa y los desafíos que vienen en el trabajo de la Convención.

La recién asumida presidenta marcó tres grandes ejes para el inicio de sus funciones: sacar adelante la consulta indígena, mejorar la comunicación externa sobre el trabajo que se desarrolla en la Convención y el plebiscito de salida. Mientras que Domínguez destacó la relevante tarea que significa presentar al país un nuevo texto constitucional.