Las propuestas para el desarrollo de la investigación que plantea el borrador de texto constitucional

La generación de conocimiento de forma transdisciplinaria, colaborativa, descentralizada y orientada al desarrollo integral del país son algunos de los principios en investigación que guían la Carta Fundamental que se someterá a plebiscito el próximo 4 de septiembre. La elaboración del documento en estas materias contó con el apoyo de distintos académicos y académicas de la Universidad de Chile.

De cara al plebiscito del próximo 4 de septiembre, académicos y académicas de la Casa de Bello abordan los desafíos en materia de investigación que plantea la propuesta de Constitución. Se refieren, además, al rol que la institución ha tenido en este proceso histórico, específicamente en temas de energía y alimentación, materias donde la U. de Chile contribuyó mediante las redes de Pobreza Energética (Red PE) y del Grupo Transdisciplinario para la Obesidad de las Poblaciones (GTOP).

Tras un año de trabajo, la Convención concluyó su labor dentro del plazo establecido, presentando la propuesta definitiva el pasado 4 de julio del 2022. El nuevo texto constitucional consta de 388 artículos y 56 disposiciones transitorias. Estas últimas son las que regularán la implementación y entrada en vigencia de la nueva Constitución en caso de ser aprobada. Entre las novedades temáticas abordadas en el texto, se encuentran la paridad de género en los organismos estatales; la definición de Chile como un Estado Plurinacional e Intercultural; y la consagración de un “Estado social y democrático de derecho» que debe proveer bienes y servicios para asegurar los derechos de las personas. También define el agua como un bien “inapropiable” y establece un nuevo sistema político que eliminará al Senado y creará dos nuevas cámaras de poder asimétrico: un Congreso de Diputados y Diputadas y una Cámara de las Regiones.

Uno de los temas importantes para las instituciones educativas y organizaciones científicas en el marco de este proceso constituyente han sido las definiciones sobre investigación. Para el investigador y sociólogo especialista en educación de la Universidad de Chile, Víctor Orellana, la Constitución actual (1980) promueve una “concepción excesivamente formal de la investigación”, la que no permitiría un desarrollo sustantivo de las diversas disciplinas.

“La nueva Constitución establece una serie de orientaciones normativas y éticas para la investigación, garantiza la libertad para las y los investigadores, su relación edificante con la naturaleza, y la necesidad de orientarla al desarrollo integral del país. Ello, vinculado con los avances institucionales para la reconstrucción de la educación superior pública, da las bases para un giro en el ámbito investigativo, superando el actual formalismo de indicadores genéricos”, señaló Orellana.

La investigación en la nueva constitución

Esta propuesta de nueva Carta Magna considera en sus distintos artículos los deberes del Estado y las garantías para el desarrollo pleno de la investigación en Chile, buscando atender los desafíos que presenta esta labor. Entre los retos que enfrenta el país en esta materia, se encuentra el enfoque monodisciplinar. Para Julián Cortés, abogado de la Universidad de Chile y coordinador de Docencia en la Red de Pobreza Energética (RedPE), “existe un problema metodológico en cómo se plantean los proyectos de investigación y en cómo se generan los centros de investigación. No hemos generado los marcos adecuados para avanzar hacia caminos más interdisciplinarios o transdisciplinarios incluso”.

“Si uno cree o entiende que la sociedad actual es un sistema complejo y tenemos problemas complejos, se tienen que plantear los problemas desde esta complejidad. Y eso implica trascender un poco los marcos disciplinarios y generar los canales para que de alguna manera entre distintos especialistas tengamos un lenguaje común para abarcarlo de una manera más amplia”, agregó el académico.

La subdirectora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y miembro del comité directivo del Grupo Transdisciplinario para la Obesidad de Poblaciones (GTOP), Dra. Lorena Rodríguez, indicó que entre los desafíos que enfrenta la investigación en el país se encuentran el de incidir en la gestión de políticas públicas y la de vincularse con el medio y las comunidades para entender y abarcar de manera más íntegra las problemáticas.

“Comprender cuáles son las barreras desde quienes las viven es completamente distinto a pensarlo entre cuatro paredes. Entonces, como desafío en la investigación, por una parte, vincularnos fuertemente con la población, con las comunidades, con sus problemas y cómo los viven. Y, por otra parte, que los resultados de las investigaciones estén pensados en incidir en las políticas públicas y generar nuevas aristas de investigación”, finalizó.

A grandes rasgos, la nueva constitución plantea la protección y garantiza la libertad de investigación, considerando esta labor como una de las principales de las instituciones de educación superior, junto con la docencia. A su vez, el texto propone que el Estado cuenta con el deber de “estimular, promover y fortalecer el desarrollo de la investigación científica y tecnológica en todas las áreas del conocimiento”. Esto, con el fin de conseguir un enriquecimiento cultural y mejorar las condiciones de vida de los habitantes del país.

De esta manera, la propuesta también incluye la tarea del Estado de generar de manera independiente y descentralizada las condiciones necesarias para el desarrollo de la investigación científica transdisciplinaria. Así, los procesos investigativos también deberán ejecutarse respetando ciertos principios bioéticos, derechos establecidos en el mismo texto, además de los considerados dentro de tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile.

Al respecto, Lorena Rodríguez indicó que la propuesta presentada por la Convención es un gran avance para el desarrollo de la investigación al establecer estos parámetros anteriormente nombrados. Además, señaló la importancia de plantearlo como un trabajo colaborativo y transdisciplinar. “Esto no es como que la academia tiene todas las respuestas, sino que es un actor más en el desarrollo de las respuestas en conjunto con toda la sociedad y con el intercambio de saberes.  (…) Uno de los roles importantes de la academia es la vinculación con el medio y creo que hay que darle mucha fortaleza para cumplir roles docentes y de investigación. No son roles independientes, son roles que están mezclados”, concluyó Rodríguez. 

U. de Chile como actor del proceso constituyente

Distintos especialistas de la Universidad de Chile tuvieron la oportunidad de participar en las instancias de debate y reflexión que permitieron la elaboración de los artículos presentes en la propuesta final de Carta Fundamental. Tales son los casos de los académicos Julián Cortés y Lorena Rodríguez, quienes cumplieron un rol activo en este histórico proceso constitucional.

GTOP realizó un trabajo investigativo de aproximadamente un año para presentar una propuesta en términos de derecho a la alimentación, donde incluyeron revisión de literatura y entrevistas a actores claves de distintos ámbitos del sistema alimentario como personas de la industria, de la pequeña agricultura, de la pesca y grupos académicos que están trabajando en distintas miradas del sistema alimentario, tanto productivo como de salud pública. Finalmente, después de un trabajo colaborativo con abogados, el espacio presentó una propuesta a través de un ciclo de conversatorios y una posterior exposición en la Convención Constitucional. El documento planteó el derecho a la alimentación, además de sanciones vinculadas con la forma de judicialización y el incumplimiento de este derecho.

De esta manera, GTOP propuso que “toda persona tiene el derecho fundamental a una alimentación inocua, saludable y sostenible, que cubra sus necesidades biológicas, nutricionales, culturales y sociales. El Estado tiene el deber de garantizar, en forma progresiva, continua, permanente y con equidad de género, la disponibilidad y el acceso físico y económico, a alimentos que satisfagan este derecho, así como el ejercicio de la soberanía alimentaria de los pueblos”.

Para Lorena Rodríguez, el texto constitucional recogió la temática en alrededor de 10 artículos desde distintas aristas. Por ejemplo, el artículo 54 reconoce la soberanía y seguridad alimentaria, mientras que el artículo 57 y 140 recogen el derecho al agua como un elemento esencial de consumo y para el ejercicio de los derechos humanos. “Lo que proponíamos en aquel estudio, y a propósito del ciclo de conversatorios y de numerosas columnas que hemos escrito, está ampliamente recogido en la nueva Constitución. Así que como GTOP estamos muy satisfechos de que todas estas aristas y actores del sistema alimentario para garantizar el derecho a la alimentación, hayan sido recogidos», finalizó.

Por otro lado, la Red de Pobreza Energética también tuvo la posibilidad de presentar ante la Convención Constitucional su propuesta de la energía como un derecho humano. “La energía es un derecho humano porque es una condición para el ejercicio de otros derechos, sobre todo que a raíz de la pandemia y los confinamientos es aún más evidente la necesidad de que sea reconocida como derecho”, indicó Julián Cortés.

El articulado propuesto por la Red plantea el concepto de energía en un sentido más amplio, involucrando no solo la energía eléctrica, sino que también el hidrocarburo, la energía geotérmica, entre otras, estableciendo la responsabilidad del Estado en generar las condiciones para que este derecho pueda ser ejercido. «No es que el Estado tenga que entregar energía directamente, sino que debe generar las condiciones para que el mismo Estado o los privados aseguren la provisión de energía. Eso significa, por un lado, asegurar este mínimo vital, como plantea la propuesta, que más que un piso mínimo, es un techo para el aseguramiento, y que esta energía sea asequible, segura y no contaminante”, aclaró el abogado.

De esta forma, la disposición presentada fue incluida en la propuesta de informe final realizada por la Comisión de Medio Ambiente al cierre de las jornadas de trabajo del pleno, logrando ser incluida de manera textual en la propuesta constitucional final en el artículo 59, considerándose un logro importante para el trabajo de la Red.

Este artículo plantea el “derecho a un mínimo vital de energía asequible y segura”, además de incluir el deber del Estado de garantizar el “acceso equitativo y no discriminatorio a la energía que permita a las personas satisfacer sus necesidades, velando la continuidad de los servicios energéticos”

En este sentido, Cortés destacó la pertinencia de que la Universidad de Chile se involucre en estos procesos, señalando que la institución tiene un rol preponderante. “Como muchas universidades latinoamericanas, nacen para construir el estado. Entonces, participar en el proceso de creación de la máxima norma que puede tener un estado es uno de los roles que debe tener la universidad, al menos una universidad pública”, explicó.

Finalmente, la profesora Lorena Rodríguez recalcó el deber de la Casa de Bello en involucrarse en este proceso como un ente estatal y generador de información y conocimiento, afirmando que “una vez que esto se apruebe, evidentemente las tareas que vienen no son pocas. Todos los articulados deben ser bajados, implementados a través de normas, de leyes y regulaciones, programas y la universidad de chile tiene que ser parte activa de ese proceso permanente”.

“Creo que la universidad tiene instancias de conversación, de educación, de vinculación con el medio, y en cada una de nuestras funciones podemos incorporar nuestro rol en este tema constitucional”, finalizó Rodríguez. 

Por Comunicaciones VID