El último reporte sobre los distintos mecanismos participativos muestra una preocupación transversal de las personas por temas como pensiones, salud, educación y acceso a la justicia. Los rectores de la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica destacaron la participación ciudadana en este proceso e hicieron un llamado al Consejo Constitucional a considerar estas prioridades.
Este martes 8 de agosto, los equipos de la Secretaría de Participación, junto a la Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, y el Rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez, llegaron hasta el ex Congreso para hacer entrega de un último informe a las y los consejeros constitucionales. En esta ocasión, el equipo presentó un foco cualitativo y centrado en una revisión detallada de las temáticas abordadas por la ciudadanía en las Audiencias Públicas, además de gráficos con datos de las enmiendas propuestas y otras informaciones no contenidas en la entrega preliminar.
La Rectora Devés señaló que «esta sistematización de los hallazgos ha sido realizada por un grupo importante de expertos y expertas, que hicieron un análisis cualitativo de los distintos mecanismos para tener conclusiones fundadas sobre los anhelos y visiones de la ciudadanía«. En ese sentido, destacó que «en los distintos mecanismos hay propuestas importantes. Son propuestas de consenso, en general. Es muy interesante analizar este informe en función de acuerdos transversales en el país, que esperamos sean acogidos en el texto constitucional definitivo».
La máxima autoridad universitaria de la Casa de Bello añadió que «estamos agradecidos por la confianza del Consejo Constitucional, pero también del trabajo de tantos especialistas de las universidades, que han volcado parte de su trabajo, de su tiempo y de sus conocimientos a esta importante contribución».
Por su parte, el Rector Sánchez expresó al órgano redactor: “Quisiera hacer un llamado muy sentido al Consejo Constitucional porque la ciudadanía ha confiado en el proceso, ha confiado en las instituciones y está confiando en que van a revisar con mucha profundidad las propuestas que se han entregado”.
La elaboración del material estuvo a cargo de la plataforma de Audiencias Públicas de la Secretaría, encabezada por la académica y jefa de la carrera de Ciencia Política de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Claudia Heiss. Junto a ella, trabajaron una serie de profesionales de diversas casas de estudio, entre los que destacan las y los docentes de la Casa de Bello: Verónica Figueroa Huencho, de la Facultad de Gobierno; y Rocío Lorca, Salvador Millaleo, Francisco Zúñiga, Gastón Gómez y Enrique Navarro, de la Facultad de Derecho.
Carlos Rilling, secretario ejecutivo de participación de la Universidad de Chile, indicó que “entregamos este informe de incidencia a la mesa del Consejo Constitucional con el convencimiento de que es información tremendamente relevante a la hora de las decisiones que las y los consejeros constitucionales tienen que tomar en su revisión del anteproyecto. Nos preocupa sobremanera que la puedan tener a la vista, que puedan considerar las preocupaciones que la ciudadanía ha expresado”.
En esta línea, expresó que “somos depositarios y tenemos que honrar la confianza que la ciudadanía tuvo en nuestra universidad y en el sistema universitario en general (…) Y, por lo mismo, nos parece muy significativo tanto los contenidos del informe como el hecho de que la recepción que tuvimos en las comisiones y las preguntas que nos hicieron también están contenidas de alguna manera en los ajustes y en las revisiones que hicimos de este informe. Como Secretaría, seguimos muy disponibles en lo que necesite el Consejo Constitucional para poder hacer llegar la voz de la ciudadanía y que esta sea una constitución de todas y de todos”.
Por su parte, Ignacio Irarrázaval, secretario de participación de la Pontificia Universidad Católica, señaló que “lo más importante de esto es que hay un resumen ejecutivo de los principales puntos para cada comisión”. Asimismo, aseguró que “le dijimos a la mesa directiva que era muy importante que estos titulares, estos mensajes, llegaran a los consejeros porque detrás de nosotros está toda una ciudadanía”.
En una cita previa, el pasado 21 de julio, se hizo entrega al pleno del Consejo los resultados preliminares con los números de participación y algunos hallazgos, lo que se profundizó en esta ocasión, al agregar la información más importante para cada Comisión.
Derecho Sociales: una preocupación transversal
Uno de los temas que suscitan mayor preocupación en las personas, de acuerdo a la información entregada por la Secretaría tras la sistematización cualitativa de la participación, son las pensiones y el sistema de seguridad social en general, donde se evidencia que existe un acuerdo en que es prioritario que el Estado garantice prestaciones sociales y la necesidad de hacer cambios al sistema de pensiones. De todas formas, se observan discrepancias en torno a la propiedad, heredabilidad y apropiabilidad de los fondos, así como de la importancia del mérito y ahorro individual, la libertad de elección, la posibilidad de retiros y de lucro en el sistema.
La educación también surge como uno de los derechos más nombrados por las y los participantes, con una preocupación transversal por su calidad y de la mano de conceptos como integral, inclusiva o equitativa. Asimismo, las preocupaciones por este derecho también se extienden a otras áreas, con demandas específicas por la educación en las salas cunas o la educación superior, como también por la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos.
En cuanto al derecho a la salud, la participación demuestra una preocupación central por su calidad, donde la incorporación explícita de la salud mental muestra una gran adhesión ciudadana. Además, se observa frecuentemente una preocupación por el derecho a cuidados.
A estos hallazgos se suma la preocupación por la consagración del derecho a la vivienda, con referencias a conceptos como digna, adecuada, accesible o segura; y los derechos laborales, donde se evidencian demandas por el derecho al trabajo decente y los derechos sindicales.
La sistematización destaca también una preocupación transversal de las y los participantes por el medioambiente. Los datos exponen el gran respaldo al deber del Estado, pero también de las personas, de proteger el medioambiente, la naturaleza, la biodiversidad y los animales. Por ejemplo, respecto del agua, su consagración como bien nacional de uso público genera alta adhesión, con prioridad en el consumo personal y doméstico. Sobre el sistema de derechos de agua, en tanto, se observan ciertas discrepancias respecto a su propiedad. Finalmente, también resalta la aparición de ciertas ideas sobre la protección de los animales.
Comisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado
En la Comisión de Sistema Político, uno de los hallazgos más significativos es la preocupación por la participación ciudadana y la necesidad de formación cívica manifestada en los diversos mecanismos. Así, los nuevos mecanismos de democracia directa que incluye el anteproyecto, en general, reciben una alta valoración por parte de las y los participantes.
Otro aspecto que se repite es la preocupación transversal por una mejora en la gestión pública, en la que se nombran conceptos como recursos, eficiencia, administración, funcionarios, carrera funcionaria y evaluación de desempeño. Sumado a esto, se destaca el apoyo al concepto de descentralización y al amplio respaldo a una norma sobre equidad en la distribución territorial de recursos.
Comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos
Respecto a la Función Jurisdiccional, la demanda ciudadana apunta a un acceso más igualitario, eficiente y punitivo. A esto, se suma el apoyo a la creación del Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas propuesta por la Comisión Experta, que logra una altísima adhesión, aunque -de igual modo- aparecen preocupaciones asociadas al riesgo de que herede las dificultades que las personas ya perciben en el sistema de justicia.
Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos
En esta Comisión, por último, se destacó la valoración de las y los participantes a la definición de Chile como Estado unitario y descentralizado. Además, se expuso la preocupación ciudadana por el concepto de familia, donde existe un debate en torno al reconocimiento de sus múltiples formas.
Tras un análisis más detallado de la información recogida a través de los distintos mecanismos, quedó en evidencia la inquietud por los derechos humanos en relación a las garantías de no repetición y su protección, así como la necesidad de contar con mayores salvaguardias en términos de derechos sociales. Sin embargo, surgen diferencias en torno a ciertos conceptos como la provisión de estos derechos, la prohibición del lucro, la progresividad, el principio de no regresividad y la subsidiariedad.
Para finalizar, se destacó el amplio respaldo ciudadano a la libertad religiosa y al derecho a la libertad de expresión, donde se concibe a este último como un factor habilitante para el ejercicio de otros derechos.
El informe con toda la información sistematizada del Mes de la Participación se encuentra disponible en www.secretariadeparticipacion.cl
