Las herramientas de participación ciudadana que se abrirán en el nuevo proceso constituyente

El proceso constituyente que se realizará durante 2023 plantea, dentro del proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso, herramientas de participación ciudadana como la iniciativa popular de norma. Junto a académicas de la Universidad de Chile, en Uchile Constituyente analizamos cómo se configura el escenario para incluir propuestas de las y los chilenos dentro del futuro texto constitucional.

La participación ciudadana tuvo un rol protagónico en el anterior proceso constituyente que culminó el pasado 4 de septiembre con el triunfo de la opción rechazo a la propuesta de texto en el plebiscito de salida. Encuentros autoconvocados, audiencias públicas, cuenta popular constituyente, jornadas nacionales de deliberación, foros deliberativos, cabildos comunales, semanas territoriales y la iniciativa popular de norma formaron parte de un robusto conjunto de herramientas que se crearon con la intención de hacer sentir la voz y los intereses de la ciudadanía en el nuevo texto constitucional.

Dentro de este amplio abanico opciones, la iniciativa popular de norma fue la que concitó el mayor interés ciudadano para participar. Se presentaron 2. 456 iniciativas de norma, de las cuales 78 alcanzaron las 15 mil firmas que se establecieron como requisito para ingresar formalmente a la discusión constitucional de la Convención. 980. 332 personas participaron mostrando su preferencia por alguna de las iniciativas ingresadas a la Plataforma Digital, la que fue administrada -en aquella ocasión- por la Universidad de Chile, a través de su plataforma UCampus.

Hoy ad-portas de un nuevo proceso constituyente se está discutiendo qué tipo de herramientas serán las que se utilizarán, con el fin de abrir nuevas instancias para que la ciudadanía también cuente con opciones de incidir en las normas constitucionales que se deliberen y voten en el futuro Consejo Constitucional.

La iniciativa popular de norma para el nuevo proceso

En esa línea, en la actual discusión constitucional, que continúa radicada en el Senado, se considera- según se definió en el proyecto de ley que se tramita- la posibilidad de implementar una nueva herramienta de iniciativa popular de norma la que, nuevamente, podría ser coordinada e implementada por la Casa de Bello, junto a la Universidad Católica, según se estableció en la moción presentada como reforma constitucional.

Aún no se establecen, eso sí, los detalles de cómo se llevará a cabo esta herramienta; ni tampoco si existirán otras, temas que deberían quedar zanjados, durante el mes de enero, cuando se tramitación la ley en el Congreso Nacional que definirá el reglamento que tendrán los nuevos órganos constituyentes, el que incluirá la forma y el método en el que se ejecutaría la participación ciudadana para el proceso constituyente.

Según el análisis de académicas de la Universidad de Chile, respecto a cómo debería definirse la herramienta de iniciativa popular de norma en este nuevo escenario, existe un consenso en que éste debiese ser más acotado tanto en sus contenidos como también en los plazos para su ejecución.

En ese sentido, la académica de la Facultad de Gobierno, Claudia Heiss, explica que en esta ocasión el proceso de iniciativa de norma debiese ser más breve, y más bien suscrito a temas que ya se estén discutiendo al interior de los órganos constituyentes:

“La idea de la iniciativa popular de norma es cierto que permite la participación ciudadana para proponer cosas; sin embargo, creo que en el proceso anterior hubo algunas falencias en el mecanismo. Especialmente, porque la iniciativa popular permite movilizar a algunos segmentos que tienen preferencias intensas sobre temas específicos, y no plenamente representativas. Pero, aun así, creo que se pueden abrir espacios parecidos a la iniciativa popular de norma para el nuevo proceso, pero que tuviesen que ver con temáticas que ya se están discutiendo. El espacio de debate en este proceso será mucho más acotado que el anterior, no se va a poder plantear cualquier tema, porque el propio Consejo Constitucional no partirá de una hoja en blanco, sino que de un ante proyecto presentado por las y los expertos”.

Heiss complementa que una forma para abordar esta iniciativa podría ser, por ejemplo, mediante las indicaciones:

“Lo interesante, por ejemplo, sería algo así como una iniciativa popular de indicaciones a la propuesta, para que la gente pueda pronunciarse sobre la forma en que los expertos están proponiendo un punto o la forma en que se abordó. Así, las personas podrían proponer que sea de otra manera y que esa sea la iniciativa popular que se planteé, algo bien específico que permita darle insumos al órgano constituyente, para abordar una temática, pero conociendo la mirada ciudadana, puntualiza.

Por su parte, la académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, María Cristina Escudero, explica que es importante considerar una tramitación adecuada que puedan tener estas iniciativas dentro de la discusión que se lleve a cabo en los órganos constituidos:

“La iniciativa popular, como fue concebida en la convención pasada, tenía el problema que podía ser contradictoria; es decir, alguna iniciativa popular podía juntar las firmas, pero decir cosas distintas a lo tratado en la convención. Creo que es importante que toda iniciativa que llegue de esta manera y con los requisitos que se establezcan tengan una tramitación que se vea y se argumente a favor o en contra de ellas, aun cuando puedan ser contradictorias con las bases o los bordes que se han definido. Y por eso, hay que tener cuidado, porque es un mecanismo que puede ser muy útil, pero también puede generar bastante disconformidad para aquellos sectores que son más movilizados, que logran juntar firmas y congregar voluntad detrás de estas iniciativas populares, pero que finalmente no tienen incidencia, no se discuten o no son consideradas”, afirma.

En tanto, la también académica de la Facultad de Gobierno, Isabel Castillo, explica que el problema de la iniciativa popular de norma es que no logra representar, de forma igualitaria, a todos los sectores de la sociedad:   

“Lo que se ha propuesto en temas como la iniciativa popular de norma, que existió en el proceso anterior, aparece como más fácil, menos costoso, pero me parece que no funcionó bien. Es un tipo de participación de muy baja intensidad: o sea un click, básicamente. Está herramienta sí da cuenta de la capacidad de movilización de actores ya interesados, y el gran problema del proceso fue justamente ese: no logró llegar a otros sectores. Por lo demás, en ciertos sectores causó frustración, porque esas iniciativas no eran vinculantes. Varias de ellas, y de las más votadas, fueron rechazadas. Ahora, me parece bien que no sean vinculantes, pues sería complejo incluir normas que no tengan que ver con el resto de la Constitución. Pero, en general, no me parece una buena forma de participación”, apunta.

La relevancia de la participación ciudadana

Más allá de lo que finalmente se determina en el proyecto definitivo de ley que se apruebe en el Congreso y que establecerá los reglamentos con los cuales debiesen funcionar las herramientas de participación ciudadana que se determinen, desde el mundo académico concuerdan en que estos elementos ayudan a brindar legitimidad al proceso constituyente:

“Los mecanismos de participación tienen la virtud de ofrecer legitimidad a los órganos de representación, es decir, son un complemento al proceso de toma de decisiones que abre espacios a la ciudadanía y que, por lo tanto, eso tiene a su favor que las personas se sientan más participes del proceso y puedan legitimarlo a mediano y largo plazo. Esto es especialmente importante en un mecanismo que vamos a tener en la actualidad que estará mucho más acotado y que reflejan mejor que los órganos de representación tradicional, entonces los estos mecanismos de participación ofrecen este mayor grado de legitimidad que todo proceso constituyente necesita”, afirma María Cristina Escudero.

Sobre cómo o qué elementos se deben tener en consideración para llevar adelante este proceso constituyente con participación ciudadana, Claudia Heiss afirma que estos deben dar cuenta, de alguna forma, de la diversidad que existe en Chile:

“La participación tiene que buscar ser lo más representativa posible de la realidad chilena, de la sensibilidad de los distintos grupos que viven en Chile, de las distintas visiones de la sociedad. Y para eso, se podrían utilizar mecanismos que han funcionado en otros países del tipo de foros de deliberación o asambleas ciudadanas con una metodología controlada; es decir, personas que sean electas, por ejemplo, de manera aleatoria, pero con una corrección de representatividad que garantice que habrá personas de regiones, hombres y mujeres y que será la muestra de la diversidad de Chile”, explica.  

En tanto la académica Isabel Castillo cree que una buena forma de llevar adelante un proceso participativo es por medio de instancias de diálogo ciudadano, destacando lo que ya se ha llevado a cabo mediante la plataforma Tenemos que Hablar de Chile, en la cual participan la Universidad de Chile junto a la Universidad Católica:

“Lo que ya se ha hablado es llevar adelante un proceso, a través de las universidades, de los diálogos y del trabajo que ha hecho, por ejemplo, Tenemos que Hablar de Chile. Eso me parece mucho más relevante, porque allí hay un esfuerzo por alcanzar a sectores diversos, no hay un auto sesgo de selección y apunta mucho más al diálogo y a incluir grandes temas más que una norma que es más bien específico. Este tipo de instancias, o como fueron en el proceso de Bachelet los cabildos, recogen más diálogo y se pueden agrupar en temáticas. Ahora bien, son difíciles de hacer por el tiempo. Tampoco sabemos bien cómo está el ánimo ciudadano, hay mucha gente que está poco entusiasmada con el proceso. Pero, me parece lo ideal, porque lo que se hizo en Tenemos que Hablar de Chile ya cuenta con una metodología instalada, y a través de las universidades se pueden desarrollar los diálogos que puedan levantar cuáles son las expectativas de la ciudadanía. No tiene mucho sentido apuntar a normas tan específicas como las iniciativas populares”, finaliza.

Durante el mes de enero se discutirá en el Congreso Nacional la forma que tendrán las herramientas de participación ciudadana para el nuevo proceso, con el fin de que el 6 de marzo cuando se instale la Comisión de Expertos, ya se cuenten con todas las reglas sobre la mesa.

Por Víctor Hugo Moreno