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Rodrigo Gil: “Las Iniciativas Populares de Norma tienen un grado de incidencia asegurado en el actual proceso constitucional”

El académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile explica cómo la ciudadanía puede incidir en el texto del anteproyecto constitucional. «El objetivo que se persigue es poder acercar este proceso constituyente a la ciudadanía, para efecto de que todos y todas tengan un espacio de participación e incidencia en este proceso”, sostiene el abogado de la Casa de Bello.

A solo días de que comience el trabajo del Consejo Constitucional, conversamos con el abogado y profesor de Derecho Civil de la Universidad de Chile, Rodrigo Gil, para conocer más sobre las Iniciativas Populares de Norma, uno de los cuatro mecanismos de participación con los que cuenta la ciudadanía para dar su opinión e incidir en el texto del anteproyecto.

Gil, que se desempeñó como abogado asesor en la Secretaría Técnica de Participación Popular de la Convención Constitucional (2021-2022), destaca el carácter de real incidencia que tienen las IPN -como son más conocidas-, además de contextualizar el trabajo que realiza la Secretaría de Participación en este proceso.

La Secretaría Ejecutiva de Participación Ciudadana es un organismo técnico, creado para este segundo proceso por mandato constitucional, al cual se le ha delegado la facultad de colaborar en éste. Está compuesta tanto por representantes de la Universidad de Chile como de la Universidad Católica” explica, para agregar qué “el objetivo que se persigue es poder acercar este proceso constituyente a la ciudadanía, para efecto de que todos y todas tengan un espacio de participación e incidencia en éste”.

-¿Qué son las Iniciativas Populares de Norma?

Las Iniciativas Populares de Norma son un particular mecanismo de participación ciudadana establecido para este proceso constitucional, que también estuvo en la Convención Constituyente. Tienen por objeto promover una participación ciudadana que, a diferencia de otros mecanismos, tiene un grado de incidencia asegurado en el actual proceso constitucional.

-¿En qué consiste esto?

Consiste en que cualquier ciudadano puede proponer a través de esta Secretaría una modificación particular al anteproyecto elaborado por las y los expertos, para que sea incorporado en el nuevo texto constitucional. Por lo tanto, es una iniciativa de norma constitucional que pueden presentar las y los ciudadanos. Para este efecto, se requiere que esa iniciativa consiga luego el apoyo de 10.000 firmas en cuatro regiones.

-¿Qué pasa con las IPN que logren la votación?

A diferencia de otros mecanismos, este es incidente directamente, porque si se logran las firmas, este mecanismo llega al Consejo y éste está obligado a deliberar y discutir si se debe o no aprobar esa norma propuesta por la ciudadanía. 

-¿Cómo difieren de las IPN del proceso anterior?

En este caso particular, a diferencia del proceso anterior, esa norma propuesta solo puede consistir en una modificación respecto del anteproyecto elaborado por los expertos, ya sea sumando una nueva norma, eliminando una existente o modificando un acuerdo.

-¿Cómo se puede participar en este mecanismo?

Las personas deben ingresar a la página web de la Secretaría, www.secretariadeparticipacion.cl, donde tendrán que llenar un formulario muy breve. En este caso lo que hemos hecho junto a otros colaboradores, recogiendo la experiencia del proceso anterior, en el cual también participé, es que hemos tratado de perfeccionar la metodología, hacerla más simple y amigable, establecer unos requisitos de entrada que permitan que haya una mayor participación. Así deviene ese formulario, en el cual se tiene que elegir cuál es el capítulo del anteproyecto respecto del cual se quiere hacer alguna enmienda o alguna solicitud de modificación; luego se despliega el capítulo correspondiente y se puede ir artículo por artículo solicitando qué aspecto de ese artículo se puede modificar. Una vez que se presenta esta iniciativa, la Secretaría de Participación Ciudadana revisa esta iniciativa de forma tal de asegurar que cumple con la exigencia reglamentaria.

-¿Cuáles son esas exigencias?

Por ejemplo, que no atente contra las 12 bases de este proyecto, que no sea atentatorio contra los Derechos Humanos o acuerdos ratificados por Chile, que esté escrito un lenguaje que no sea vulgar, soez, grosero, como también ocurrió mucho la vez anterior. También que todo lo que se difunda sea cierto, que consista en la propuesta de artículo, con el fundamento. Estas son cosas básicas que recogimos de la experiencia del proceso anterior. Una vez que cumple con los criterios de admisibilidad, se libera para que pueda levantar firmas.

-¿Cuáles son las fechas o plazos para esto?

El proceso se abre para la presentación de iniciativas populares de Norma el día miércoles 7 de junio y estas se recepcionan hasta el 18 de junio. Luego, desde el 21 de junio y hasta el 5 de julio, se pueden conseguir firmas. 

Se definieron estos plazos para hacer más equitativa la participación, ya que nos dimos cuenta qué, en el proceso anterior, muchas personas presentaron iniciativas los últimos días, cuando solo quedaban horas o un día para poder conseguir firmas. De esta forma, todas las IPN propuestas y admitidas se publicarán simultáneamente el día 21 de junio, cuando comienza el plazo de recolección de firmas.

-La vez anterior eran 15 mil firmas, ahora solo son 10.000. ¿A qué responde este cambio?

Estamos con el firme propósito de perfeccionar el sistema respecto de cómo fue el proceso anterior, por eso se han bajado las barreras de entrada. Si antes se requerían 15.000 firmas, ahora basta con 10.000. Esa es una mejora muy significativa y, por lo tanto, tengo la expectativa de que la gente va a estar interesada.

Como académico de la Universidad de Chile y también integrante de la Secretaría, quiero invitar a la comunidad universitaria y ciudadanía en general, a participar en este proceso.

Aquí hablo directamente a toda la ciudadanía y, particularmente, a la sociedad civil organizada, a que presenten Iniciativas Populares de Norma. La Secretaría Ejecutiva de Participación Ciudadana, en conjunto con la Universidad de Chile y Universidad Católica, hemos tomado la experiencia del proceso anterior y la hemos perfeccionado de forma tal de reducir las barreras de entrada a este proceso y garantizar mayor transparencia. También hemos conversado con todos los actores involucrados para garantizar que todas aquellas iniciativas que consigan el umbral de 10.000 firmas puedan efectivamente ser escuchadas y bien tramitadas al interior del Consejo.

El Proceso Constitucional es ahora y es a través del mecanismo de Iniciativa Popular de Norma que pueden tener real incidencia en el proyecto.

Rodrigo gil, abogado, académico de la universidad de chile y Asesor de la Secretaría de Participación Ciudadana
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