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La actividad tuvo como objetivo presentar los resultados de los mecanismos de participación ciudadana implementados en este proceso e informar a las y los participantes con el fin de amplificar la voz ciudadana. «Las organizaciones de la sociedad civil son agentes de participación en sus propios espacios, congregan ideas y van canalizando temáticas de interés en este y en otros procesos», destacó sobre esta instancia el secretario ejecutivo de Participación Ciudadana por la Universidad de Chile, Carlos Rilling.

Representantes de organizaciones de la sociedad civil se reunieron con la Secretaría de Participación Ciudadana (SPC) para conocer el detalle del informe que se hizo llegar al Consejo Constitucional y que reúne la opinión de cerca de 270.000 personas respecto del anteproyecto presentado por la Comisión Experta.

El objetivo de esta instancia fue “devolver los aprendizajes, las reflexiones que emergieron del proceso de participación ciudadana para que así las organizaciones puedan hacer un trabajo de incidencia en este proceso constitucional”, señaló Manuel Sepúlveda, encargado de alianzas en la Secretaría de Participación, encargada a la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica. “Queremos tener una reflexión conjunta para ver qué estrategias pueden desarrollar para lograr que esa voz ciudadana llegue efectivamente al Consejo Constitucional”, complementó Cecilia Domínguez, encargada de formación.

Taller destinado a las organizaciones

Tras la presentación de los datos, se realizó un taller donde las organizaciones escogieron las temáticas más importantes para ellas, conocieron cómo difundirlas en su entorno y conversaron de qué manera incluir esta información en su labor.

“Tenemos, dentro del anteproyecto, un inciso que habla del rol de los profesores, entonces, más que ver los contrastes, es fundamental la misión educativa para responder a todos los otros desafíos que emanan dentro de este proceso”, mencionó Verónica Cabezas, directora ejecutiva de Elige Educar, a modo de conclusión de la jornada. 

Martín Corvera, director de proyectos de Ciudadanía Inteligente, habló sobre los desafíos a futuro: “Desde la articulación de organizaciones de ‘La Constitución es nuestra’, logramos que diez Iniciativas Populares de Norma entraran al debate constitucional a través de la firma y hoy nuestro rol es que estas diez iniciativas tengan incidencia”.

Proceso de devolución de resultados

El secretario ejecutivo de la SPC, Ignacio Irarrázaval, evaluó el encuentro como muy positivo, porque las organizaciones “están interesadas en escuchar precisamente los resultados y ojalá puedan empujar en los temas que a ellos les preocupan, desde la opinión ciudadana, no solo por una mera percepción, sino que basado en lo que hemos recogido de estas casi 270.000 personas que participaron en el proceso”, afirmó.

En esa misma línea, Carlos Rilling, también secretario ejecutivo de la Secretaría, agregó que “las organizaciones de la sociedad civil son agentes de participación en sus propios espacios, congregan ideas y van canalizando temáticas de interés en este y en otros procesos. Por lo mismo, nos es muy importante poder continuar acompañándolos desde nuestro enfoque de formación ciudadana para poder cerrar el proceso de incidencia y que esta Constitución sea de todas y de todos”.

Este seminario es parte de la etapa de incidencia de la Secretaría de Participación, tiempo en que se estarán generando diversas instancias que profundicen la incidencia de la voz ciudadana con centros de pensamiento, universidades regionales, organizaciones sociales, concluyendo en septiembre con un seminario final.

Texto: Paz Escárate

Los secretarios ejecutivos de participación solicitaron a las y los asistentes divulgar y amplificar los hallazgos del Mes de la Participación para que la voz de la ciudadanía sea escuchada en el Proceso Constitucional. En el encuentro, fueron presentados los principales resultados de cada uno de los mecanismos de participación, información que ya fue presentada al Consejo Constitucional a través de dos informes.

Hasta las dependencias del ex Congreso llegaron esta mañana las y los representantes de diversos centros de pensamiento, universidades y organizaciones de la sociedad civil para conocer el detalle de la metodología y los principales hallazgos del proceso participativo implementado por la Secretaría de Participación Ciudadana, organismo encargado de recoger las ideas y propuestas de la ciudadanía en el marco del proceso constitucional. La cita fue encabezada por los secretarios ejecutivos de Participación Ciudadana, Carlos Rilling, por parte de la Universidad de Chile, e Ignacio Irarrázaval, por parte de la Pontificia Universidad Católica.

“Acabamos de finalizar una sesión donde expusimos con más profundidad los resultados del informe ampliado de incidencia que entregamos el martes 8 de agosto a la mesa del Consejo Constitucional. Pudimos compartir estos resultados con académicos, académicas y miembros de centros de estudio, que se pudieron informar respecto de lo que habíamos trabajado y pudimos abrir un espacio de conversación con una excelente recepción (…) Asimismo, les solicitamos que nos ayuden a divulgar esta información, que efectivamente nos ayudarán a replicar esta voz y que continuaremos trabajando para que esta propuesta constitucional sea de todas y de todos”, indicó Carlos Rilling al concluir la actividad.

Por su parte, Ignacio Irarrázaval señaló que “esta mañana tuvimos un encuentro muy valioso con más de 15 centros de pensamiento y personas de universidades, del mundo político, de todo el espectro político. Enseñamos los resultados del proceso de participación y un par de observaciones que nos fortalecen en este proceso. También les pedimos a los centros de pensamiento que nos ayuden a difundir y a plantear las ideas fuerza que salen de este proceso de participación”.

Para Claudia Heiss, académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile y encargada del mecanismo de Audiencias Públicas, este encuentro “es muy importante porque los resultados de la participación ciudadana del proceso tienen varios usos posibles. Lo más importante para nosotros es la incidencia en el proceso constitucional, que es la razón por la que la gente quiso participar, y por eso estamos haciendo todo lo posible por entregar varios niveles de análisis al Consejo Constitucional. Y también es muy importante la devolución que se le hace a los propios participantes, para que sepan qué es lo que se recogió en la sistematización”

Agregó, además, que un tercer nivel de análisis es “cómo esto incide en el debate público. Y para eso es muy importante el rol que tiene la academia, los centros de pensamiento y las personas que están interesadas en estudiar la opinión pública, la participación ciudadana y los temas específicos que aparecieron en los espacios de participación. Entonces, tenemos aquí, en todo este esfuerzo de participación, un insumo muy importante para que la voz de la gente se escuche no solo en el proceso constitucional, sino en el debate público en términos más generales”.

Representantes, expertos y expertas de ComunidadMujer, Centro de Estudios Públicos (CEP), Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), Pivotes, IdeaPaís, Chile 21, la Escuela de Administración Pública de la Universidad Diego Portales, el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, Libertad y Desarrollo, la Escuela de Administración Pública de la Universidad Mayor, la Universidad de Los Lagos, Flacso Chile, Instituto Res Pública, Rumbo Colectivo, Fundación Nodo XXI y Pacto Social asistieron a la reunión con la intención de conocer cómo se implementó la participación ciudadana y aportar a la difusión de la incidencia y visibilización de sus resultados.

“Yo creo que es muy importante tomar en cuenta que este trabajo no termina aquí, sino que justamente de acá se abre una demanda muy importante por llevar esta información a la instancia de decisión donde esto debiera servir. Ahí la palabra clave es la incidencia. Cómo garantizar la incidencia de estos materiales, de estas opiniones, en las deliberaciones de los consejeros y consejeras”, mencionó Rodrigo Márquez, académico de Flacso Chile, quien agregó que “esa tarea de insistir, insistir, insistir es la que tenemos que seguir desarrollando desde diversas vocerías para que efectivamente la incidencia de este proceso de participación se haga concreta y palpable”.

A la cita también asistió Paula Castillo, encargada del Observatorio Rumbos Constituyentes de Rumbo Colectivo. “Todavía nos queda mucho por avanzar y creo que ahí también viene esa posta, que nos viene a entregar la Secretaría de Participación Ciudadana a los centros de pensamiento, más adelante también a las distintas organizaciones de la sociedad civil, para que entonces podamos ir y con estos resultados decir esto es lo que necesitamos, en esto creemos que podríamos mejorar y no solamente para el proceso constitucional actual, sino que también en adelante”, mencionó Castillo.

Pamela Figueroa, académica del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de la Universidad de Santiago, quien además trabajó activamente en el proceso participativo del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, señaló que “las demandas que la ciudadanía ha venido planteando en procesos participativos anteriores, como fue en 2016 con Michelle Bachelet o el 2021-2022 durante la convención constitucional y hoy día en este nuevo proceso participativo, no se han incorporado en el sistema político. Es muy importante que los consejeros constitucionales hoy día escuchen, lean con detención este informe y puedan incorporar en su discusión los temas que son importantes para la ciudadanía en materia constitucional”.

El informe final, que incluye un apartado de hallazgos transversales para incidencia, fue entregado por la Secretaría de Participación Ciudadana al Consejo Constitucional a comienzos de mes y se encuentra disponible en www.secretariadeparticipacion.cl.

El último reporte sobre los distintos mecanismos participativos muestra una preocupación transversal de las personas por temas como pensiones, salud, educación y acceso a la justicia. Los rectores de la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica destacaron la participación ciudadana en este proceso e hicieron un llamado al Consejo Constitucional a considerar estas prioridades.

Este martes 8 de agosto, los equipos de la Secretaría de Participación, junto a la Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, y el Rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez, llegaron hasta el ex Congreso para hacer entrega de un último informe a las y los consejeros constitucionales. En esta ocasión, el equipo presentó un foco cualitativo y centrado en una revisión detallada de las temáticas abordadas por la ciudadanía en las Audiencias Públicas, además de gráficos con datos de las enmiendas propuestas y otras informaciones no contenidas en la entrega preliminar.

La Rectora Devés señaló que «esta sistematización de los hallazgos ha sido realizada por un grupo importante de expertos y expertas, que hicieron un análisis cualitativo de los distintos mecanismos para tener conclusiones fundadas sobre los anhelos y visiones de la ciudadanía«. En ese sentido, destacó que «en los distintos mecanismos hay propuestas importantes. Son propuestas de consenso, en general. Es muy interesante analizar este informe en función de acuerdos transversales en el país, que esperamos sean acogidos en el texto constitucional definitivo».

La máxima autoridad universitaria de la Casa de Bello añadió que «estamos agradecidos por la confianza del Consejo Constitucional, pero también del trabajo de tantos especialistas de las universidades, que han volcado parte de su trabajo, de su tiempo y de sus conocimientos a esta importante contribución».

Por su parte, el Rector Sánchez expresó al órgano redactor: “Quisiera hacer un llamado muy sentido al Consejo Constitucional porque la ciudadanía ha confiado en el proceso, ha confiado en las instituciones y está confiando en que van a revisar con mucha profundidad las propuestas que se han entregado”.

La elaboración del material estuvo a cargo de la plataforma de Audiencias Públicas de la Secretaría, encabezada por la académica y jefa de la carrera de Ciencia Política de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Claudia Heiss. Junto a ella, trabajaron una serie de profesionales de diversas casas de estudio, entre los que destacan las y los docentes de la Casa de Bello: Verónica Figueroa Huencho, de la Facultad de Gobierno; y Rocío Lorca, Salvador Millaleo, Francisco Zúñiga, Gastón Gómez y Enrique Navarro, de la Facultad de Derecho.

Carlos Rilling, secretario ejecutivo de participación de la Universidad de Chile, indicó que “entregamos este informe de incidencia a la mesa del Consejo Constitucional con el convencimiento de que es información tremendamente relevante a la hora de las decisiones que las y los consejeros constitucionales tienen que tomar en su revisión del anteproyecto. Nos preocupa sobremanera que la puedan tener a la vista, que puedan considerar las preocupaciones que la ciudadanía ha expresado”.

En esta línea, expresó que “somos depositarios y tenemos que honrar la confianza que la ciudadanía tuvo en nuestra universidad y en el sistema universitario en general (…) Y, por lo mismo, nos parece muy significativo tanto los contenidos del informe como el hecho de que la recepción que tuvimos en las comisiones y las preguntas que nos hicieron también están contenidas de alguna manera en los ajustes y en las revisiones que hicimos de este informe. Como Secretaría, seguimos muy disponibles en lo que necesite el Consejo Constitucional para poder hacer llegar la voz de la ciudadanía y que esta sea una constitución de todas y de todos”.

Por su parte, Ignacio Irarrázaval, secretario de participación de la Pontificia Universidad Católica, señaló que “lo más importante de esto es que hay un resumen ejecutivo de los principales puntos para cada comisión”. Asimismo, aseguró que “le dijimos a la mesa directiva que era muy importante que estos titulares, estos mensajes, llegaran a los consejeros porque detrás de nosotros está toda una ciudadanía”.

En una cita previa, el pasado 21 de julio, se hizo entrega al pleno del Consejo los resultados preliminares con los números de participación y algunos hallazgos, lo que se profundizó en esta ocasión, al agregar la información más importante para cada Comisión.

Derecho Sociales: una preocupación transversal

Uno de los temas que suscitan mayor preocupación en las personas, de acuerdo a la información entregada por la Secretaría tras la sistematización cualitativa de la participación, son las pensiones y el sistema de seguridad social en general, donde se evidencia que existe un acuerdo en que es prioritario que el Estado garantice prestaciones sociales y la necesidad de hacer cambios al sistema de pensiones. De todas formas, se observan discrepancias en torno a la propiedad, heredabilidad y apropiabilidad de los fondos, así como de la importancia del mérito y ahorro individual, la libertad de elección, la posibilidad de retiros y de lucro en el sistema.

La educación también surge como uno de los derechos más nombrados por las y los participantes, con una preocupación transversal por su calidad y de la mano de conceptos como integral, inclusiva o equitativa. Asimismo, las preocupaciones por este derecho también se extienden a otras áreas, con demandas específicas por la educación en las salas cunas o la educación superior, como también por la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos.

En cuanto al derecho a la salud, la participación demuestra una preocupación central por su calidad, donde la incorporación explícita de la salud mental muestra una gran adhesión ciudadana. Además, se observa frecuentemente una preocupación por el derecho a cuidados.

A estos hallazgos se suma la preocupación por la consagración del derecho a la vivienda, con referencias a conceptos como digna, adecuada, accesible o segura; y los derechos laborales, donde se evidencian demandas por el derecho al trabajo decente y los derechos sindicales.

La sistematización destaca también una preocupación transversal de las y los participantes por el medioambiente. Los datos exponen el gran respaldo al deber del Estado, pero también de las personas, de proteger el medioambiente, la naturaleza, la biodiversidad y los animales. Por ejemplo, respecto del agua, su consagración como bien nacional de uso público genera alta adhesión, con prioridad en el consumo personal y doméstico. Sobre el sistema de derechos de agua, en tanto, se observan ciertas discrepancias respecto a su propiedad. Finalmente, también resalta la aparición de ciertas ideas sobre la protección de los animales.

Comisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado

En la Comisión de Sistema Político, uno de los hallazgos más significativos es la preocupación por la participación ciudadana y la necesidad de formación cívica manifestada en los diversos mecanismos. Así, los nuevos mecanismos de democracia directa que incluye el anteproyecto, en general, reciben una alta valoración por parte de las y los participantes.

Otro aspecto que se repite es la preocupación transversal por una mejora en la gestión pública, en la que se nombran conceptos como recursos, eficiencia, administración, funcionarios, carrera funcionaria y evaluación de desempeño. Sumado a esto, se destaca el apoyo al concepto de descentralización y al amplio respaldo a una norma sobre equidad en la distribución territorial de recursos.

Comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos

Respecto a la Función Jurisdiccional, la demanda ciudadana apunta a un acceso más igualitario, eficiente y punitivo. A esto, se suma el apoyo a la creación del Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas propuesta por la Comisión Experta, que logra una altísima adhesión, aunque -de igual modo- aparecen preocupaciones asociadas al riesgo de que herede las dificultades que las personas ya perciben en el sistema de justicia.

Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos

En esta Comisión, por último, se destacó la valoración de las y los participantes a la definición de Chile como Estado unitario y descentralizado. Además, se expuso la preocupación ciudadana por el concepto de familia, donde existe un debate en torno al reconocimiento de sus múltiples formas.

Tras un análisis más detallado de la información recogida a través de los distintos mecanismos, quedó en evidencia la inquietud por los derechos humanos en relación a las garantías de no repetición y su protección, así como la necesidad de contar con mayores salvaguardias en términos de derechos sociales. Sin embargo, surgen diferencias en torno a ciertos conceptos como la provisión de estos derechos, la prohibición del lucro, la progresividad, el principio de no regresividad y la subsidiariedad.

Para finalizar, se destacó el amplio respaldo ciudadano a la libertad religiosa y al derecho a la libertad de expresión, donde se concibe a este último como un factor habilitante para el ejercicio de otros derechos.

El informe con toda la información sistematizada del Mes de la Participación se encuentra disponible en www.secretariadeparticipacion.cl

Carlos Rilling, nuevo secretario ejecutivo de Participación Ciudadana.

En conversación con Uchile Constituyente, Carlos Rilling entrega detalles sobre su nombramiento y el trabajo que la Casa de Bello ha desarrollado en el marco de la etapa participativa del proceso constitucional en curso. Adelanta, además, que el próximo informe que entregarán al Consejo Constitucional presentará un análisis de las 10 principales temáticas en las Audiencias Públicas, así como un análisis comparado entre las Iniciativas Populares de Norma del proceso anterior y las recibidas este año. 

El recién nombrado secretario ejecutivo de la Secretaria de Participación Ciudadana por parte de la Universidad de Chile, tras la salida de Claudio Troncoso a nuevo rumbos laborales, es un destacado sociólogo y gestor de instituciones de educación superior, además de magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Casa de Bello. Su experiencia profesional lo ha llevado al diagnóstico, diseño, implementación y evaluación de proyectos y desarrollo de sistemas de gestión, equipos y personas, con un foco constante en el monitoreo de logros y resultados.

En esta entrevista, Carlos Rilling detalla cómo ha sido el despliegue de la Universidad de Chile en este proceso, así como las metas en esta parte final de trabajo de la Secretaría, en la que están presentando la sistematización de la voz de la ciudadanía expresada a través de los mecanismos de participación. Detalla, además, que el próximo informe que entregarán al Consejo Constitucional presentará un análisis de las 10 principales temáticas en las Audiencias Públicas, así como un análisis comparado entre las Iniciativas Populares de Norma del proceso anterior y las recibidas este año. «Queremos que este informe sea más profundo en términos de análisis de contenido y así orientar mejor el debate de los consejeros», adelanta.

– ¿Cómo se gestó tu llegada a la Secretaría de Participación Ciudadana?

Desde el comienzo del proceso de participación, en enero de este año, estuvimos trabajando junto a Claudio Troncoso y un equipo interdisciplinario de nuestra Universidad en la organización y planificación del equipo de la Secretaría y la coordinación necesaria con la Universidad Católica y las universidades acreditadas de todo Chile. Al cumplir el hito de la entrega del primer informe de participación, el pasado 21 de julio, el profesor Troncoso asumió nuevos desafíos profesionales como director de Asuntos Jurídicos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo que me fue encomendado continuar en sus funciones en las tareas que nos quedan en la Secretaría de Participación.

– ¿Cuáles son las siguientes etapas de este organismo?

Tenemos pendiente una etapa tan importante como la que vivimos mientras estuvieron abiertos los mecanismos de participación. Debemos ahora comunicar los resultados de los informes que han sido enriquecidos en el tiempo, incluyendo una explicación metodológica, los análisis y las proyecciones. Queremos que la voz de la ciudadanía sea escuchada y que las y los participantes se vean representados en las temáticas tratadas en los documentos y sus respectivas propuestas y puntos de vista sobre el anteproyecto constitucional. Tenemos que honrar la confianza que tuvo la ciudadanía en esta Secretaría, haciendo nuestros mayores esfuerzos para que esa incidencia se materialice.

– ¿Cómo ha sido el aporte de la U. De Chile en los resultados de participación que ha arrojado el proceso?

El equipo de la Universidad de Chile, en articulación con el equipo de la Universidad Católica y de todos quienes se han sumado a esta tarea, ha sido clave por su experticia en desafíos complejos como las Audiencias Públicas, que requirieron un despliegue territorial con las universidades a lo largo del país y las Iniciativas Populares de Norma (IPN), en el que aportamos no solamente con las herramientas para presentar la IPN, sino también con un proceso amplio de formación ciudadana para acompañar la formulación. Esto, sumado a la rápida sistematización de los contenidos para llegar a tiempo al Consejo Constitucional, hizo que el espíritu de excelencia y de servicio público de la Universidad de Chile estuviese muy presente. Hemos puesto las mejores capacidades académicas y profesionales de la Universidad al servicio de esta tarea.

– El conocimiento de las y los académicos al servicio del proceso ha sido clave, pero también la tecnología puesta a disposición por la Universidad ¿Qué nos puedes contar sobre el papel de Ucampus en esta tarea?

Los profesionales de Ucampus tenían la experiencia de haber sido parte de la participación ciudadana durante el proceso anterior. Confiamos, por tanto, en ese conocimiento acumulado para el desarrollo de herramientas que facilitaran la participación de las y los ciudadanos, con excelentes resultados. En el proceso hubo mucha inteligencia y trabajo al servicio de la democracia, ya que sin tecnología no hubiésemos podido llegar a comunas rurales y apartadas, como tampoco a los chilenos que viven en el extranjero. La tecnología fue clave para que los procedimientos fueran fáciles, al alcance de todos, yendo más allá de la acción de votar, que es la expresión clásica de participación ciudadana.

– Próximamente se entregará un nuevo informe al Consejo Constitucional ¿Qué nos puedes compartir sobre los análisis de los mecanismos IPN y Audiencias Públicas que arroja esta nueva entrega?

Queremos que este informe sea más profundo en términos de análisis de contenido y así orientar mejor el debate de los consejeros. También ahondaremos en la metodología, ya que creemos que es un aporte para procesos posteriores. Lo tercero es un análisis cualitativo de las 10 temáticas más presentes dentro de las Audiencias Públicas, realizado por un equipo paritario de 30 académicas y académicos de distintas universidades. Esperamos también entregar un análisis comparado entre las IPN presentadas en el proceso anterior y las recibidas este año.

El análisis dio a conocer los requerimientos de las personas por una democracia paritaria, los diversos conceptos de familia, las diferentes posturas sobre el derecho a la vida y los derechos sexuales y reproductivos. Además, mostró una alta valoración hacia la descentralización.

El equipo de la Secretaría de Participación llegó el miércoles al ex Congreso a exponer ante la Comisión de Principios y Derechos Civiles y Políticos el desglose de la información más relevante de los cuatro mecanismos de incidencia implementados para el Proceso Constitucional, luego de haber entregado un reporte preliminar del proceso participativo el pasado 21 de julio.

Un 52% de la participación se asocia a temáticas relacionadas con esta comisión, lo que dio como resultado el ingreso de 14 Iniciativas Populares de Norma (IPN).

Al respecto, Rodrigo Gil, encargado del mecanismo de Iniciativa Popular de Norma, señaló que “es muy importante que se haga el mayor esfuerzo posible cuando ustedes discutan esas iniciativas, que quede constancia en acta de la discusión, conocer la trazabilidad de ellas y luego devolver a la ciudadanía, para que ellos sepan efectivamente qué pasó con la iniciativa presentada”.

A continuación, Gil, abogado y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, presentó contenido relevante más allá de las 14 IPN ingresadas que corresponden a esta comisión. Entre los datos se destacan las diversas posturas que existen sobre el concepto familia que apuntan, por un lado, a diversificar el concepto tradicional de pareja entre hombre y mujer.

Rodrigo Gil también se refirió al amplio apoyo a iniciativas de garantías de no repetición a las violaciones a los DDHH, de incorporar la obligación expresa del Estado a promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos y de iniciativas de probidad y transparencia con sanciones por corrupción.

También se destacaron las propuestas con un alto nivel de apoyo respecto de la prohibición del lucro en derechos sociales, sobre los animales, la protección de niños, niñas y adolescentes, y el derecho a los cuidados.

Sobre el capítulo de derechos y libertades fundamentales, se habló sobre el derecho a la vida y los derechos sexuales y reproductivos, donde se presentaron las diversas posturas que contaron con un alto nivel de apoyo y que, en algunos casos, son contradictorias entre sí.

En el caso de las Audiencias Públicas, los números se concentran en temas de inclusión, avances y retos de la era digital, incluyendo las preocupaciones por profundizar en la garantía de derechos para las personas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres y personas en situación de discapacidad, las preocupaciones por los impactos de la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la ética en la utilización de datos y la brecha digital.

Otros tópicos que sumaron un gran número de audiencias fueron las garantías individuales en lo referente a la libertad de expresión, el derecho a los cuidados y el derecho a la vida, junto con la protección de los DDHH y la promoción de la democracia paritaria.

En el caso de los Diálogos Convocados, existe acuerdo general en que la descentralización debe ser una prioridad (Art. 6). Se valora también que se responsabilice a los individuos por el daño ambiental (Art. 38, inciso 3), pero se advierte que también debe ser responsabilidad del Estado y de las organizaciones. Por otro lado, se observó disenso respecto al deber de respetar a los padres, asistirlos, alimentarlos y socorrerlos cuando éstos los necesiten (Art. 38, inciso 7).

En los Diálogos Autoconvocados se vuelve a presentar la preocupación por el concepto de familia (Art. 3), donde la mayoría de las personas valora que se explicite a la familia como núcleo de la sociedad, con la preocupación que se incluya en un sentido diverso con respecto a las diferentes formas de familia existentes. También hay un amplio consenso en la definición de Chile como unitario y descentralizado. Con respecto al derecho a la vida, en los diálogos tuvo más de un significado.

La Consulta Ciudadana presentó un alto nivel de acuerdo -más del 80%- en todos los artículos expuestos del anteproyecto de la Comisión Experta.

Luego de la entrega de la información detallada correspondiente a cada una de las comisiones, la Secretaría presentará un nuevo informe con análisis cualitativo de las audiencias y más detalles para que las voces de la ciudadanía sean consideradas.

El informe preliminar se encuentra disponible para su revisión en secretariadeparticipacion.cl.

Representantes de la Secretaría de Participación Ciudadana dieron a conocer los resultados de este proceso en torno a temas como educación, salud y medioambiente, así como sobre la modernización del Poder Judicial, procesos legales eficientes, acceso a la justicia y una Defensoría de las Víctimas. Las y los integrantes del organismo encargado de implementar los mecanismos de participación expusieron este martes 25 de julio ante la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales y la Comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos.

En su nueva visita al ex Congreso, tras la primera presentación realizada el lunes 24 de julio ante la Comisión de Sistema Político, la Secretaría expuso ante la Comisión de Derechos, cuyas temáticas fueron las que contaron con mayor interés y participación de parte de la ciudadanía. Las voces de organizaciones de la sociedad civil y personas naturales quedaron plasmadas en el alto número de apoyos a las Iniciativas Populares de Norma (IPN) que ingresaron a esta comisión, donde destacan aquellas asociadas a educación. Distintas propuestas en esta materia cuentan con un alto nivel de apoyo y, si bien algunas de ellas entran en contradicción, existen iniciativas que concitan un amplio consenso, como la educación desde la sala cuna y garantizar la calidad de la educación.

Respecto al derecho a la salud, el informe señala que hay un marcado apoyo a contar con una salud de calidad, con un énfasis en salud mental. A estas propuestas se suman, con gran apoyo, enmiendas que buscan su gratuidad y el fortalecimiento en el acceso público. Sin embargo, lo mismo ocurre con aquellas iniciativas que buscan consagrar la libre elección en materia de salud.

En el caso de las pensiones, las propuestas de IPN buscan garantizar la propiedad sobre los ahorros previsionales, que no sean expropiables, que sean heredables e inembargables, con una propuesta en particular que solicita que un 10% anual cuente con libre administración.

Se suma a esto, con un gran consenso, la propuesta que busca consagrar el derecho a una vivienda digna. Sin embargo, las propuestas del rol del Estado con respecto a vivienda van variando. Otras iniciativas que concitan apoyos son aquellas que quieren consagrar los derechos de personas en situación de discapacidad y las neurodivergencias, proteger el medioambiente y los glaciares, además de enmiendas con distintas visiones sobre el agua y los derechos de los animales, IPN que logró mayor número de apoyos ciudadanos.

En el caso de los Diálogos Convocados, hubo un especial interés por el tema medioambiental, enfatizando la necesidad de incorporar un enfoque territorial. Además, se abordó la importancia de mejorar la calidad de la educación, pese a que hubo una buena apreciación de lo planteado en el anteproyecto de la Comisión Experta sobre este tema.

En cuanto a los Diálogos Autoconvocados, el informe muestra que también existió un interés masivo en el tópico medioambiente, siendo el tema más debatido por las personas, posicionando la necesidad de abordar la crisis climática en la nueva Constitución y un principio de sustentabilidad como guía para las acciones y regulaciones del Estado.

En este mecanismo se percibe nuevamente la relevancia que da la ciudadanía a profundizar en temas de educación, salud, vivienda, agua, participación ciudadana y seguridad. Se visibiliza, además, la demanda por incorporar el concepto de salud mental en la nueva Constitución.

Las Audiencias Públicas sobre estos derechos, en tanto, concentraron la mayor parte de la participación en este mecanismo, donde el tema predominante fue la protección del medioambiente y el desarrollo sostenible, con un total de 115 audiencias. Le siguen los temas de salud y educación, de manera similar a lo que ocurre con otros mecanismos, y quedando manifiesta la preocupación de la ciudadanía en estos aspectos.

“Hemos puesto a disposición del Consejo Constitucional una plataforma de Audiencias Públicas en secretariadeparticiacion.cl, donde las personas pueden buscar por tema las audiencias en las que se habló del tema que estén tratando en el Consejo Constitucional, y también les hemos contado que les vamos a hacer llegar prontamente un informe cualitativo realizado por expertos interpretando el contenido de las Audiencias Públicas referidas a estas dos comisiones”, señaló Claudia Heiss, académica de la U. de Chile y encargada de este mecanismo.

En lo que se refiere a Consulta Ciudadana, las personas manifestaron un amplio acuerdo, por sobre el 80%, con la propuesta de la Comisión Experta en los artículos relacionados a esta comisión, exceptuando el artículo 16.23, que señala que “cualquier persona o grupo de personas pueden crear, organizar y mantener un establecimiento educacional (colegios, universidades, etc.), en la medida que no atente contra el orden público ni la seguridad del país”, el cual alcanzó un 64% de acuerdo.

Comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos

De acuerdo a los datos entregados en el informe sobre las Audiencias Públicas en esta materia, se aprecia principalmente un interés por reformar y modernizar el Poder Judicial. Hay un énfasis en la separación de funciones jurisdiccionales y administrativas, e incluir profesionales y no jueces en los diversos órganos que menciona el anteproyecto. Además, se destacó la importancia de contar con una mayor transparencia en la gestión y una modernización de herramientas digitales y del debido proceso.

También se recalcó la importancia que tiene para las personas fortalecer la autonomía del Ministerio Público, mejorando el perfil y la selección del Fiscal Nacional. Otro hallazgo que arrojó la sistematización de la participación es el interés por otorgar autonomía a la Defensoría Penal Pública, reformar el Sistema Procesal Civil y la creación de Defensoría de las Víctimas. A esto se suman más de 10 audiencias que buscan mejorar el acceso a la justicia.

En el caso de los Diálogos Autoconvocados, las personas respondieron a la pregunta ¿Cómo debería ser la justicia? En sus respuestas se evidencia una gran tendencia de conceptos asociados a lo punitivo y de contar con procesos judiciales más eficaces, transparentes, sin corrupción y con plazos de investigación menos extensos. Otras respuestas pusieron énfasis en contar con justicia igualitaria, donde no existan tratos arbitrarios. También se enfatizó el fortalecimiento de la defensa de las víctimas.

En el mecanismo de Consulta Ciudadana, donde las personas pudieron manifestar su acuerdo o desacuerdo con el anteproyecto, existió un amplio acuerdo, de más del 80%, con lo planteado por la Comisión Experta en materia de Función Jurisdiccional.

Respecto a las Iniciativas Populares de Norma, de las 31 que fueron ingresadas como enmiendas al Consejo Constitucional el 8 de julio, ninguna pertenece a esta Comisión por no alcanzar el número de apoyos. Sin embargo, el equipo de IPN presentó el contenido de las propuestas relacionadas a esta comisión que suscitaron mayor interés. De esta información se extrae principalmente el hallazgo de una preocupación por incorporar la perspectiva de género con enfoque interseccional y de derechos humanos en la administración de justicia.

Toda la información del análisis de los cuatro mecanismos de participación entregada en estas comisiones se encuentra disponible en secretariadeparticipacion.cl 

Entre los principales temas que demanda la ciudadanía se encuentran un mayor control ciudadano para el combate de la corrupción, además de la incorporación de mecanismos de participación directa y vinculante. El sociólogo y secretario ejecutivo de Participación, Carlos Rilling, junto a los académicos Rodrigo Gil, encargado del mecanismo de Iniciativa Popular de Norma (IPN), y Claudia Heiss, encargada del mecanismo de Audiencias Públicas, fueron los representantes de la Universidad de Chile que participaron en la instancia.

El organismo encargado de la participación ciudadana del actual proceso constitucional hizo una entrega detallada de los resultados de los cuatro mecanismos ejecutados durante el Mes de la Participación, que se extendió entre el 7 de junio y el 7 de julio, a la Comisión de Sistema Político, Forma de Estado y Reforma Constitucional. Al respecto, Carlos Rilling, sociólogo y secretario ejecutivo de Participación por parte de la Universidad de Chile, explicó que “para nosotros es muy importante transmitir la voz de las personas que quieren incidir en el proceso constitucional dentro de las comisiones. De esta manera, profundizamos las temáticas y podemos ahondar en lo que nos transmitieron los ciudadanos durante el mes de la Participación”.

Al encuentro con la Comisión asistieron los secretarios ejecutivos de la Secretaría de Participación Ciudadana, encabezada por la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica, junto con las y los encargados de las cuatro instancias de incidencia con las que contó el proceso participativo, quienes plantearon que los resultados convergen en torno a una demanda de la ciudadanía por contar con mecanismos de participación directa y vinculante y, asimismo, educación que impulse este actuar político. Otro tema predominante, indicaron los representantes de la Secretaría, es avanzar en materia de descentralización.

Educación cívica, un clamor ciudadano

El abogado Rodrigo Gil, académico de la Facultad de Derecho encargado del mecanismo Iniciativa Popular de Norma (IPN) por parte de la U. de Chile, una de las formas de participación a cargo de la Casa de Bello, fue parte de la entrega de un detallado análisis de los temas planteados a través de este mecanismo que se relacionan con el quehacer de la Comisión de Sistema Político, Forma de Estado y Reforma Constitucional.

Este informe, en el marco de las iniciativas sobre Participación Ciudadana, recalcó la importancia que tiene para las personas la incorporación de una educación cívica y la revocatoria de mandato. El análisis destacó, además, el interés que existe sobre la participación de mujeres en la política con opiniones diversas, pero con una predominante demanda de paridad, así como el gran número de apoyos a las iniciativas que buscan incrementar los requisitos y condiciones para el ejercicio de la función pública.

Por su parte, Claudia Heiss, académica de la Facultad de Gobierno y encargada de Audiencias Públicas por parte de la Universidad de Chile, resaltó las 44 audiencias con propuestas para el fortalecimiento de la democracia participativa y representativa en la nueva Constitución de Chile, de la mano con educación cívica, temática que tuvo un marcado interés en este mecanismo.

“Es bastante claro el mensaje de que hay una demanda por participación ciudadana (…) También aparece bastante el papel de la sociedad civil como ente fiscalizador de las instituciones públicas, es decir, una demanda por participación directa y a veces también vinculadas con el control ciudadano de las instituciones para combatir la corrupción y algunas abordan los mecanismos de participación directa, en particular, la Iniciativa Popular de Ley y también la idea de la revocatoria de mandato”, señaló la académica de la Casa de Bello.

Además, se presentaron algunos datos sobre las propuestas para fortalecer el sistema político y electoral en Chile, el abordaje de problemas sociales, gestión pública y mejora de la representación política y la gobernanza. También se abordaron temas relativos a descentralización, transparencia y probidad, entre otros tópicos.

En el caso del mecanismo participativo de Diálogos Convocados, se entregó información importante sobre los resultados en lo referente a esta comisión, que surgen del registro de la conversación de más de 230 grupos de participantes, los que -en conjunto- conformaron una muestra hecha en base a cuotas representativas teniendo en cuenta la diversidad sociodemográfica del país. En estas conversaciones sobresalió lo clave que resulta el voto informado y contar con instancias de educación cívica. A esto se suma, pero en un menor grado, el acuerdo que existe sobre el voto obligatorio.

De la misma forma, se recalcó la visión positiva que existe sobre la opción de que las personas puedan presentar Iniciativas de Ley o Iniciativas de Derogación. Por otro lado, se expuso la valoración que existe sobre el artículo que señala que diputados y senadores deberán tener una conducta intachable, aunque hay discrepancia con la posibilidad de control de los partidos. En este ámbito, hubo referencias al artículo 72 del Estatuto Parlamentario del anteproyecto, que señala que “perderá su cargo quien renuncie o sea expulsado del partido por el que fue candidato”. También fue expuesta la opinión de las personas sobre el art. 94, el cual señala que el mandato de cuatro años del Presidente de la República y la no reelección inmediata es insuficiente.

En cuanto a los Diálogos Autoconvocados, los datos que arrojaron los 338 diálogos que se relacionan con esta Comisión vuelven a repetir la preocupación por aumentar los espacios y mecanismos de participación ciudadana para incidir de forma vinculante, así como la necesidad de educación cívica. Sumado a esto, se presentó una clara tendencia asociada a la idea de descentralización con participación ciudadana.

Participación indígena

Para finalizar, se entregó información sobre la participación indígena, donde se exponen algunas preocupaciones sobre el artículo 53 inciso 2 y el 125 inciso 3, que van en la línea de garantizar la participación indígena y derechos para todas las personas pertenecientes a pueblos indígenas, independiente del lugar que habiten.

Carlos Rilling, al concluir la entrega del informe, agregó que en las siguientes presentaciones en las comisiones esperan “tener la misma recepción que hemos tenido hoy, donde desató mucho interés por parte de las y los consejeros y esperamos que eso también sea indicativo de que la voz de las y los ciudadanos va a ser considerada dentro de sus reflexiones”.

Toda la información de la participación de cada uno de los mecanismos ejecutados durante el mes de la participación se encuentra disponible en la plataforma secretariadeparticipacion.cl