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Rosa Devés, rectora de la Universidad de Chile, e Ignacio Sánchez, rector de la Pontificia Universidad Católica, junto a expertos de cada mecanismo, entregaron el informe de participación ciudadana desarrollada entre el 7 de junio y el 7 de julio que congregó a 269.864 personas. También se hizo entrega, de manera desagregada, del documento que contiene la expresión de los pueblos originarios.

“Es una muestra genuina del interés ciudadano por incidir en la discusión de las normas que nos regirán como comunidad; es la expresión de una voluntad por ser reconocidos y reconocidas como ciudadanos y ciudadanas activas de este país (…). Una verdadera cadena de confianza”, destacó la rectora Devés.

De cara a la ciudadanía y, cuando aún no comienza la deliberación del Consejo Constitucional, prevista para agosto, los rectores de las universidades del país, representados por Rosa Devés, rectora de la Universidad de Chile e Ignacio Sánchez, rector de la Pontificia Universidad Católica, entregaron los resultados de la participación ciudadana que se desarrolló entre el 7 de junio al 7 de julio.

De esta manera se cumplió el objetivo de la Secretaría de Participación Ciudadana (SPC): ser una plataforma eficiente para la incidencia de las personas respecto del proyecto constitucional.

El rector Ignacio Sánchez dijo al inicio del plenario: “Estamos seguros de que el Consejo Constitucional en cada una de sus comisiones y en el Pleno mismo sabrá valorar este material y tomarlo en consideración a la hora de decidir y estructurar el texto que nos represente a todos los chilenos y chilenas”. En una mirada retrospectiva, señaló que “a pesar de las dificultades proyectadas al inicio de este proceso, la masiva participación de las y los ciudadanos nos recalcó su férreo compromiso para seguir construyendo una mejor nación”.

La confianza fue el concepto central de la presentación del informe por parte de los rectores. “Utilizando nuestro bien más preciado, que es la confianza y la rigurosidad, las universidades nos pusimos a trabajar coordinando la labor de cientos de personas que nos permitieran llegar hasta el más recóndito lugar del país y recoger la opinión de la diversidad que compone Chile”, aseveró el rector Sánhez.

Por su parte, la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, destacó que este proceso ha estado sostenido “en una verdadera cadena de confianza: confianza del Acuerdo por Chile en las universidades; confianza de las universidades en sus comunidades, en cuánto seríamos capaces de responder al desafío en tan breve tiempo; confianza de las personas respecto de que sus opiniones serían correctamente recogidas e informadas y, especialmente, confianza en que éstas serán analizadas y serán debatidas en el seno del Consejo Constitucional”. Concluyó diciendo que este informe “no es solamente la presentación de distintas opiniones: es una muestra genuina del interés ciudadano por incidir en la discusión de las normas que nos regirán como comunidad; es la expresión de una voluntad por ser reconocidos y reconocidas como ciudadanos y ciudadanas activas de este país”.

Luego de las palabras de las autoridades universitarias, cada responsable de plataforma: Iniciativas Populares de Norma, Audiencias Públicas, Consultas virtuales, Diálogos Convocados y Autoconvoca dieron cuenta de qué manera organizaron la participación, la ejecutaron y la sistematizaron extrayendo los contenidos más recurrentes puestos a disposición para el trabajo de las comisiones (Ver cifras). Tras ello hubo una ronda de preguntas y respuestas entre los consejeros y los responsables de la SPC.   

Como una manera de relevar la opinión de los pueblos originarios, se desagregó su participación en un informe aparte, estructurado en base a los mismos cuatro mecanismos.

El académico y encargado de participación indígena de la SPC, Jaime Coquelet, destacó entre los temas más relevantes para los pueblos originarios el reconocimiento de los tratados internacionales y los derechos culturales, la participación política y finalmente el tema del medio ambiente en convivencia con modelos de desarrollo sustentables.

Respecto de la protección de derechos culturales, Coquelet enfatizó en la relevancia que tuvo en el proceso de participación “el derecho a la lengua, a una cosmovisión y a una identidad, manteniendo las particularidades de cada uno de los pueblos. Queremos participar desde nuestra singularidad”, explicó. Y agregó que otro tema importante fue la necesidad de promover la no discriminación por pertenecer a un pueblo indígena.

Finalmente, Claudio Troncoso, secretario ejecutivo de Participación Ciudadana, agradeció a las y los ciudadanos que se expresaron sobre el proyecto constitucional  como también a las comunidades universitarias que abrieron sus sedes a lo largo del país para escuchar con  solemnidad a la ciudadanía a través de las Audiencias Públicas. “Solo nos queda desear el mayor de los éxitos a la enorme tarea y desafío que emprenden ustedes de construir una propuesta de nueva Constitución que pueda representar a todas y todos”, dijo para cerrar la sesión.   

El trabajo de la Secretaría de Participación Ciudadana movilizó a gran parte del sistema de educación superior entre marzo y julio de este año, dispuso de plataformas tecnológicas para facilitar la participación ciudadana desde todos los rincones del país y también desde el extranjero; como también requirió de instrumentos de bigdata para analizar de manera oportuna la información y entregarla para ser un insumo importante en la deliberación política.

Los días lunes 24, martes 25 y jueves 27 de julio las comisiones recibirán a los encargados de mecanismos -Iniciativas Populares de Norma, Audiencias Públicas, Consulta virtual, Diálogos Convocados y Autoconvocados- para profundizar los contenidos del informe en lo concerniente a sistema político; función jurisdiccional y órganos autónomos; principios y derechos civiles y políticos; y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Con un análisis sobre los derechos sociales contenidos en el articulado de la propuesta de texto constitucional, la Casa de Bello realizó la tercera y última mesa de discusión del Ciclo Abierto “Universidad de Chile y sus diálogos constituyentes: Por una Constitución de todos y todas”. El encuentro concluyó con una ronda de preguntas del público en torno al anteproyecto elaborado por la Comisión Experta y sus alcances, donde se sumó la Rectora Rosa Devés a la conversación con los panelistas y asistentes.

“Derechos Sociales: el debate que se espera” se tituló la tercera y última mesa del ciclo de foros constituyentes organizados por la Universidad de Chile, en el marco del proceso constitucional en desarrollo. La actividad, a la que también asistió la Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, contó con la participación de Óscar Arteaga, médico y director de la Escuela de Salud Pública U. de Chile; Pilar Moraga, directora del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho U. de Chile y subdirectora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2; Yasna Contreras, académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo U. de Chile; y Patricia Silva, abogada y directora Nacional del Trabajo. La moderación de la mesa, en tanto, estuvo a cargo de Ximena Póo, académica de la Facultad de Comunicación e Imagen y coordinadora de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas U. de Chile. 

En el preámbulo a la discusión, la profesora Póo señaló que “en el texto que emana de la Comisión de Expertos se aprobaron cinco derechos sociales y también un nuevo catálogo de deberes. Esto es una novedad dentro de lo que se aprobó en esta Comisión y ahora se tiene que discutir». Destacó, asimismo, que una cosa “importante que quedó establecida desde la Comisión de Expertos es que Chile será un Estado Social y Democrático de Derecho, algo novedoso en relación con la Constitución vigente hasta hoy. Además, se aprobó el marco general de los derechos sociales, los que se agrupan en el artículo 24, donde se establece que el Estado deberá adoptar medidas adecuadas para realizar los derechos a la salud, a la vivienda, al agua y al saneamiento, a la seguridad social y a la educación”.

El Dr. Óscar Arteaga, en tanto, abordó particularmente el derecho a la salud, el cual definió como «algo bastante más amplio que solo la atención de salud, la atención médica. Y más amplio también que la organización del sistema de salud (…) En el artículo 19 del capítulo tres de la Constitución de 1980, se establece el derecho a la protección de la salud. Y lo que se señala explícitamente es que el Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y rehabilitación del individuo. Entre sus acápites, el más conocido probablemente es el cuarto, que dice que cada persona tendrá derecho a elegir el sistema de salud al que desea acogerse. Sea estatal o privado”.

En relación al actual anteproyecto de Carta Fundamental, el académico agregó que “comparado con esto, la propuesta de la Comisión Experta, en su sección de Derechos y Libertades Fundamentales, Garantías y Deberes, establece el derecho a la protección de la salud en sus dimensiones físicas, mental y social, que ya le da bastante más amplitud”.

Por su parte, la profesora Pilar Moraga se refirió a la tensión entre lo que señala la actual Constitución con la propuesta de la Comisión Experta en materia medioambiental. De esta forma, recordó que la Constitución de 1980 consagra el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación, articulado que en su momento fue considerado como innovador. Al respecto, explicó que “esto obedece no a la creatividad única chilena, sino a un movimiento y una tendencia internacional en los textos constitucionales de esos años -a fines de los 70 y principios de los 80- de incorporar el derecho de vivir en un ambiente sano. Adicionalmente, se consagró la acción constitucional de protección en caso de vulneración de este derecho consagrado en el artículo 19, número ocho”. Sin embargo, agregó Moraga, esto “no tuvo mucha eficacia o mucho rendimiento ante los tribunales hasta el año 2013, aproximadamente, con un caso muy emblemático de la región de Valparaíso; el caso Campiche, que era una termoeléctrica”.

Sobre la actual propuesta constitucional, Pilar Moraga indicó que “la Comisión Experta lo que nos propone al respecto es retomar este derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, tal cual. Con esa nomenclatura. Pero agrega ‘y el derecho a vivir en un ambiente sano’. Y creo que eso ya denota un poco también la tensión conceptual existente en el proceso. Porque, por qué tenemos tanto miedo de abandonar el ‘libre contaminación’, cuando ya sabemos que el contenido que se le ha dado a esto es el de vivir en un ambiente sano. Todavía ahí hay un cierto resabio y resistencia a dejar ese lenguaje que se utilizó en los años 80 y que no corresponde en nada a la situación ambiental ni climática que está viviendo el mundo, ni Chile”.

La profesora Yasna Contreras, por su parte, comenzó abordando el reconocimiento del Estado Social Democrático en el articulado. «Eso a mí me da cierto alivio porque incorpora dentro de este una dimensión clave en torno a la participación. Y yo ahí creo que puede haber luces respecto a la materia que voy a tratar”. De esta forma, planteó, “primero, yo me posiciono desde la complejidad que reconoce este avance de las iniciativas en cuanto a la revisión de las normas constitucionales, en reconocer la dignidad humana como base de derecho y justicia. Eso me parece que es clave, que de alguna manera en el documento anterior, el que se estaba trabajando, resultó significativo. Y dos, define la dignidad como principio articulador del derecho y del actuar del Estado”.

La académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo profundizó que “eso no evade los temores que plantean ustedes desde la responsabilidad y los deberes que va a tener el Estado y cómo vamos a garantizar el imperio de los derechos. Mi primera reflexión en cuanto a este avance del reconocimiento del derecho a la vivienda es que entra en diálogo también con el derecho al trabajo, con el derecho a la educación, con el derecho a la salud, con el derecho a un territorio libre, saludable, para que no se vean cada uno de estos derechos como dimensiones separables, que era un poco la autocrítica que yo hago de los procesos anteriores en los que participé”. Además, indicó, “mi principal preocupación, en términos de cómo el derecho a la vivienda se va a traducir después territorialmente, es cuáles son los pisos mínimos que debiésemos consensuar, y en los cuales cualquier ser humano debería participar, para definir qué es una vivienda digna, una vivienda adecuada, una vivienda saludable”.

Finalmente, la abogada Patricia Silva agradeció la invitación a pensar en el Chile que queremos a través de una discusión abierta y con distintas miradas, en particular en lo que “es el ámbito del trabajo, que -en lo personal- creo que es algo más allá de un derecho social”. Sobre este punto, indicó que “es un tema que precisamente está en el centro del conflicto social básico, que es el capital/trabajo. Por lo tanto, estamos todos aquí, somos todos trabajadores, trabajadoras, no importa la jerarquía, ni cuál es nuestro trabajo, si es formal o informal, en fin, público o privado. El mundo del trabajo nos acompaña desde siempre, desde que salimos a la acción pública, de la casa a ejercer nuestra profesión, nuestro oficio. Y, por lo tanto, hablar del trabajo y hablar de este Chile que queremos está absolutamente imbricado, o sea, no tener una definición clara de cómo queremos moldear nuestra sociedad en base a cómo está ordenado y está organizado el trabajo es impensable”.

El encuentro concluyó con una ronda de preguntas del público, donde se sumó la Rectora Rosa Devés a la conversación con los panelistas y asistentes. Para todas y todos los interesados en profundizar en los temas discutidos en el ciclo abierto “Universidad de Chile y sus diálogos constituyentes: Por una Constitución de todos y todas”, las distintas mesas fueron transmitidas por Uchile TV y los Media Partners Cooperativa.cl y Radio Universidad de Chile. Además, en Constituyente.uchile.cl existe información sobre cada foro, participantes y temas tratados.