proceso – Página 2 – UCHILE Constituyente

Profesor Claudio Troncoso analiza la experiencia y desafíos de la Secretaría de Participación Ciudadana

Category: #ProcesoConstitucional, Participación Tags: constitucional, Participación, proceso, uchile

El académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile se desempeñó como secretario ejecutivo de una de las instancias clave del proceso constitucional. Tras el término del Mes de la Participación y ad portas de la entrega del informe final que sintetiza la voz expresada por la ciudadanía en esta etapa, el profesor Claudio Troncoso hace un balance sobre este trabajo que involucró a la Universidad de Chile de manera formal -por primera vez- en la redacción de una Constitución.

El 7 de julio finalizó la etapa de participación ciudadana del proceso constitucional, instancia que duró un mes e involucró a cerca 280 mil personas, incluyendo a chilenas, chilenos y extranjeros residentes en el país. En el marco de este despliegue, la Universidad de Chile tuvo la tarea de desarrollar dos mecanismos de participación: las Iniciativas Populares de Norma (IPN) y las Audiencias Públicas, en las que participaron 236 mil y 1.800 personas, respectivamente. Esta labor fue parte de las tareas de la Secretaría de Participación Ciudadana, que fue liderada desde la Universidad de Chile por el profesor de la Facultad de Derecho, Claudio Troncoso.

Es bajo esta responsabilidad que el académico de la Casa de Bello, en su calidad de secretario ejecutivo de la Secretaría de Participación Ciudadana, hace un balance de lo que fueron estos meses de trabajo previo a esta etapa y lo que fueron los resultados de la misma una vez concluida la etapa de participación ciudadana. Una evaluación que, en la opinión del profesor Troncoso, no solo involucra el proceso actual, sino que también las propias bases democráticas que definen al país y su historia.

– ¿Cómo fue recibir esta misión de conformar la Secretaría de Participación Ciudadana?

Fue una enorme responsabilidad que nos enteramos como Universidad de Chile el mes de diciembre, cuando se llegó al Acuerdo por Chile y que posibilitó este proceso de elaboración de un nuevo texto de Constitución. Ahí se le encargó a la Universidad de Chile y a la Pontificia Universidad Católica de Chile, que coordinaran junto con el resto de las universidades del país el proceso de participación ciudadana.

Fue a partir de ese momento que la Rectora Rosa Devés configuró un equipo de trabajo para asumir esta tremenda responsabilidad que se nos estaba asignando. En el fondo, es primera vez que en los 200 y tantos años de vida independiente aparece mencionada en un texto constitucional la palabra Universidad de Chile. Eso, evidentemente, en la misión que se nos entregó de conducir la participación ciudadana, implicaba una tremenda responsabilidad que quisimos enfrentar con la mayor seriedad.

– Un desafío dado que los plazos establecidos para este proceso fueron acotados

Sí. Sabíamos que, en conformidad al acuerdo político, todo el proceso constitucional -incluido el plebiscito de salida- tenía que darse en el año 2023. De manera que el proceso de participación ciudadana estaba muy comprimido y tenía que desarrollarse en los primeros meses del año 2023. Ahora, esto tenía un sentido, porque la idea era que nosotros llegáramos con este proceso de participación a tiempo, de manera tal de que pudiera ser incidente en los debates que se iban a generar en el Consejo Constitucional.

Pero también fue un desafío porque previamente ya hubo un gran proceso que se había alargado por mucho tiempo, en el cual la ciudadanía había participado desde el apruebo a la nueva Constitución y que obtuvo casi un 80% de aprobación en la voluntad de los chilenos de redactar una nueva Constitución. Luego viene el proceso anterior, que terminó con un masivo rechazo al texto. Entonces, esa situación del rechazo del texto elaborado por la Convención Constitucional, y la seguidilla de elecciones que hubo, generó un estado de fatiga y desinterés en la gente. Fue realmente un escenario adverso que tuvimos que enfrentar y que tratábamos de poder lograr motivar la participación de la gente de la mejor manera posible. En eso estuvimos concentrado todos estos meses.

– Aquí también entra lo que fue el rol de la tecnología, ya que fue posible participar usando tan solo un celular…

Sí. Tratamos de acercar el proceso a la gente lo máximo posible y, en ese sentido, la Secretaría se pudo valer de la tecnología más avanzada en este sentido. En Chile, celulares hay por millones, prácticamente superan la cantidad de habitantes, de manera que solo con un celular la gente podía acceder a los distintos mecanismos de forma muy fácil, y eso también fue un desafío tecnológico muy importante. Permitir que la gente se pudiera expresar, ya sea inscribiéndose en audiencia, formulando y apoyando iniciativas populares de norma, participando en diálogos convocados y auto convocados o finalmente respondiendo la consulta ciudadana.

Nosotros tratamos de ampliar lo máximo posible las instancias de participación. Desde ese punto de vista, creo que cumplimos nuestro objetivo, porque creo y creemos que no hay nadie que haya querido participar que no haya podido hacerlo. Tal vez no tuvo la masividad de los procesos anteriores, debido al escenario adverso que señalábamos antes. Teníamos que motivar a la gente a interesarse en el proceso, entonces eso también genera dificultades, pero al menos nos quedamos con la tranquilidad de abrir los canales de participación para que todos quienes quisieran participar pudieran hacerlo.

– Uno de esos mecanismos con mayor participación fueron las Iniciativas Populares de Norma, con más de 600.000 apoyos ¿Cómo evaluaron este mecanismo?

Esto es un elemento que es bien importante tener presente, porque también este proceso era un poco más difícil de participar que el anterior, pero que podía ser más incidente. Las Iniciativa Populares de Norma tenían que reaccionar sobre un texto que ya estaba redactado, que era el de la Comisión Experta, y -en general- todos los mecanismos de participación estaban fundados en eso. Quién iba a exponer, por ejemplo, en una audiencia pública, tenía que referirse a los temas que quería poner de relieve, pero en relación a la propuesta formulada por la Comisión Experta. En la IPN tenían que ser propuestas de enmienda al texto de la Comisión Experta. Lo mismo en los diálogos y en las consultas, se hacían teniendo de telón de fondo la propuesta de la Comisión Experta.

Entonces, eso podía generar una dificultad en el sentido de tener la capacidad de formular la Iniciativa Popular de Norma. En ese sentido, creo que nosotros fuimos pioneros en la Secretaría, en la necesidad de hacer un proceso de formación ciudadana que se hizo sobre la marcha. Paralelamente al proceso de puesta en marcha de la participación, se hacía todo el proceso de formación ciudadana para enseñarle a las personas también a utilizar estos mecanismos.

– De igual forma, usted está familiarizado con estos procesos, dado que también trabajó en el restablecimiento de la democracia en Chile post dictadura…

Sí. Vivimos una dictadura caracterizada por la agresión masiva y sistemática de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Distintos sectores del país, dentro de ello el movimiento estudiantil -en el que yo participaba en esa época- nos movilizamos por la democracia y por los derechos humanos. Enfrentado a un momento histórico, que fue ya para el fin de los años 1980, donde se creó una iniciativa muy importante que fue la Cruzada por la Participación Ciudadana dirigida por Mónica Jiménez y varios de nosotros, que nos incorporamos a este proceso de formación ciudadana para enseñarle a la gente incluso a votar.

Nosotros en los últimos tres años hemos votado como ocho veces, y en esa época durante 17 años no se había votado nunca, y las dos únicas elecciones habían sido un fraude. Entonces, el primer ejercicio electoral que íbamos a tener era el plebiscito de 1988, que era el del Sí y el No. Nosotros tomamos esa iniciativa de apoyar este proceso de participación y formación ciudadana y creo que los que nos puede dejar de lección es que no hay que olvidarse que la formación ciudadana tiene que ser algo permanente en la sociedad.

Ahora lo enfatizamos para el proceso de participación en la nueva Constitución, pero independientemente de esto, hacia el futuro tenemos que poner énfasis en ese proceso de manera permanente. Ojalá en nuestro sistema educacional y en todas las instancias de participación de las organizaciones sociales, en fin, en que participemos como comunidad.

– ¿Y qué viene a continuación para este proceso?

Lo que se viene hacia adelante en lo inmediato es que se va a hacer el viernes 21 de julio una sesión en el Pleno del Consejo Constitucional, en donde se va a entregar este Primer informe de sistematización, y luego iremos a cada una de las comisiones del Consejo Constitucional a darles un informe más detallado respecto de cada uno de los temas que ellos están abordando.

Al mismo tiempo, cada comisión del Consejo Constitucional está recibiendo a los autores de cada una de las IPN que lograron las 10.000 firmas, de manera tal que nuestra tarea hoy día es lograr que ese proceso que hemos estimulado y que hemos logrado que la gente participe en los números que hemos señalado pueda ser incidente. En el sentido que sea tomado en consideración en el proceso de elaboración de la nueva Constitución.

Esto no significa que tenga que ser obligatoriamente contenido o deba estar contenido en la nueva Constitución, pero sí que deba ser escuchado. Ya si se resuelve algo distinto, que sea objeto de una deliberación con las razones y los fundamentos respectivos, pero que las expresiones de la ciudadanía -que son muy variadas por lo demás- puedan estar sobre la mesa para que la ciudadanía que ha participado en este proceso puedan ser consideradas en el debate.

Si deseas escuchar la entrevista completa, te invitamos a escuchar el capítulo 103 de Universidad de Chile Podcast. Disponible en Spotify, Youtube, Apple y Google Podcast, además de Tantaku.

Presidente de universidades estatales expuso enmienda por la Educación Pública ante el Consejo Constitucional

Category: #ProcesoConstitucional Tags: constitucional, CUECH, proceso, uchile

El Rector Osvaldo Corrales, presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECh), presentó los fundamentos de la Iniciativa Popular de Norma a favor de una educación pública, gratuita, laica y de calidad propuesta por el organismo. Respecto a esta enmienda, que recibió más de 15 mil apoyos, la Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, sostuvo que “una educación pública robusta, consagrada constitucionalmente, es un anhelo compartido por la mayor parte de la población”.

A primera hora del miércoles 19 de julio, el Rector de la Universidad de Valparaíso y presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECh), Osvaldo Corrales, expuso los fundamentos de la Iniciativa Popular de Norma «Educación Pública para Chile» ante la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales del Consejo Constitucional. En la instancia, el representante de las instituciones de educación superior estatales explicó el sentido de la enmienda presentada por este organismo, la cual propone la consagración constitucional de una educación pública, gratuita, laica y de calidad.

La iniciativa Nº 5.127, que busca reconocer al Estado como proveedor de educación pública, laica, pluralista y de calidad, en todos los niveles de enseñanza y territorios de Chile, fue presentada por las 18 universidades del Estado de Chile en el marco del Mes de la Participación del Proceso Constitucional, instancia en la que se posicionó entre las 10 propuestas de enmienda más votadas con 15.265 apoyos. Este respaldo le permitió avanzar a la etapa de discusión por parte de las y los consejeros constitucionales en la que se encuentra actualmente.

La enmienda plantea reemplazar la letra f del inciso 22 del artículo 16, que habla sobre el derecho a la educación, ampliando los alcances de lo que se entiende por “establecimientos educacionales pluralistas en todos los niveles de enseñanza”. A partir de una mirada basada en la trayectoria constitucional del país, que desde sus inicios estableció que la educación pública es una atención preferente del Estado, plantea que “es fundamental que en la nueva Constitución se garantice la existencia de una robusta red de establecimientos estatales que provean educación pública, laica, pluralista y de calidad, articulada en todo el territorio nacional y niveles de enseñanza, lo que en ningún caso se contrapone con el derecho de los particulares a crear, organizar y mantener establecimientos desde sus propios proyectos educativos”.

“Lo que nuestra iniciativa de norma propone es modificar el artículo 16.22 del texto constitucional propuesto por los expertos, particularmente la letra f, en orden a que se reconozca dentro de ese artículo, que es donde se consagra el derecho a la educación, como contraparte de ese derecho, la obligación que tiene el Estado de proveer una educación pública gratuita, única, inclusiva y de calidad”, expuso Corrales a las y los consejeros. Agregó, además, que “desde nuestro punto de vista, el texto propuesto por los expertos no es suficientemente nítido, no es suficientemente claro en la perspectiva de establecer una obligación para el Estado de proveer educación pública y también de las condiciones que tiene que cumplir esa educación pública para satisfacer adecuadamente el derecho a la educación”.

En la misma línea, la Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, indicó que “como CUECH, hemos presentado al Consejo Constitucional nuestra propuesta de norma sobre la educación pública para enfatizar el rol del Estado como garante de la Educación Superior Pública, equitativa y de calidad. Las Universidades del Estado están llamadas por ley a contribuir a satisfacer las necesidades e intereses generales de la sociedad, colaborando, como parte integrante del Estado, en todas aquellas políticas, planes y programas que propendan al desarrollo en los más distintos ámbitos. La educación pública forma parte de la historia de Chile y ha sido uno de los aspectos esenciales para el desarrollo de la ciudadanía y de nuestras instituciones republicanas. Una educación pública robusta, consagrada constitucionalmente, es un anhelo compartido por la mayor parte de la población”.

Otras enmiendas de integrantes de la U. de Chile

Entre las propuestas que lograron los apoyos para llegar al Consejo Constitucional figuran también enmiendas presentadas por integrantes de la comunidad universitaria de la Casa de Bello. Una de ellas es la Iniciativa Popular de Norma N° 167 “Por una salud digna, oportuna y de calidad para todas y todos”, ingresada por Lautaro Fernández Milla, matrón especializado en Salud Pública, en representación del Cabildo Nacional por el Derecho a la Salud en la Nueva Constitución, cuya audiencia se realizó este martes 18 de julio.

Otra enmienda que será discutida por el Consejo Constitucional es la Iniciativa Popular de Norma N° 2.911 por los “Derechos fundamentales de las personas con discapacidad”. La propuesta, ingresada por la abogada y académica María Soledad Cisternas Reyes en representación de la Corporación Círculo Emancipador de Mujeres y Niñas con discapacidad de Chile (CIMUNIDIS) y el Colectivo Nacional de la Discapacidad CONADIS, será presentada a las y los consejeros este jueves 20 de julio.

Luego de que el Consejo Constitucional concluya las audiencias con las organizaciones y personas naturales responsables de las enmiendas ingresadas al proceso, estás iniciativas serán vistas por el pleno de este organismo durante la etapa de deliberaciones que comienza en agosto.

Ciclo de foros constituyentes U. de Chile concluye con diálogo sobre salud, medioambiente, vivienda y trabajo

Category: #ProcesoConstitucional, Participación Tags: constitucional, proceso, uchile

Con un análisis sobre los derechos sociales contenidos en el articulado de la propuesta de texto constitucional, la Casa de Bello realizó la tercera y última mesa de discusión del Ciclo Abierto “Universidad de Chile y sus diálogos constituyentes: Por una Constitución de todos y todas”. El encuentro concluyó con una ronda de preguntas del público en torno al anteproyecto elaborado por la Comisión Experta y sus alcances, donde se sumó la Rectora Rosa Devés a la conversación con los panelistas y asistentes.

“Derechos Sociales: el debate que se espera” se tituló la tercera y última mesa del ciclo de foros constituyentes organizados por la Universidad de Chile, en el marco del proceso constitucional en desarrollo. La actividad, a la que también asistió la Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, contó con la participación de Óscar Arteaga, médico y director de la Escuela de Salud Pública U. de Chile; Pilar Moraga, directora del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho U. de Chile y subdirectora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2; Yasna Contreras, académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo U. de Chile; y Patricia Silva, abogada y directora Nacional del Trabajo. La moderación de la mesa, en tanto, estuvo a cargo de Ximena Póo, académica de la Facultad de Comunicación e Imagen y coordinadora de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas U. de Chile.

En el preámbulo a la discusión, la profesora Póo señaló que “en el texto que emana de la Comisión de Expertos se aprobaron cinco derechos sociales y también un nuevo catálogo de deberes. Esto es una novedad dentro de lo que se aprobó en esta Comisión y ahora se tiene que discutir». Destacó, asimismo, que una cosa “importante que quedó establecida desde la Comisión de Expertos es que Chile será un Estado Social y Democrático de Derecho, algo novedoso en relación con la Constitución vigente hasta hoy. Además, se aprobó el marco general de los derechos sociales, los que se agrupan en el artículo 24, donde se establece que el Estado deberá adoptar medidas adecuadas para realizar los derechos a la salud, a la vivienda, al agua y al saneamiento, a la seguridad social y a la educación”.

El Dr. Óscar Arteaga, en tanto, abordó particularmente el derecho a la salud, el cual definió como «algo bastante más amplio que solo la atención de salud, la atención médica. Y más amplio también que la organización del sistema de salud (…) En el artículo 19 del capítulo tres de la Constitución de 1980, se establece el derecho a la protección de la salud. Y lo que se señala explícitamente es que el Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y rehabilitación del individuo. Entre sus acápites, el más conocido probablemente es el cuarto, que dice que cada persona tendrá derecho a elegir el sistema de salud al que desea acogerse. Sea estatal o privado”.

En relación al actual anteproyecto de Carta Fundamental, el académico agregó que “comparado con esto, la propuesta de la Comisión Experta, en su sección de Derechos y Libertades Fundamentales, Garantías y Deberes, establece el derecho a la protección de la salud en sus dimensiones físicas, mental y social, que ya le da bastante más amplitud”.

Por su parte, la profesora Pilar Moraga se refirió a la tensión entre lo que señala la actual Constitución con la propuesta de la Comisión Experta en materia medioambiental. De esta forma, recordó que la Constitución de 1980 consagra el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación, articulado que en su momento fue considerado como innovador. Al respecto, explicó que “esto obedece no a la creatividad única chilena, sino a un movimiento y una tendencia internacional en los textos constitucionales de esos años -a fines de los 70 y principios de los 80- de incorporar el derecho de vivir en un ambiente sano. Adicionalmente, se consagró la acción constitucional de protección en caso de vulneración de este derecho consagrado en el artículo 19, número ocho”. Sin embargo, agregó Moraga, esto “no tuvo mucha eficacia o mucho rendimiento ante los tribunales hasta el año 2013, aproximadamente, con un caso muy emblemático de la región de Valparaíso; el caso Campiche, que era una termoeléctrica”.

Sobre la actual propuesta constitucional, Pilar Moraga indicó que “la Comisión Experta lo que nos propone al respecto es retomar este derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, tal cual. Con esa nomenclatura. Pero agrega ‘y el derecho a vivir en un ambiente sano’. Y creo que eso ya denota un poco también la tensión conceptual existente en el proceso. Porque, por qué tenemos tanto miedo de abandonar el ‘libre contaminación’, cuando ya sabemos que el contenido que se le ha dado a esto es el de vivir en un ambiente sano. Todavía ahí hay un cierto resabio y resistencia a dejar ese lenguaje que se utilizó en los años 80 y que no corresponde en nada a la situación ambiental ni climática que está viviendo el mundo, ni Chile”.

La profesora Yasna Contreras, por su parte, comenzó abordando el reconocimiento del Estado Social Democrático en el articulado. «Eso a mí me da cierto alivio porque incorpora dentro de este una dimensión clave en torno a la participación. Y yo ahí creo que puede haber luces respecto a la materia que voy a tratar”. De esta forma, planteó, “primero, yo me posiciono desde la complejidad que reconoce este avance de las iniciativas en cuanto a la revisión de las normas constitucionales, en reconocer la dignidad humana como base de derecho y justicia. Eso me parece que es clave, que de alguna manera en el documento anterior, el que se estaba trabajando, resultó significativo. Y dos, define la dignidad como principio articulador del derecho y del actuar del Estado”.

La académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo profundizó que “eso no evade los temores que plantean ustedes desde la responsabilidad y los deberes que va a tener el Estado y cómo vamos a garantizar el imperio de los derechos. Mi primera reflexión en cuanto a este avance del reconocimiento del derecho a la vivienda es que entra en diálogo también con el derecho al trabajo, con el derecho a la educación, con el derecho a la salud, con el derecho a un territorio libre, saludable, para que no se vean cada uno de estos derechos como dimensiones separables, que era un poco la autocrítica que yo hago de los procesos anteriores en los que participé”. Además, indicó, “mi principal preocupación, en términos de cómo el derecho a la vivienda se va a traducir después territorialmente, es cuáles son los pisos mínimos que debiésemos consensuar, y en los cuales cualquier ser humano debería participar, para definir qué es una vivienda digna, una vivienda adecuada, una vivienda saludable”.

Finalmente, la abogada Patricia Silva agradeció la invitación a pensar en el Chile que queremos a través de una discusión abierta y con distintas miradas, en particular en lo que “es el ámbito del trabajo, que -en lo personal- creo que es algo más allá de un derecho social”. Sobre este punto, indicó que “es un tema que precisamente está en el centro del conflicto social básico, que es el capital/trabajo. Por lo tanto, estamos todos aquí, somos todos trabajadores, trabajadoras, no importa la jerarquía, ni cuál es nuestro trabajo, si es formal o informal, en fin, público o privado. El mundo del trabajo nos acompaña desde siempre, desde que salimos a la acción pública, de la casa a ejercer nuestra profesión, nuestro oficio. Y, por lo tanto, hablar del trabajo y hablar de este Chile que queremos está absolutamente imbricado, o sea, no tener una definición clara de cómo queremos moldear nuestra sociedad en base a cómo está ordenado y está organizado el trabajo es impensable”.

El encuentro concluyó con una ronda de preguntas del público, donde se sumó la Rectora Rosa Devés a la conversación con los panelistas y asistentes. Para todas y todos los interesados en profundizar en los temas discutidos en el ciclo abierto “Universidad de Chile y sus diálogos constituyentes: Por una Constitución de todos y todas”, las distintas mesas fueron transmitidas por Uchile TV y los Media Partners Cooperativa.cl y Radio Universidad de Chile. Además, en Constituyente.uchile.cl existe información sobre cada foro, participantes y temas tratados.

Siguen los Foros Constituyentes en la Casa Central de la U. de Chile

Category: #Agenda, #ProcesoConstitucional Tags: constitucional, proceso, uchile

Tras dos jornadas de debate, donde se abordó el camino hacia una nueva constitución y la educación para el Chile que queremos, continúa el ciclo de diálogos impulsados por la Casa de Bello para discutir en comunidad sobre el anteproyecto.

En el tercer encuentro del Ciclo Abierto “Universidad de Chile y sus diálogos constituyentes: Por una Constitución de todos y todas”, las y los invitados analizarán los alcances del anteproyecto en una mesa de conversación titulada “Derechos Sociales: el debate que se espera”, buscando una reflexión crítica sobre la propuesta constitucional en materias sociales, a través de una conversación académica y ciudadana con diversas miradas al respecto.

El foro contará con la participación de Óscar Arteaga, director de la Escuela de Salud Pública Salvador Allende de la Universidad de Chile; Pilar Moraga, subdirectora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 y académica de la Facultad de Derecho; Yasna Contreras, académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile; y Patricia Silva, abogada y directora Nacional del Trabajo; y será moderado por la académica de la Facultad de Comunicación e Imagen y coordinadora de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile, Ximena Póo.

Te esperamos el lunes 17 de julio a las 18:00 horas en el Salón Domeyko de la Casa Central.
Para participar, reserva tu cupo en el siguiente enlace.

El tema del segundo foro fue la educación pública y su consideración en la propuesta del anteproyecto constitucional. En el debate participaron el ex Rector Víctor Pérez, la académica Verónica Figueroa Huencho y los investigadores Sylvia Eyzaguirre y Cristian Bellei. La actividad se realizó el lunes 3 de julio en el Salón Domeyko de la Casa Central de la Universidad de Chile, espacio al que concurrieron autoridades como la Rectora Rosa Devés y la Prorrectora Alejandra Mizala, además de docentes y estudiantes de la Casa de Bello.

Cerca de 280 mil personas participaron en el proceso constitucional mediante plataforma tecnológica U. de Chile

Category: #ProcesoConstitucional, Participación Tags: constitucional, proceso, Ucampus, uchile

Ucampus, Centro Tecnológico de la Casa de Bello, tuvo a cargo el desarrollo de la plataforma digital para la implementación de los mecanismos de participación del proceso constitucional en curso.

La Secretaría de Participación Ciudadana, por otra parte, informó que más de 236 mil ciudadanos y ciudadanas apoyaron alguna Iniciativa Popular de Norma de su interés, 28.725 personas respondieron la Consulta Ciudadana, otras 12 mil participaron en los Diálogos Ciudadanos y más de 1.800 solicitaron una Audiencia Pública.

El pasado viernes 7 de julio concluyó la etapa de participación ciudadana del proceso constitucional. Durante un mes, y a través de cuatro mecanismos de incidencia: Consulta Virtual, Diálogos Ciudadanos, Iniciativas Populares de Norma y Audiencias Públicas, se recogió la opinión de la población sobre el articulado del anteproyecto elaborado por la Comisión Experta, labor en la que fue fundamental Ucampus, plataforma tecnológica de la Universidad de Chile.

Respecto a esta experiencia, el director de Ucampus, Javier Villanueva, señaló que “acercar la tecnología a las personas, en cualquier dispositivo, desde cualquier parte del país, para expresar sus ideas en la construcción de esta nueva Carta Magna, es algo que nos llena de orgullo como Centro Tecnológico”. Por otra parte, comentó que “hace 20 años esto no habría sido posible con el alcance que puede haber hoy, y estamos marcando la pauta en el mundo en este ámbito”.

Tras culminar el proceso, la Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, destacó que “hemos cumplido con la tarea de disponer distintos mecanismos de participación para que la ciudadanía pueda expresar sus opiniones sobre el anteproyecto constitucional”. Esto fue posible gracias alapoyo de herramientas tecnológicas, agregó la máxima autoridad de la Casa de Bello, “especialmente dispuesta para estos efectos desde el equipo de Ucampus”, centro de tecnologías con más de 20 años de trayectoria y cuyo origen está en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) del plantel.

El decano de esta unidad académica, Francisco Martínez, afirmó por su parte que “Ucampus es una muestra de tecnología de muy alta calidad hecha en Chile, que permite a varias universidades tener un sistema digital para el complejo trabajo académico, conectando cientos de profesores con miles de estudiantes en un gran número de cursos de diversos tipos, y una gestión administrativa eficiente y segura que no admite fallas. Estamos muy orgullosos de este aporte de la ingeniería de la FCFM».

“Con ambos procesos constituyentes a cuestas, la participación ciudadana a través de Ucampus ha sido parte de la transformación digital que Chile ha experimentado en su forma de relacionarse democrática y digitalmente”, reflexionó Víctor Hernández, director ejecutivo de Ucampus, sobre esta labor. Además, señaló que “la integración del trabajo de Gobierno Digital, a través de Clave Única, y el desarrollo de una plataforma específica y hecha a la medida, desarrollada desde una universidad pública, dieron muestra de una gran solidez en la gestión del proceso constituyente, que se vio reflejada en una exitosa experiencia de participación digital, donde -probablemente- ningún proceso de participación futuro se piense sin esta componente tecnológica”.

Democracia participativa digital

Como integrante de la Secretaría de Participación, la Universidad de Chile fue responsable de implementar las Audiencias Públicas e Iniciativas Populares de Norma, dos de los 4 mecanismos de incidencia dispuestos para que la sociedad civil y personas naturales dieran su opinión sobre los distintos artículos del anteproyecto. No obstante, a través de Ucampus se articularon tecnológicamente todas las instancias participativas, las que durante el Mes de la Participación, que se extendió entre el 7 de junio y el 7 de julio, permitieron que alrededor de 280 mil personas fueran parte de este proceso.

El desglose de participación mostró que más de 236 mil ciudadanos y ciudadanas apoyaron alguna Iniciativa Popular de Norma de su interés, 28.725 personas respondieron la Consulta Ciudadana, otras 12 mil participaron en los Diálogos Ciudadanos y más de 1.800 solicitaron una Audiencia Pública. De este último total, finalmente se realizaron 1.136 audiencias en todo el país, con 114, un 10%, teniendo lugar en alguna de las cuatro sedes dispuestas para este fin por la Casa de Bello.

Además, las 1.309 iniciativas recibidas tuvieron un total conjunto de 637.612 apoyos. De ellas, 31 propuestas lograron las 10 mil firmas requeridas para su discusión en el Consejo Constitucional. Una de estas fue la IPN Nº 5.127, impulsada por el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECh), que busca consagrar en la nueva carta fundamental una educación pública pluralista, laica y de calidad.

A través de Ucampus, se articularon tecnológicamente todas las instancias participativas del proceso constitucional, lo que permitió que alrededor de 280 mil personas fueran parte de esta instancia.

Las iniciativas populares de norma, uno de los mecanismos con un grado de incidencia asegurado, ya fueron entregadas al Consejo Constitucional para su discusión por parte de las y los consejeros cuando comiencen las deliberaciones. A su vez, las y los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil que las presentaron serán recibidos por las distintas comisiones a las que se ajusta su propuesta de enmienda.

Por otra parte, las más de 28 mil personas que respondieron la encuesta virtual lo hicieron desde todas y cada una de las provincias de Chile, incluidas la Antártica y Rapa Nui. Los Diálogos Ciudadanos, en tanto, en su modalidad autoconvocada, facilitaron la participación de 10.572 personas.

Secretaría de Participación Ciudadana entrega 31 Iniciativas Populares de Norma al Consejo Constitucional

Category: #ProcesoConstitucional, Participación Tags: constitucional, IPN, proceso, uchile

El organismo encabezado por la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica entregó al Consejo Constitucional las 31 propuestas de enmienda que alcanzaron el número de patrocinios requeridos. De acuerdo al organismo, un total de 236.475 personas fueron parte del mecanismo de Iniciativas Populares de Norma (IPN), entregando su apoyo a algunas de las más de 1.300 iniciativas presentadas por personas naturales y organizaciones de la sociedad civil.

Este lunes 10 de julio, la Secretaría de Participación Ciudadana, encabezada por los secretarios ejecutivos Claudio Troncoso (U. de Chile) e Ignacio Irarrázaval (PUC), junto a los encargados de las Iniciativas Populares de Norma, Rodrigo Gil (U. de Chile) y Alejandra Ovalle (PUC), hizo entrega formal de las propuestas de enmienda que superaron los 10 mil votos en el proceso participativo al Consejo Constitucional.

De acuerdo a las cifras entregadas por el organismo encargado de la participación ciudadana, un total de 236.475 personas fueron parte del mecanismo de Iniciativas Populares de Norma (IPN), entregando su apoyo a algunas de las más de 1.300 iniciativas presentadas por personas naturales y organizaciones de la sociedad civil. Las 1.309 IPN declaradas admisibles recibieron 637.612 apoyos y, de estas, 31 propuestas de enmienda fueron entregadas hoy al Consejo Constitucional, tras alcanzar el número de patrocinios requeridos.

Beatriz Hevia, presidenta del Consejo Constitucional, expresó su satisfacción por este encuentro con la Secretaría de Participación Ciudadana, donde “nos hicieron entrega formal de las 31 iniciativas populares de norma que lograron cumplir con los requisitos para que sean discutidas por el Consejo Constitucional en las próximas semanas. Creemos que es muy bueno el proceso que se ha dado, que la ciudadanía se haya hecho parte (…), no solo de participación, sino de un impacto concreto en el proceso constitucional que estamos llevando a cabo”. Asimismo, Hevia recalcó que “esta vez la participación ciudadana se hacía sobre un texto concreto, por tanto, es mucho más medible el impacto que luego tendrán en el Consejo Constitucional”.

La presidenta del órgano constitucional agregó que “nuestro compromiso es, en los próximos días, las próximas semanas, citar a los autores de las iniciativas, que puedan ir a cada una de las comisiones sobre las que recae el artículo del que proponen modificación para que puedan explicar la fundamentación de las iniciativas, dar a conocer las explicaciones y puedan ser escuchados por cada una de las comisiones para que puedan ser evaluados en su mérito, y así los consejeros miembros de la comisión puedan evaluar qué decidir frente a cada una de estas iniciativas populares de norma”.

Aldo Valle, vicepresidente del Consejo Constitucional, expresó su agradecimiento a las universidades por “todo el apoyo técnico y científico que tuvieron, porque fueron muchísimas las iniciativas populares de normas que se tramitaron en un tiempo breve sobre la base de un anteproyecto”.

Rodrigo Gil, encargado de Iniciativas Populares de Norma de la Universidad de Chile, indicó que “estamos muy conformes y muy contentos con los resultados que se obtuvieron en este proceso. Hubo una amplísima participación ciudadana, superando todas las expectativas que estaban sobre la mesa. Efectivamente, participaron más de 236 mil personas, con más de 636 mil apoyos ciudadanos, lo que representa algo completamente fuera de todo lo pronosticado. La ratio de proporción entre hombres y mujeres también fue muy significativa: 48% mujeres y 47% hombres, por lo tanto, estamos muy conformes con la información demográfica que tenemos. Creemos también que haber obtenido en un tiempo tan acotado como dos semanas 31 iniciativas populares de norma, que representa el 40% de aquellas conseguidas en la exposición anterior, es muy exitoso también.

Por otra parte, agregó que “también nos vamos muy conformes y satisfechos con la conversación que tuvimos con la mesa, por cuanto nos dieron toda la garantía de que van a hacer todo el trabajo de escuchar en esta oportunidad adecuadamente a todos aquellos que representen a las distintas Iniciativas Populares de Norma, como también hacer todo el esfuerzo necesario para que sea incidente este mecanismo de participación ciudadana”.

«Nos vamos muy conformes y satisfechos con la conversación que tuvimos con la mesa, por cuanto nos dieron toda la garantía de que van a hacer todo el trabajo de escuchar en esta oportunidad adecuadamente a todos aquellos que representen a las distintas Iniciativas Populares de Norma», manifestó Rodrigo Gil, encargado de Iniciativas Populares de Norma de la U. de Chile.

De la misma forma, Alejandra Ovalle, encargada de las Iniciativas Populares de Norma de la Pontificia Universidad Católica, comentó que “si uno analiza las 1.309 Iniciativas presentadas, hay iniciativas de todos los capítulos, de todas las temáticas, y si revisamos las 31 iniciativas que juntaron las 10.000 firmas provenientes de cuatro regiones, también encontramos una diversidad de temas, de aproximaciones y de visiones distintas que existen dentro de la sociedad”. En ese sentido, manifestó su satisfacción “no solamente por los números, por la cantidad, sino que dados estos resultados podemos entender que hubo una participación amplia y de distintos sectores, y no quedó focalizado únicamente en determinados grupos específicos”.

Las 31 iniciativas serán parte de las deliberaciones del Consejo Constitucional como indicaciones al anteproyecto, y votadas en las mismas condiciones que las que podrán presentar los consejeros y consejeras hasta el 17 de julio.

Para contextualizar, la Secretaría de Participación recibió 1.602 Iniciativas Populares de Norma. De esta cifra, 1.309 (82%) fueron admitidas y publicadas para recibir apoyos. De la misma forma, 52 propuestas se rechazaron por no cumplir con los criterios de admisibilidad y 241 enmiendas fueron remitidas a sus impulsores para correcciones, sin respuesta. De las propuestas admitidas, 414 (32%) fueron presentadas por organizaciones y el resto por personas naturales.

Diálogo ciudadano abierto marca cierre del Mes de la Participación del Proceso Constitucional

Category: #ProcesoConsitucional, Participación Tags: constitucional, proceso, uchile

Este viernes 7 de julio concluyó el período de incidencia ciudadana sobre el anteproyecto de Carta Fundamental. La sistematización de la información recogida en las distintas instancias participativas comenzará este sábado y será entregada de forma oportuna al Consejo Constitucional para su consideración en el debate sobre el articulado final del texto que será plebiscitado.

Con una actividad en el zócalo del Centro Cultural GAM, y a solo horas del término del plazo para responder la Consulta Virtual y apoyar Iniciativas Populares de Norma, la Secretaría de Participación Ciudadana -órgano encargado por mandato constitucional de activar los mecanismos de incidencia del actual proceso constitucional- dio término al Mes de la Participación. En la instancia participaron los secretarios ejecutivos de la entidad, Claudio Troncoso (Uchile) e Ignacio Irarrázaval (PUC), además de los encargados de las plataformas de participación, organizaciones de la sociedad civil y personas naturales.

Durante 30 días, las y los ciudadanos pudieron dar su opinión sobre los diferentes artículos del borrador propuesto por la Comisión Experta, voces que serán llevadas a los salones de ex Congreso por la Secretaría, a través de un informe, para su consideración durante las deliberaciones de las y los consejeros.

“Ha sido un proceso desafiante, en el sentido de abrir diversos espacios de participación de las personas en el proceso constitucional en curso y también muy enriquecedor, ya que a través de los diversos mecanismos de participación hemos podido integrar una muestra representativa del país”, sostuvo Claudio Troncoso, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y secretario ejecutivo de Participación Ciudadana.

“Diseñamos y ejecutamos cuatro plataformas de participación: los Diálogos Autoconvocados o representativos, las Consultas, las Iniciativas Populares de Norma y las Audiencias Públicas. Quisimos terminar esta etapa de incidencia con un Diálogo Autoconvocado, porque nuestro objetivo durante este tiempo fue escuchar a las personas y llevar esa voz a la instancia que elaborará el proyecto de Constitución Política de la nación”, añadió Ignacio Irarrázaval, académico de la Pontificia Universidad Católica y también secretario ejecutivo de Participación Ciudadana.

Según explicó Valentina Rosas, cientista política y encargada de la sistematización de los procesos participativos de la Secretaría, la cita en el Centro Cultural GAM es “una de las últimas instancias de Diálogos Ciudadanos, mecanismo donde ya han participado más de 10.500 personas y hemos tenido más de 2 mil diálogos. Ha estado muy diverso, con muchos jóvenes, mucha gente de regiones, yqueríamos cerrar con esta instancia de diálogo presencial en un espacio público y abierto, donde muchas personas se pudieran sumar”.

Por otra parte, explicó que la información recabada mediante los diferentes mecanismos se va a sistematizar en un informe que será presentado al Consejo Constitucional el próximo 21 de julio.

Martina Rodríguez, estudiante de Ciencia Política de la Universidad de Chile que se sumó al diálogo abierto en el Centro GAM, comentó que “el proceso me pareció bien, los mecanismos eran diversos y permitían distintas formas de participación, con harta información”. Detalló, asimismo, que junto a sus compañeros y compañeras activaron distintas instancias de incidencia, ya fuera organizando diálogos, ingresando propuestas de enmienda o bien informando a sus pares sobre el proceso constitucional.

Este viernes 7 de julio a las 23:59 horas concluye el plazo para incidir en la elaboración de la propuesta constitucional, ya sea contestando la Consulta Virtual (consulta.quieroparticipar.cl), organizando un Diálogo Autoconvocado o firmando por 10 de las Iniciativas Populares de Norma publicadas en iniciativas.quieroparticipar.cl

«A través de los diversos mecanismos de participación hemos podido integrar una muestra representativa del país”, afirmó Claudio Troncoso, académico de la U. de Chile y secretario ejecutivo de Participación Ciudadana.

Cifras de participación

Hasta el viernes 7 de julio, a las 14:00 horas, las cifras de participación son:

Consultas Ciudadanas: más de 34.000 personas
Diálogos Autoconvocados: más de 2200 diálogos realizados donde participaron más de 10.500 ciudadanos
Diálogos Convocados: 1032 personas conectadas, 242 comunas, 51% hombres, 11% población rural, 20% de población indígena
Iniciativas Populares de Norma: 1.309 admitidas, 490.500 apoyos recabados, 202.000 participantes, 19 iniciativas con más de 10 mil apoyos.
Audiencias Públicas: 1.841 audiencias agendadas y 1.118 audiencias realizadas.

Enmienda de Universidades Estatales consigue las 10 mil firmas requeridas para ser discutida constitucionalmente

Category: #ProcesoConstitucional, Participación Tags: constitucional, CUECH, proceso, uchile

A un día del cierre del período de recolección de firmas, la Iniciativa Popular de Norma presentada por el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH) superó los 10 mil apoyos necesarios para ser discutida en el Consejo Constitucional. «El país requiere consagrar constitucionalmente un sistema de educación pública, pluralista y de calidad, que permita el desarrollo pleno de las y los jóvenes y potencie la generación de conocimiento relevante para la sociedad», expresó la Rectora Rosa Devés.

La iniciativa tiene como propósito consagrar el derecho a una educación pública, gratuita, laica y de calidad, ampliando los alcances de lo que se entiende por “establecimientos educacionales pluralistas en todos los niveles de enseñanza”. En específico, plantea reemplazar la letra f del inciso 22 del artículo 16, que habla sobre el derecho a la educación. De esta forma, las Universidades Estatales buscan incluir en el anteproyecto de la Comisión Experta una norma más extendida sobre la educación pública y su incidencia en la vida de las personas.

Al respecto, el Rector de la Universidad de Valparaíso y presidente del CUECH, Osvaldo Corrales, se mostró satisfecho y destacó que “fuimos la decimoprimera iniciativa popular de normas en alcanzar este resultado (…) Queremos agradecer, por cierto, a las rectoras, a los rectores, a las comunidades universitarias y a la ciudadanía en general por haber apoyado una iniciativa que no busca otra cosa sino garantizar que no solo exista el derecho a la educación, sino que también exista la obligación del Estado a proveer de un sistema de educación pública, gratuita, laica, pluralista y de calidad, en todas las regiones de nuestro país. Para que todas las jóvenes y todos los jóvenes tengan la oportunidad de desarrollar sus capacidades y tener un mejor futuro. Agradecemos y esperamos que ahora el Consejo Constitucional discuta en profundidad esta iniciativa y la traslade hasta el nuevo texto constitucional”, dijo.

Por su parte, la Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, señaló que “el país requiere consagrar constitucionalmente un sistema de educación pública, pluralista y de calidad, que permita el desarrollo pleno de las y los jóvenes y potencie la generación de conocimiento relevante para la sociedad. Nos alegramos que la iniciativa que lo promueve haya alcanzado las 10 mil firmas”. La máxima autoridad universitaria agregó que “esperamos que la propuesta sea recogida por el Consejo Constitucional y plasmada en la nueva Constitución. Así, las voces de nuestras comunidades y de la ciudadanía serán escuchadas y atendidas en el debate constitucional. Agradecemos a todos y todas quienes se han manifestado a través de su apoyo”.

La enmienda de las universidades del Estado propone:

«f) El Estado proveerá educación pública, laica, pluralista y de calidad, a través de establecimientos educacionales propios, en la enseñanza parvularia, básica, media y superior, emplazados y articulados en todos los territorios del país. Dichos establecimientos promoverán la libertad de pensamiento y de expresión, la tolerancia, el respeto, la valoración y el fomento del mérito, la inclusión, la equidad, la participación y el compromiso con Chile y su desarrollo, considerando las particularidades locales y regionales, así como las de cada una de las etapas y modalidades formativas. El Estado garantizará la calidad y el financiamiento que requieran sus establecimientos educacionales».

¿Qué viene ahora?

Tras superar los 10 mil apoyos necesarios, la IPN 5.127 por la Educación Pública deberá ser discutida por el Consejo Constitucional -junto a las distintas propuestas que también han logrado las firmas suficientes- una vez que comience el período de deliberaciones de las y los consejeros, a partir del 8 de julio.

2° Foro Constituyente U. de Chile abordó el futuro de la educación pública

Category: #Agenda, #ProcesoConstitucional Tags: constitucional, proceso, uchile

El primer encuentro del Ciclo de Foros Constituyentes de la U. de Chile estuvo enfocado en el camino hacia la nueva Constitución. Ahora el tema del segundo foro fue la educación pública y la propuesta del anteproyecto de texto constitucional como eje de análisis, debate en el que participaron el ex Rector Víctor Pérez, la académica Verónica Figueroa Huencho y los investigadores Sylvia Eyzaguirre y Cristian Bellei. El tercer foro del ciclo se realizará el próximo 17 de julio y tendrá como foco a los derechos sociales.

Este lunes 3 de julio, en el Salón Domeyko de la Casa Central de la Universidad de Chile, se realizó el segundo foro del Ciclo de Diálogos Constituyentes de la Casa de Bello. “Educación: el Chile que queremos” fue el título de esta jornada que abordó el futuro de la educación pública en el marco de la propuesta del anteproyecto constitucional. La instancia contó con la participación de Víctor Pérez, ex Rector y académico del Departamento de Ingeniería Industrial U. de Chile; Verónica Figueroa Huencho, académica de la Facultad de Gobierno U. de Chile; Sylvia Eyzaguirre, investigadora del Centro de Estudios Públicos (CEP); y Cristian Bellei, investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) U. de Chile. La mesa fue moderada por Cristián Cabalín, docente del Instituto de Estudios Avanzados en Educación y de la Facultad de Comunicación e Imagen U. de Chile.

En la cita, el profesor Víctor Pérez comenzó su alocución expresando que “en cuanto a educación se refiere, quiero un Chile que erradique la pobreza infantil, que haga efectivo el derecho de todos los niños y niñas a vivir en ambientes libres de abuso y de violencia social; y que les asegure la igualdad de oportunidades de recibir una educación pública justa”. En esta línea, agregó, “entiendo por eso la educación que es provista por el Estado de manera inclusiva, diversa, sin discriminaciones, laica, equitativa y con niveles de excelencia según estándares internacionales y de pertinencia respecto a nuestra cultura”.

El ex Rector de la Casa de Bello, además, fue crítico al señalar que hoy en día, independiente de la actual Constitución y del anteproyecto de la Comisión Experta, se cuenta con el talento, la creatividad y los recursos para tomar la senda de una educación pública de calidad que llegue a todos los territorios. Sin embargo, sostuvo que “falta convicción, liderazgo y solidaridad para enfrentar este desafío. Nos falta ponernos en los zapatos de cada uno de estos más de un millón de niñas y niños que sufren la pobreza y falta de oportunidades”.

Por su parte, la profesora Verónica Figueroa Huencho señaló que “en las últimas décadas hemos asistido a una masificación de la educación superior, pero esa masificación no necesariamente coincide o tiene un correlato con una mayor justicia social. Más bien lo que vemos es que hoy día tenemos estudiantes que pueden acceder, pero que no se hace con criterios de justicia educativa”. Por otra parte, señaló que la gratuidad ha dado una respuesta a estas desigualdades, pero no necesariamente ha resuelto la necesidad de mayor equidad o justicia en el acceso a la educación superior. Además, explicó que todavía hay carencias significativas, sobre todo para algunos grupos históricamente excluidos, como -por ejemplo- los pueblos indígenas, que aún presentan dificultades para acceder a la educación superior, lo mismo que las mujeres. Si bien estas, indicó la ex subsecretaria de Educación Superior, han aumentado su participación en las universidades, sigue siendo “en carreras altamente feminizadas y con carreras o profesiones vinculadas al cuidado”.

La actividad se realizó este lunes 3 de julio en el Salón Domeyko de la Casa Central de la Universidad de Chile, espacio al que concurrieron autoridades como la Rectora Rosa Devés y la Prorrectora Alejandra Mizala.

Por último, la académica de la Facultad de Gobierno observó que “la discusión respecto del derecho a la educación, y particularmente la educación superior, es algo en que el anteproyecto de Constitución, en particular el artículo 22, queda cojo en cómo pensamos -en primer lugar- una educación que se hace cargo de una distribución que todavía es injusta en un acceso desigual; que no considera las trayectorias, los orígenes, la procedencia, sino que más bien muchas veces tiende a replicar esas discriminaciones e injusticias. Y también cómo pensamos el rol del Estado y de la educación pública, y -sobre todo- de las instituciones estatales en esa contribución a la justicia social”.

Sylvia Eyzaguirre, investigadora del Centro de Estudios Públicos, indicó que “el primer punto que quiero destacar de este anteproyecto constitucional es que es una Constitución que es habilitante para la diversidad democrática que existe en Chile. En materia de educación, esta Constitución resguarda el derecho a la educación y el deber del Estado de promover y coordinar la educación. Sin embargo, según mi interpretación, no impone un modelo único, ni siquiera consagra a nivel constitucional la prohibición mixta financiada por el Estado. Eso no está en la Constitución (…). El segundo punto tiene que ver con el Chile que queremos y el Chile que somos. Los programas de gobierno son los llamados a convocar a la ciudadanía en torno a un ideal, el cual se materializa no a través de cambios constitucionales, sino a través de nuevas leyes, programas, recursos y financiamiento. Pero incluso entre los programas y la realidad hay una brecha que no depende de la voluntad de los gobiernos, sino de múltiples factores, muchos de ellos fuera de nuestro alcance”.

En este sentido, planteó Sylvia Eyzaguirre, “lo que debemos pedir a la Constitución es que no deje escrito en piedra el Chile que no queremos y, en este aspecto, creo que el anteproyecto cumple con creces”.

El último en intervenir fue el investigador Cristián Bellei, quién manifestó respecto de la discusión sobre educación y el anteproyecto que “la propuesta define la educación de una manera, yo diría, correcta, pero no la actualiza al siglo 21. Es una definición que sigue más o menos los estándares de para qué es la educación y solo agrega alguna referencia a la vida en democracia”. Sobre ese punto, Bellei aclara que esto le “parece muy pobre” y lo ve como una “oportunidad pérdida” para “haber definido la educación más o menos como se la entiende en el mundo contemporáneo”.

Sin embargo, el investigador reconoce “como un gran aporte” que el anteproyecto de la Comisión de Expertos proponga “principios que rigen la educación. Los principios que propone no son los que yo hubiese propuesto, pero sí hay que reconocer que son aquellos principios que se vienen estableciendo en la doctrina para la educación y después se han ido estableciendo también para otros derechos económicos y sociales”.

Asimismo, valoró el hecho de que la nueva Constitución tenga principios reguladores. «Creo que debió hacerse explícito decir cuál va a ser la encarnación de esos principios (…) algún estatus normativo superior de esos principios. Si me preguntan cuáles yo echo de menos; un principio de justicia, un principio de inclusión, un principio de identidad de género, de interculturalidad, de calidad integral, es decir, principios más propios de nuestro debate y nuestro avance en políticas educativas”.

Próxima jornada

La tercera mesa del ciclo abierto se realizará en la Casa Central de la U. de Chile el lunes 17 de julio, a las 18:00 horas. En esta oportunidad se abordará el tema “Derechos sociales: el debate que se espera”. La cita será moderada por la académica de la Facultad de Comunicación e Imagen y coordinadora de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile, Ximena Póo, y contará con la participación en la discusión de Óscar Arteaga, director de la Escuela de Salud Pública Salvador Allende de la Universidad de Chile; Pilar Moraga, subdirectora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 y académica de la Facultad de Derecho; Yasna Contreras, académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile; y Patricia Silva, abogada y directora Nacional del Trabajo.

Todos los foros del “Ciclo Abierto Universidad de Chile y sus diálogos constituyentes: Por una Constitución de todos y todas” serán transmitidos por los Media Partners: Cooperativa, Radio U de Chile y Uchile TV.

Para quienes deseen asistir de forma presencial, las inscripciones se encuentran disponibles en https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYAhwv5QcwvtB60GUDrxGyotiXx1gXdMyjaq9gUtk1CooeBw/viewform

114 Audiencias Públicas del Proceso Constitucional recibió la Universidad de Chile

Category: #ProcesoConstitucional, Participación Tags: constitucional, proceso, uchile

Ciudadanas y ciudadanos de todas las edades y con diversas propuestas llegaron hasta la Universidad de Chile, a su Casa Central y sus campus Beauchef y Andrés Bello (Facultad de Derecho y Facultad de Gobierno), para participar en las Audiencias Públicas realizadas durante el viernes y sábado recién pasados. La jornada doble, organizada por la Secretaría de Participación Ciudadana, totalizó 846 presentaciones a nivel país, de las cuales 114 se realizaron en la Casa de Bello.

La U. de Chile abrió sus puertas para recibir a 114 personas que solicitaron Audiencias Públicas, uno de los cuatro mecanismos de participación ciudadana del proceso constitucional en curso. Estas instancias se desarrollaron en dos jornadas, el viernes 30 de junio y sábado 1 de julio, y en la Universidad de Chile los espacios dispuestos para este fin fueron la Casa Central, y los campus Beauchef y Andrés Bello (Facultad de Derecho y Facultad de Gobierno).

La realización de las Audiencias Públicas fue organizada por la Secretaría de Participación Ciudadana, que une a la U. de Chile y a la U. Católica, en colaboración con universidades acreditadas de todo el país y otras instituciones y entidades de la sociedad civil, colaboración que permitió el desarrollo de casi 850 Audiencias Públicas a nivel nacional concretadas durante el fin de semana. Este trabajo será sistematizado para que las voces de quienes participaron en esta instancia puedan ser parte del debate constitucional.

Derechos ambientales, patrimonio cultural, identidad de género, educación pública, y libertad de religión y enseñanza fueron algunos de los temas que se abordaron en las Audiencias Públicas. Entre las exposiciones realizadas en los distintos campus de la Universidad de Chile, estuvo la de la Rectora Rosa Devés, titulada “Educación Pública para Chile”, donde la máxima autoridad del plantel abordó la necesidad de que en la nueva Constitución se garantice la existencia de una robusta red de establecimientos estatales que provean educación pública, laica, pluralista y de calidad, articulada en todo el territorio nacional y niveles de enseñanza.

“Como Secretaría de Participación Ciudadana estamos, desde la Universidad de Chile, participando en este momento tan importante en que la ciudadanía tiene la posibilidad de concurrir, ya sean personas u organizaciones, a presentar su visión del texto constitucional durante diez minutos. Hemos acogido todas las solicitudes de audiencia que se han presentado desde la Secretaría”, señaló la Rectora Devés. Añadió, en esta línea, que al abrir sus puertas la U. de Chile se ha hecho parte de este proceso no solo como coordinadores, sino que también como una institución que escucha a los y las ciudadanas. “Estamos con un equipo muy dedicado y con mucho compromiso. Son días de fiesta para la democracia, importante para el futuro de nuestro país”, agregó.

«Es fundamental que en la nueva Constitución se garantice la existencia de una robusta red de establecimientos estatales que provean educación pública, laica, pluralista y de calidad, articulada en todo el territorio nacional y niveles de enseñanza», dijo la Rectora Devés.

A través de estas Audiencias Públicas, organizaciones de la sociedad civil o personas individuales presentaron sus puntos de vista sobre alguna parte del articulado del anteproyecto al Consejo Constitucional con exposiciones de 10 minutos, presenciales o en línea. De hecho, algunas fueron realizadas por chilenas y chilenos residentes en otros países. Estas se desarrollaron frente a una cámara que grabó cada alocución, cuyo registro quedó en una plataforma de acceso público, el canal de Youtube de la Secretaría de Participación Ciudadana. Las salas de la Universidad dispuestas para estas exposiciones contaron, además, con un ministro de fe y un operador audiovisual para que quedara todo registrado de forma correcta y sea analizado lo mejor posible.

En cada campus, participaron académicos, académicas y autoridades del plantel como ministros de fe y también como expositores. Funcionarias y funcionarios de la Casa de Bello también se sumaron a las jornadas democráticas, así como estudiantes y toda la comunidad universitaria. En la Facultad de Gobierno, cuatro docentes realizaron la tarea de ministros/as de fe: Isabel Castillo, Marcel Aubry, Sergio Galilea y Jhonathan Castro, quienes recibieron a 31 personas. En tanto, la Facultad de Derecho recibió casi 50 audiencias públicas solicitadas por la ciudadanía, en las que participaron las profesoras Paula Ahumada, Constanza Núñez y los profesores Álvaro Fuentealba y Miguel González como ministros/as de fe.

Análisis con inteligencia artificial

El paso siguiente es sistematizar todas las presentaciones mediante inteligencia artificial (BigData) para establecer las grandes tendencias expresadas. Ese análisis se va a transformar en un primer informe de Audiencias Públicas que se va a entregar el 21 de julio al Consejo Constitucional, para que también pueda ser incidente en el proceso de elaboración de las normas del proyecto de nueva Constitución.

La profesora de la Universidad de Chile, Claudia Heiss, encargada de este mecanismo en la Secretaría de Participación, detalló los pasos a seguir: “Este informe va a contener los datos, las cifras de las audiencias que se hicieron, los temas tratados, las principales orientaciones de los temas procesados por una máquina, digamos, todo lo que pueda determinar este sistema usando inteligencia artificial”. Posteriormente, agregó, «nosotros, desde la Secretaría, le vamos a entregar ese mismo informe con toda la información de las audiencias y con los respectivos videos a 30 expertas y expertos que van a hacer un informe más cualitativo con los diez principales temas que se hayan abordado, el que irá firmado con su nombre y su afiliación institucional. Son, en general, académicos y académicas, principalmente del área del Derecho Constitucional y de otras áreas relacionadas”, agrega la académica.

Por último, si bien ya no es posible solicitar una Audiencia Pública, todavía puedes expresarte sobre el texto constitucional a través de la Consulta Virtual, Diálogos Autoconvocados y/o apoyando hasta 10 Iniciativas Populares de Norma.

Visita www.quieroparticipar.cl y que se escuche tu voz.

Tag: proceso