Encuestas recientes hablan del cansancio de la gente con el tema constitucional. No podría ser de otra forma. Nos hemos embarcado ya en tres intentos de reemplazar la Constitución de 1980. En el gobierno de Michelle Bachelet 200 mil personas participaron en encuentros locales autoconvocados, cabildos y consultas, pero el proyecto de ley para reemplazar la Constitución no tuvo tramitación en el Congreso.
El segundo proceso, bastante más dramático, surgió del estallido social de octubre de 2019 y el acuerdo político para convocar a la Convención Constitucional. Entre 2019 y 2022, la conversación constitucional se tomó espacios vecinales, municipales, escolares, universitarios. Miles de personas y organizaciones sociales quisieron hablar a la Convención. Las solicitudes de audiencia se estiman entre 6 y 8 mil, pero a pesar de sesiones maratónicas, las y los convencionales sólo lograron escuchar a poco más de 1.500 de esas personas y organizaciones. Dos plebiscitos y una elección se sumaron entonces al calendario electoral de rutina. Y vino, además, la pandemia y el recrudecimiento de graves problemas económicos y sociales.
Cada uno de esos procesos se inició porque el fracaso del anterior mostró, tarde o temprano, que el problema constitucional seguía sin resolver. En 2023 hemos iniciado el tercer intento, con la Comisión Experta que elabora el anteproyecto y la elección del Consejo Constitucional del 7 de mayo. Si prospera, este nuevo proceso podría establecer la Constitución que nos va a regir por varias décadas. Su legitimidad emana, en primer lugar, de dos procesos electorales: el de ayer domingo y un plebiscito de salida el 17 de diciembre.
Votar no es la única forma que tienen las personas de hacer oír su opinión. El acuerdo político de este nuevo proceso incluyó una Secretaría Ejecutiva de Participación que busca, a través de las universidades del país, amplificar la escucha a todos quienes quieran pronunciarse sobre la propuesta de la Comisión Experta.
Para cumplir ese objetivo, se han habilitado cuatro mecanismos: consultas ciudadanas, diálogos grupales, iniciativas populares de norma y audiencias públicas. Estas cuatro formas de recoger opiniones estarán abiertas durante un mes, entre el 7 de junio y el 7 de julio. Luego se sistematizarán en un informe que se entregará al Consejo Constitucional y a la ciudadanía a finales de julio. Además, en abril pasado la Secretaría Ejecutiva entregó a la Comisión Experta un resumen de la participación en los dos procesos anteriores.
Estamos cansados, pero puede que esta sea la última oportunidad de hacer escuchar la voz ciudadana en el debate constitucional. Para quienes ya lo han hecho dos veces, bien vale la pena un último esfuerzo por incidir en el texto.
«Nuestra Casa de Estudios está involucrada en esta tarea por mandato constitucional y nuestra responsabilidad es posibilitar los mecanismos a través de los cuales se escuche la diversidad de voces existentes en nuestro país», enfatiza el secretario ejecutivo de Participación Ciudadana, Claudio Troncoso.
En participación ciudadana, no partimos de cero”. Este fue el nombre de la instancia donde la Secretaría de Participación Ciudadana, encabezada por la U. de Chile y la U. Católica, entregó el informe que recopila seis años de participación ciudadana a la Comisión Experta del proceso constitucional 2023. «Tenemos el más profundo convencimiento de que las voces de la ciudadanía son un elemento central en el diseño político de un país y que la inclusión de esta perspectiva en la nueva Constitución es un condicionante de legitimidad esencial”, sostuvo la Rectora Rosa Devés en la jornada que tuvo lugar en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) del Parque Forestal.
Este lunes 10 de abril, la Secretaria de Participación Ciudadana, encabezada por la Universidad de Chile y la Universidad Católica, presentó a la Comisión Experta del Proceso Constitucional un documento que recopila la información sobre los 52 cabildos, diálogos, consultas ciudadanas y diversos encuentros que se han realizado en nuestro país durante los últimos años. El informe, que recoge los procesos de participación ciudadana desplegados desde 2016 a la fecha, fue entregado de manos de los rectores Rosa Devés e Ignacio Sánchez a Verónica Undurraga, presidenta de la Comisión Experta del Proceso Constitucional 2023.
El documento elaborado por la Secretaría de Participación Ciudadana busca enriquecer la propuesta de texto que emerja de la Comisión Experta, considerando las demandas expresadas por la ciudadanía en procesos participativos previos. En el marco de este proceso, además, se desarrolló una instancia de diálogo con integrantes de 58 organizaciones de la sociedad civil, que incluyó la difusión de los mecanismos de participación del proceso constitucional.
En esta línea, la Rectora Rosa Devés enfatizó la importancia de incorporar las voces de la ciudadanía en la discusión constitucional. “No es posible concebir que una Constitución se escriba sin escuchar y considerar la voz del pueblo al cual debe representar. Tenemos el más profundo convencimiento de que las voces de la ciudadanía son un elemento central en el diseño político de un país y que la inclusión de esta perspectiva en la nueva Constitución es un condicionante de legitimidad esencial”, sostuvo la máxima autoridad de la Casa de Bello.
«La participación ciudadana es necesaria para encauzar armónicamente y dar respuesta institucional a las demandas sociales y para incorporar en la conversación a las voces que históricamente han sido excluidas de la discusión pública», agregó la Rectora Devés.
Por su parte, el Rector Ignacio Sánchez destacó el compromiso de las universidades en este proceso participativo. “Nuestros equipos han estado trabajando desde enero organizando todos los mecanismos de participación ciudadana, presentando en el Consejo de Rectores, con las universidades privadas acreditadas, articulando al sistema universitario de Arica a Punta Arenas para poder llevar a cabo esta gran tarea que es potenciar la participación ciudadana de todo el país”, señaló.
Destacó, asimismo, que “el compromiso nuestro ha sido escuchar, recibir la información y traspasarla para que los expertos, expertas y el Consejo Constitucional la conozcan”.
La presidenta de la Comisión Experta, Verónica Undurraga, se refirió a la recepción de este informe. “No estamos empezando de cero. Estamos conscientes de que muchas organizaciones de la sociedad civil y muchas personas participaron con gran esfuerzo y con excelentes ideas en los procesos constituyentes anteriores y eso se ha sistematizado, y la Comisión Experta y después el Consejo van a trabajar con estas ideas de la ciudadanía”, afirmó.
El informe contempla también la sistematización de los Círculos Territoriales realizados por Hogar de Cristo, que contaron con una participación de más de 25 mil personas. Felipe Expósito, jefe de estudios de la fundación expresó que valora profundamente “que se tome en cuenta no solamente el proceso actual de participación, sino el proceso que se inició el año 2016, y que sea un insumo para contribuir a una Constitución que tenga una alta legitimidad y una mayor participación”.
Diálogo con organizaciones sociales
En una primera instancia, la jornada denominada “En participación ciudadana, no partimos de cero” contempló una presentación hacia las organizaciones realizada por los secretarios ejecutivos, Claudio Troncoso e Ignacio Irarrázaval, donde se informó sobre los diversos mecanismos a través de los cuales la ciudadanía podrá participar en el proceso constitucional 2023.
Pacto Niñez, Fundación Tremendas, Ciudadanía Inteligente, Conecta Mayor, Hogar de Cristo, Fundación Grandes, Fundación Iguales, ComunidadMujer, Fundación educacional ALMA, ONG FIMA, CEUS Chile, Elige Educar, UNICEF y Tenemos que hablar de Chile fueron algunas de las organizaciones que fueron parte de esta jornada, quienes señalaron tener un especial interés en generar instancias de participación para grupos excluidos durante el mes de participación que se iniciará el 7 de junio.
El proceso constitucional 2023 está en pleno desarrollo y la Secretaría de Participación Ciudadana (SPC), encabezada por la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica, está trabajando en la próxima implementación de los cuatro mecanismos participativos. En esta entrevista, la abogada, investigadora, directora de Extensión de la Facultad de Derecho de la U. de Chile y responsable de Formación de la Secretaría, sostiene que esta área puede movilizar a la ciudadanía, ya que se relaciona directamente con la incidencia que esta puede tener en la propuesta de Constitución.
“La ciudadanía se encuentra completamente desconectada del proceso. Las últimas encuestas sobre el tema dan cuenta de ello, lo que se confirma en cualquier conversación informal que se sostenga en círculos sociales, laborales, e incluso en el ámbito académico”. Así comienza su análisis sobre la participación ciudadana en el proceso constitucional 2023 Cecilia Domínguez, abogada y responsable de Formación en la Secretaría de Participación Ciudadana, entidad mandatada por la Constitución para canalizar la voz de ciudadanos y ciudadanas en este nuevo proceso.
«La formación ciudadana motiva la participación relacionándola con un mecanismo concreto y con la incidencia que este puede tener en el proceso y, más importante, en el texto de propuesta de Constitución», enfatiza Cecilia Domínguez, encargada de Formación de la Secretaría de Participación Ciudadana.
En esta entrevista, la académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile sostiene que “la única forma de revertir la desmotivación es a través de una difusión y formación ciudadana intensa, no solo por medios digitales, sino también a través de actividades presenciales territorialmente dispersas. Por eso es tan importante contar con el trabajo de las universidades y de las organizaciones de la sociedad civil, pues estas se encuentran conectadas con la ciudadanía y sus preocupaciones”.
– ¿Por qué la formación ciudadana puede ayudar a movilizar a las personas hacia los mecanismos de participación?
Difundir el proceso en términos teóricos no compromete ni interpela a participar. La formación ciudadana motiva la participación relacionándola con un mecanismo concreto y con la incidencia que este puede tener en el proceso y, más importante, en el texto de propuesta de Constitución. Su enfoque práctico y contextualizado moviliza los recursos que ya existen en la ciudadanía y es por eso que puede facilitar la participación de quienes están comprometidos con esta transformación.
– ¿En qué etapa se encuentra el cronograma de la Secretaría de Participación?
La Secretaria se encuentra afinando el funcionamiento de cada uno de los mecanismos de participación, de forma tal que las plataformas necesarias estén listas cuando comience el proceso de participación: el 7 de junio. Además, se está trabajando intensamente en generar alianzas con las universidades y organizaciones de la sociedad civil para alcanzar la presencia territorial requerida para que toda persona que quiera participar pueda hacerlo. Por último, también se están planificando diferentes actividades y acciones comunicacionales para informar sobre el proceso y facilitar la formación de la ciudadanía.
– ¿Existe algún mecanismo vinculante?
No existen mecanismos vinculantes, lo que se explica por su diversidad y la diversidad de resultados que podrían generar. Por ejemplo, podríamos tener dos iniciativas populares de norma contradictorias, una que promueve únicamente la salud pública y otra que establece un sistema únicamente privado ¿cómo conciliaríamos dos iniciativas si ambas fueran vinculantes? Sería imposible. No obstante, informadas las iniciativas oportunamente en el debate y redactadas ambas como indicaciones prolijamente construidas, ambas deberán ser consideradas por el Consejo Constitucional, que deberá hacerse cargo del sentir de la ciudadanía, ya sea conciliando ambas o justificando lo que los y las representantes decidan no incluir en el texto. Lo mismo ocurre respecto de los resultados que arrojen los otros mecanismos de participación.
– A muchas personas les parece poco el tiempo para participar, ya que ocurrirá entre el 7 de junio, cuando se tenga el anteproyecto, y se cerrará el 7 de julio ¿Por qué está estimado así?
No podría contestar porque quienes llegaron al acuerdo de diciembre estimaron que esa era la fórmula más adecuada. Sin embargo, la Secretaría está funcionando antes de esos plazos por lo que desde mayo informará del anteproyecto en el momento que el debate se enfríe, lo que ocurrirá varias semanas antes del 6 de junio. De esta forma, la ciudadanía podrá conocer lo que se ha regulado respecto de temas de su interés y el 6 de junio solo verá una actualización de esa información. De esa manera, la Secretaría intentará contrarrestar lo apretado de los plazos establecidos en el cronograma.
– ¿Cuál es el paradigma de la formación ciudadana con el que trabaja la SEPC?
A diferencia de la educación cívica, el paradigma de la formación ciudadana persigue la participación incidente, no solo informando sobre el proceso, sino que educando en las competencias y habilidades necesarias para participar de forma incidente y oportuna.
– ¿Cuáles son esas competencias y habilidades a trabajar en el proceso constitucional que estamos viviendo?
Dependen de cada mecanismo, pues en su diversidad tienen diferentes aproximaciones al texto del anteproyecto. Si bien todos requieren competencias de análisis crítico, hay diferencias concretas de un mecanismo a otro. Por ejemplo, las audiencias públicas requieren competencias de síntesis y expresión oral y corporal, considerando que son orales y se realizan en cortos períodos de tiempo. La iniciativa popular de norma requiere cierto conocimiento de técnica legislativa, sistematización de un texto complejo como el anteproyecto y de manejo comunicacional para conseguir la cantidad de firmas que requiere su consideración. Los diálogos representativos o autoconvocados requieren de competencias dialógicas necesarias para conversar con personas que tienen posiciones divergentes sobre el texto y, por supuesto, de expresión oral. Por último, la consulta requiere de competencias de comprensión lectora y expresión escrita que permitan comprender las preguntas y escribir opiniones. Estas y otras competencias y habilidades se promoverán en el período previo al que los mecanismos entren en funcionamiento.
– ¿Qué temas son los que la formación ciudadana instalará en este tiempo?
Formación ciudadana se enfocará en formar sobre el proceso constitucional y el estado del debate; el itinerario de los mecanismos de participación y su funcionamiento; así como los elementos que favorezcan que la participación a través de los mecanismos sean escuchados e incidan en el debate constitucional.
– ¿Cómo se podrá incidir en este proceso?
Incidir dependerá de dos factores: el nivel de concreción de la propuesta que se hace al texto. Por ejemplo, que la audiencia pública no trate de un tema en términos teóricos, sino que se vincule directamente con una parte del articulado promoviendo un cambio en particular. Y la oportunidad en que los resultados del proceso se entreguen a los consejeros y consejeras constitucionales. El primer factor depende de la ciudadanía y su realización será promovida por la Secretaría y el segundo depende únicamente de la Secretaría que se propone entregar los resultados lo más oportunamente posible. Cumplidos estos dos elementos, la incidencia se traduce en la consideración seria y comprometida de estos resultados por los consejeros y consejeras en el debate constitucional. Eso no significa que deben hacer lo que las propuestas ciudadanas indiquen, pero sí los obliga a considerarlas y justificar las decisiones que sean tomadas.
– ¿Cuáles son las oportunidades que ofrece el actual proceso constitucional?
El proceso considera cuatro mecanismos de participación, todos los cuales tendrán lugar entre el 7 de junio y el 7 de julio. Las audiencias públicas, que se realizarán frente al Consejo o en las Universidades acreditadas. En ellas, cualquier persona puede hablar respecto de temas relacionados con el anteproyecto durante 10 minutos y los resultados serán sistematizados y entregados al Consejo. Las iniciativas populares de enmienda, que se presentan respecto de los artículos del anteproyecto, proponiendo una modificar, suprimir o agregar contenido a una norma. Cualquier persona puede presentar una iniciativa popular de enmienda, pero requiere 10.000 firmas, de cuatro regiones distintas, para que sea tratada en el Consejo Constitucional. La Consulta, que es un tipo de encuesta, pregunta a la ciudadanía respecto del grado de apoyo o rechazo al texto del anteproyecto. Y, por último, están los diálogos representativos y autoconvocados. Los primeros se organizarán por la Secretaría invitando a la ciudadanía a participar, mientras que los segundos pueden ser convocados por cualquier persona, colectivo u organización y sus resultados deben ser enviados a la Secretaría para ser enviados al Consejo Constitucional.
Este martes 7 de marzo, la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica pusieron en marcha esta iniciativa a partir de la cual se desplegarán los cuatro mecanismos de participación planteados para la redacción de una nueva Constitución: audiencias públicas, iniciativa popular de norma, diálogos abiertos y consulta ciudadana.
Este martes 7 de marzo, la Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, junto al Rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ignacio Sánchez, cumpliendo el mandato constitucional instituido en la Ley 21.533 de reforma constitucional, instalaron formalmente la Secretaría de Participación Ciudadana, instancia encargada de desarrollar las herramientas de participación para el proceso constituyente que se realizará este año. Acompañados de rectores y rectoras de diversas casas de estudio y una gran diversidad de organizaciones, representantes de los órganos constituyentes, comunidades universitarias y autoridades de diversos órganos y niveles del Estado, las autoridades presentaron a los integrantes que conducirán este espacio.
La inauguración, realizada en el Centro Cultural Gabriela Mistral, tuvo una masiva convocatoria y contó con la participación del presidente del Senado, Álvaro Elizalde; la ministra de Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá; la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Silvia Díaz; la presidenta de la Comisión Experta del Proceso Constitucional, Verónica Undurraga; la directora de la División de Organizaciones Sociales, Javiera Hausdorf; la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz; la directora de Presupuestos, Javiera Martínez; y Felipe Mella, director del Centro Cultural Gabriela Mistral.
En la ocasión, los secretarios ejecutivos de la Secretaría Técnica de Participación Ciudadana –Ignacio Irarrázaval, en representación de la Universidad Católica, y Claudio Troncoso, por la Universidad de Chile- informaron los cuatro mecanismos previstos para el proceso y su funcionamiento (audiencias públicas, iniciativa popular de norma, diálogos abiertos y consulta ciudadana) y dieron a conocer al equipo encargado de desarrollarlos con la colaboración de las universidades regionales.
Además, la Secretaría de Participación Ciudadana está trabajando en la sistematización de los procesos participativos realizados en nuestro país desde 2016 en adelante, para luego entregar esta información al Comité de Expertos y del Consejo Constitucional como un insumo relevante. Asimismo, la Secretaría tiene a su cargo un proceso de formación ciudadana.
“Siempre que se trata de la adopción de decisiones públicas en una sociedad democrática, la participación ciudadana es una condición de legitimidad, y muy especialmente en el caso de un proceso constituyente que deriva de un movimiento social, y que debe definir normas de convivencia representativas de los anhelos de una sociedad que busca reconocer derechos fundamentales. Esta participación debe resguardar los principios de respeto, diálogo y comprensión mutua que se requieren en una sociedad plural para construir mínimos compartidos y definir una ruta común. Las universidades pondremos a disposición nuestras capacidades, fundadas en los valores de la pluralidad y el respeto por la evidencia que orientan la labor académica, para aportar a un proceso que logre alcanzar puntos de encuentro y posibilite la adopción de acuerdos estables”, señaló la Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés.
Rosa Devés, rectora de la Universidad de Chile, destacó que la participación es condición de legitimidad
Por su parte, Ignacio Sánchez, Rector de la Pontificia Universidad Católica, sostuvo que “el rol de las universidades en esta Secretaría de Participación Ciudadana es fundamental y desde la UC pondremos nuestro foco en lograr un diálogo lo más transversal y abierto posible. Tenemos la experiencia del proceso constitucional recién pasado y la tarea de motivar nuevamente a la sociedad en la construcción de una carta magna para Chile. En esta etapa, queremos poner sobre la mesa los temas en discusión y trabajar de manera integrada con universidades de regiones, estatales, no estatales, de distintos ámbitos, laicas y católicas. El aporte desde un sistema robusto, con reflexión y colaboración activa entre sus pares, le hace muy bien al país”.
La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, invitada a esta ceremonia de instalación en representación del Poder Ejecutivo, agradeció a quienes coordinarán este proceso. “Este no es un esfuerzo que estemos partiendo de un precedente fácil. Estamos partiendo de un fracaso. Estamos partiendo de un distanciamiento ciudadano de lo que significa este camino que hemos trazado y quienes encabecen este rol, quienes sean de alguna manera los que abran esa puerta para que la ciudadanía tenga parte de este proceso, no es irrelevante quienes sean. Es fundamental que su credibilidad, prestigio, reconocimiento respecto a los intereses que los movilizan y la razón por la cual están cumpliendo ese rol sea incuestionada. Creo que la decisión de que sean ambas universidades las que asuman ese rol es una de las primeras decisiones que este proceso está teniendo y agradecer que hayan aceptado esta invitación es algo muy importante”.
Claudio Troncoso, secretario ejecutivo por parte de la Universidad de Chile, enfatizó los objetivos de la Secretaría de Participación Ciudadana: “facilitar el proceso de participación, promover la visibilidad de las distintas realidades regionales y de grupos diversos en un tiempo acotado, además de favorecer las condiciones para que el resultado de la participación sea considerado en el debate constitucional. Esto, para ser fiel al mandato constitucional que mandata a ambas universidades para diseñar, coordinar, implementar y sistematizar los mecanismos de participación ciudadana”.
Por su parte, el secretario ejecutivo por parte de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ignacio Irarrázaval, enfatizó que “la participación ciudadana es fundamental para darle legitimidad al proceso constitucional y que realmente logremos integrar la diversidad de miradas y propuestas para que lo que salga del Consejo Constitucional represente a la mayoría de los chilenos y sea un proyecto común. En este sentido, dispondremos de diversos espacios para incidir en enmiendas al anteproyecto de Constitución que entregará el Comité de Expertos, así como nuevos mecanismos de participación que estarán abiertos a toda la ciudadanía sin necesidad de mediación de instancias organizadas: audiencias, diálogos ciudadanos y un proceso abierto de encuesta para llegar a la mayor cantidad de personas posibles a lo largo del país”.
Durante la actividad también se hicieron presentes los rectores Juan Yuz, de la Universidad Técnica Federico Santa María; Elisa Araya, de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación; Marisol Durán, de la Universidad Tecnológica Metropolitana; Rafael Correa, de la Universidad de O’Higgins, entre otros representantes, académicos y académicas de planteles. Desde el mundo estudiantil, en tanto, participaron integrantes del Consejo de Presidentes de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh) y el representante estudiantil del Senado Universitario.
Claudio Troncoso, secretario ejecutivo por parte de la Universidad de Chile, junto a Ignacio Irarrázaval, secretario ejecutivo por parte de la Universidad Católica.
Aporte de las organizaciones de la sociedad civil Este hito, con el que se da inicio a un espacio vital para la participación de las personas en el nuevo proceso constituyente, contó también con la presencia de diversos representantes de organizaciones de la sociedad civil. Octavio del Fávero, director de Ciudadanía Inteligente, señaló que «es fundamental que las organizaciones de la sociedad civil se pongan al servicio de las universidades para que este proceso participativo sea lo más exitoso posible, y así las demandas de la ciudadanía queden definitivamente en el texto constitucional”.
Por su parte, Álvaro Castañón, director de Incidencia Fundación Multitudes, dijo que «valoramos mucho este lanzamiento de la Secretaría. Habíamos tenido conversaciones antes para que las universidades tomaran un rol más proactivo en la Comisión Experta y hemos visto que no solo lo han tomado, sino que también la Comisión Experta ha abrazado este proceso de participación que hoy se perfila con mucha responsabilidad».
Tras la actividad, Alejandra Sepúlveda, presidenta ejecutiva de Comunidad Mujer, afirmó que «en este nuevo proceso constituyente hay que valorar enormemente el involucramiento de las universidades. Yo creo que eso puede ayudar a que la voz de la sociedad civil de las distintas regiones del país realmente llegue a puerto y sea considerada».
«El desafío más importante es poder involucrar a la ciudadanía a que no solamente se motive con este segundo proceso, sino que también se informe, que pueda seguir la discusión, que pueda estar al tanto de las decisiones que se van a ir tomando, quiénes son las personas que van a estar participando», agregó Patricia Díaz, directora ejecutiva de Wikimedia Chile.
Finalmente, Marcela Gilbert de la Jara, desde articulación Ahora Nos Toca Participar, comentó que «creemos que efectivamente la sociedad civil organizada tiene un rol importante de puente con la ciudadanía, sobre todo en un contexto de cierta desafección con este nuevo proceso por cómo va a ser este proceso en el futuro».
Los responsables de guiar los mecanismos de participación ciudadana son: Audiencias Públicas
Claudia Heiss: Periodista de la Universidad de Chile. Profesora asistente y jefa de la carrera de Ciencia Política de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Doctora (Ph.D.) en Ciencia Política, New School for Social Research, Estados Unidos. Master of Arts en Ciencia Política, Columbia University, Estados Unidos.
Cristóbal Tello: Abogado de la Universidad de Chile. Magíster en Estudios del Desarrollo, London School of Economics and Political Science. Subdirector de proyectos del Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Iniciativas Populares de Norma
Rodrigo Gil: Licenciado en Ciencias Jurídicas y abogado de la Universidad de Chile. Master en Arbitraje Internacional. Universidad de California, Berkeley. Profesor de Derecho Civil de la Universidad de Chile. Fue abogado asesor en la Secretaría Técnica de Participación Popular de la Convención Constitucional. 2021-2022.
Alejandra Ovalle: Licenciada en Ciencias Jurídicas, abogada Pontificia Universidad Católica de Chile. Magíster en Derecho Público con mención en Derecho Constitucional, Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesora Asociada Departamento Derecho Público Universidad Católica.
Consulta ciudadana
Flavio Cortés: Sociólogo de la Universidad Católica de Chile, licenciado en Ciencias Sociales en el Instituto Latinoamericano de Ciencias Sociales (Ilades), diplomado en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y Master en Media Studies de la New School University (Nueva York). Director del área Sociedad del Centro de Medición Mide UC.
Alejandro Jofré: Doctor en Matemáticas Aplicadas de la Université de Pau, Francia- Postdoctorado de la Universidad de California. Investigador Principal del Centro de Modelamiento Matemático de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile.
Diálogos ciudadanos
Hernán Hochschild: Ingeniero Civil Pontificia Universidad Católica, Máster en Filosofía The London School of Economics and Political Science. Director Ejecutivo Tenemos Que Hablar de Chile.
Alejandro Jofré: Doctor en Matemáticas Aplicadas de la Université de Pau, Francia- Postdoctorado de la Universidad de California. Investigador Principal del Centro de Modelamiento Matemático de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile.
El pasado 30 de junio, las y los rectores del Consorcio de Universidades del Estado de Chile acordaron poner a disposición del órgano constituyente sus sedes e infraestructura presentes en todas las regiones del país. Posteriormente, luego de la suspensión del inicio de las sesiones debido a inconvenientes técnicos y logísticos, la Mesa de la Convención contactó al Rector Ennio Vivaldi para concretar una visita a la Casa Central de la U. de Chile, la que se concretó en la mañana de este martes 6 de julio en la mañana
Tras una intensa jornada, este domingo comenzó de manera formal el trabajo de las y los 155 constituyentes encargados de redactar una nueva Constitución para Chile. Integrantes de nuestro plantel analizan la importancia de este día que quedará registrado en los libros de historia, así como los significados de la elección de la académica mapuche Elisa Loncon como Presidenta del órgano constituyente.
Documento de libre acceso entrega consideraciones conceptuales y prácticas para la implementación de actividades con niños, niñas y adolescentes que permitan recoger sus opiniones y propuestas e incorporar su visión en la redacción de la nueva Carta Magna. La guía, elaborada por académicos y académicas del Núcleo de Estudios Interdisciplinarios en Infancias de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestro plantel, será enviado a los equipos de trabajo de cada convencional constituyente y tiene la potencialidad de ser adaptado a distintos espacios e instancias para fomentar la participación de la niñez en variados contextos.
«Pilares Orientadores o Consideraciones para el Reglamento Constituyente» es el nombre del documento publicado por UChile Constituyente, que busca generar herramientas y aportes para un diálogo pluralista y participativo en torno a la elaboración del Reglamento que regirá a la Convención Constitucional. La propuesta plantea 10 principios generales que debiesen orientar el debate sobre este tema.
El académico del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Facultad de Humanidades y Filosofía de la Universidad de Chile, Ernesto Águila, analiza la trascendencia política y simbólica que tendrá la instalación formal de la Convención Constitucional. En UChile Constituyente, el analista político cree que existe una gran oportunidad para generar no solo cambios normativos, sino que también un nuevo tipo de comunidad política.
