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Jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República : breve análisis descriptivo

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) – La Contraloría General de la República es un organismo de control de legalidad de los actos de la Administración y de fiscalización de los fondos públicos. Su instrumento tradicional de control de la legalidad ha sido la toma de razón, sin embargo con el tiempo ha ido ampliando sus facultades de control mediante el ejercicio de la potestad dictaminante, comúnmente llamada “jurisprudencia administrativa”. Su posición constitucional y el ejercicio de estas atribuciones las transforman en la institución más importante para el desarrollo del Derecho Administrativo chileno. Las razones que explican esta evolución son diversas. En primer lugar, el aumento de facultades encuentra fundamento en la evolución normativa de la CGR, que gracias a factores históricos y políticos desde su creación hasta el año 1964, influyó en la expansión de potestades, particularmente originando la potestad dictaminante. En segundo lugar, esta evolución también encuentra sustento en la consagración constitucional de 1943, que conjugado a la Toma de Razón de los actos de la Administración, lleva a la CGR a comprender su relevancia respecto al control de legalidad de los actos de la Administración. Además, ante la ausencia de Tribunales de lo Contencioso Administrativo, la CGR se concibió a sí misma como garante del Estado de Derecho. En tercer lugar, la Jurisprudencia Administrativa, con sus características –vinculante, obligatoria, de alcances generales-, genera que la CGR materialice este aumento de facultades, resultando un órgano disciplinador de la Administración. Finalmente, el medio por el cual la CGR interviene, y genera Jurisprudencia Administrativa, es a través del dictamen, que dadas las circunstancias anteriores, ha logrado no sólo interpretar la ley, sino también dirimir ciertos conflictos, e implementar políticas públicas. En síntesis, la potestad dictaminante de la Contraloría cumple tres funciones: Interpretar, adjudicar e implementar. dando sentido y alcance, solucionando controversias y verificando la correcta aplicación de las políticas públicas respectivamente

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